Redacción Canal Abierto | “En los últimos años Argentina viene implementando un giro en su política migratoria. Tanto a nivel normativo como mediante prácticas estatales, el gobierno está tomando medidas que restringen los derechos de las personas migrantes y fomentan la discriminación y la xenofobia”.

Así lo enuncia Amnistía internacional en un comunicado en el cual se solidariza con Vanessa Gómez Cuevas, la mujer de 33 años, peruana, deportada hace dos meses junto a su hijo argentino.

La joven -enfermera y madre de tres hijos pequeños- a principios de febrero de este año ya llevaba quince años viviendo en la Argentina cuando la policía fue a buscarla a su casa. Tres días después, luego de dejarla detenida junto a su hijo de 2 años sin explicaciones, la Dirección Nacional de Migraciones la deportó a su país natal.

Sus hijos mayores quedaron en la Argentina, separados de su mamá. “La mayor está teniendo algunos problemas para hablar en función de esta situación. El más chiquito piensa que su mamá está trabajando y pregunta todos los días cuándo vuelve”, cuenta Juan Villanueva, abogado de la joven.

A días de cumplirse dos meses de su deportación, Amnistía lanzó una campaña bajo el lema “Vanessa debe volver”. La Dirección Nacional de Migraciones debe revertir esta orden, que viola los derechos de los niños según el derecho nacional e internacional, y reunir a Vanessa con sus hijos, según sostienen desde el organismo.

El caso de la joven se inscribe en una política, encabezada por el Ministerio de Seguridad nacional y replicada por los gobernadores de provincias como Jujuy y Chubut, que decidió construir en los inmigrantes el nuevo enemigo público.

En enero de 2017, con  el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, el Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones 25.871 y su Decreto Reglamentario 616/2010. Este cambio – introducido sin debate parlamentario- amplía las razones para impedir o cancelar la permanencia de personas migrantes en el país. Este retroceso normativo viola a su vez el proceso y acceso a la Justicia de personas migrantes y vulnera el derecho a la familia y a la unidad familiar.

De acuerdo a la información provista por Amnistía, en las últimas semanas estas modificaciones llegaron a un punto de extrema gravedad. Tanto este organismo como otras organizaciones sociales reciben denuncias de expulsiones y separación de de migrantes de sus hijos, incluso cuando estos últimos son argentinos.

El caso de Vanessa es uno de los más graves dentro de esta línea. Además, la criminalización de las personas migrantes se vive todos los días. Sin ir más lejos, el viernes pasado una mujer fue detenida por ser extranjera y no tener DNI en una estación de la Línea C del Subte. Cuando las personas allí intentaron ayudarla, la policía los atacó con gas pimienta y represión.

“Habiendo sido Argentina un país reconocido por organismos internacionales especializados como modelo a seguir en materia de políticas migratorias, resulta sumamente preocupante el retroceso que representan las reformas normativas y las estrategias discursivas que está impulsando el Estado. El caso de Vanessa ejemplifica de manera dramática este grave escenario en donde se puede vulnerar el derecho a la vida familiar, a la unidad familiar y el interés superior del niño”, sentenció Amnistía.

Recibí más periodismo de este lado

Nuestros temas