Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y otros organismos de derechos humanos y sindicales anunciaron un nuevo pedido de juicio político al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, por su participación en delitos de lesa humanidad como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) durante la dictadura. Estos nuevos hechos incluyen la desaparición forzada del ciudadano paraguayo Mario Ramírez Medina y el espionaje, infiltración y persecución de exiliados chilenos.

Durante la conferencia realizada en la sede porteña de SerPaJ, Roberto Cipriano, secretario de la CPM detalló los casos: “Uno de ellos en el año 79, la desaparición de Ramírez Medina, y el otro caso, que él mismo lo reconoce, en la primer denuncia que le hicimos hace dos años, que durante ese tiempo como agente de la DIPBA San Martín se había dedicado a censar ciudadano chilenos en el marco del conflicto de Argentina con Chile. En los documentos obrantes queda claro que ese censo en realidad fueron tareas de espionaje sobre  exiliados chilenos, un grupo que se había organizado en Tres de Febrero, y esas tareas generaron la detención de varios de esos ellos”

“Ramírez Medina, detenido en su casa en Villa Pineral y llevado a la Comisaria 1° Tres de Febrero, que fue un CCDT, 30 días después seguía detenido en la comisaria y con informes de Fernández Garello, y poco tiempo después desaparece, está desaparecido hasta ahora, figura en la CONADEP, tenía tres chicos que se quedan solos porque su compañera había fallecido”, completó Cipriano.

Luego fue trasladado a la comisaría 1ª de Tres de Febrero y, ese mismo día, la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró un informe sobre su militancia en el Partido Comunista de Paraguay a partir de información recogida tras el operativo. Ese memorando de inteligencia está rubricado por el sello y firma del comisario Federico Héctor Capurro, 2° Jefe a cargo de la Delegación DIPPBA San Martín, y el entonces oficial ayudante Fabián Uriel Fernández Garello.

Por su parte, el premio Nobel de la Paz y presidente de la CPM Adolfo Pérez Esquivel insistió: “Reclamamos al Procurador y a la Corte provincial, como así también a la Legislatura, la inmediata separación del cargo de Fernández Garello”

“Sobre la impunidad no es posible construir democracia, hay que seguir investigando y pedir que sea juzgado como corresponde”.

El pedido de juicio político se promueve tras el hallazgo de nuevas pruebas del archivo de la DIPPBA, acervo documental que la CPM tiene bajo custodia desde el año 2001.

En el segundo hecho ocurrió entre 1978 y 1981, la delegación San Martín de la DIPPBA coordinó y ejecutó acciones de espionaje e infiltración sobre una familia de ciudadanos chilenos. Estas tareas de inteligencia fueron reconocidas por el propio fiscal Fernández Garello en sus declaraciones ante la justicia, minimizándolas como un simple censo de ciudadanos extranjeros.

“Mi tarea asignada en aquella oportunidad ha sido el relevamiento de ciudadanos chilenos. Llegué a relevar alrededor de cinco mil ciudadanos de aquella nacionalidad sin importar filiación alguna y por la sola circunstancia del conflicto internacional en trance”, había declarado el actual Fiscal General. Sin embargo, los documentos de la DIPPBA presentados a la justicia revelan el verdadero motivo de esa intervención: un minucioso trabajo de inteligencia, seguimiento y persecución político-ideológico de ciudadanos chilenos. Fernández Garello declaró aquella tarea porque no tenía otra opción: en su legajo de empleado policial se dejó constancia de la distinción que le otorgaron por ese trabajo a pedido de su jefe, el comisario Bustos, condenado luego por crímenes de lesa humanidad.

Consultado por Canal Abierto, Cipriano aclaró: “Son hechos diferentes, anteriormente se habían denunciado el secuestro y las torturas de tres militantes y hoy lo que se encontró como documentación, que es prueba muy contundente porque es prueba documental elaborad por la propia policía y por el propio Fernández Garello, es sobre la desaparición forzada y espionaje”

“Es un caso profundamente político, porque es una persona con mucho poder en la actualidad, y por eso hace falta una decisión política muy fuerte y resuelta por parte del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, también de la justicia provincial, y por eso reclamamos a esos poderes que lo desplacen de su función e investiguen este caso. Ya hubo un pedido de juicio que fue archivado por el Frente Renovador y el PRO, pero con estos documentos surgen más elementos para insistir con el pedido de juicio político”.

Otros testimonios de organizaciones firmantes de la denuncia:

  • José Schulman (Liga Argentina por los Derechos del Hombre): “La Liga nació en 1937, en la solidaridad con la república española en lucha contra el fascismo, esto es parte de nuestra historia,  y esta cultura que fue tan estigmatizada, que aparezca como una cultura de resistentes contra la dictadura es muy importante, para que se cuente la verdad y se sepa quiénes fueron estos compañeros perseguidos”
  • Paula Litvacky (CELS): “El Estado nacional y provincial deberían estar acompañando, no alcanza solamente con no interferir en los juicios, esto es parte de la discusión de cómo se construye una sociedad democrática, la depuración del Estado no debe terminar nunca, en la medida que uno identifica una persona que fue parte del engranaje del terrorismo de Estado hay que discutir su apartamiento”.
  • Pablo Abramovich (Asociación Judicial Bonaerense): “Somos firmantes de la primera denuncia, no hubiera posible el genocidio sin una complicidad fuertísima del poder judicial, decimos esto no solamente porque hubo centenares de jueces que por temor o por convicción desestimaban habeas corpus que pedían familiares y organizaciones, sino también porque denunciamos que hubo una acordada de la Suprema Corte de la Provincia (que recién se derogó en 2006) que le recomendaba a las fuerza no pedir informes  a las reparticiones de la FFAA en relación al paradero de los desaparecidos, es decir que no eran casos puntuales sino una estructura del poder judicial al servicio del terrorismo de Estado.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció estos dos hechos y se presentó como querellante en la causa que tramita en el Juzgado en lo criminal y correccional 2 de San Martín y que investiga los crímenes cometidos en la entonces jurisdicción del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. En esa misma causa, el actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otros miembros de la DIPPBA—San Martín ya están denunciados por la participación la detención de tres militantes comunistas en 1981 y apremios ilegales contra otro, en 1982.

“Es un caso profundamente político, porque es una persona con mucho poder en la actualidad, y por eso hace falta una decisión política muy fuerte y resuelta por parte del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, también de la justicia provincial, y por eso reclamamos a esos poderes que lo desplacen de su función e investiguen este caso».

La denuncia contra Fernández Garello toma particular importancia en el contexto actual. Tal como se desprende de la causa D’Alessio, que está investigando el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, el espionaje ilegal sigue operando en democracia y pone en jaque los cimientos del Estado de derecho.

Condenar las acciones de espionaje realizadas en tiempos de dictadura y a sus responsables resulta fundamental para poder dar un debate serio y profundo sobre el rol de la inteligencia en la actualidad. Mientras la condena de los hechos del pasado no sea ejemplar, la sociedad argentina vive en un permanente riesgo de debilitamiento porque se propician condiciones para que la inteligencia ilegal prolifere y se consolide como un verdadero aparato paralelo que socava el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

El juicio político fue pedido, además de la CPM, por los siguientes organismos: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales, Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Comisión de familiares amigos y ex compañeros de Ana María Martínez, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Mar del Plata, Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Federación Judicial Argentina (FJA), Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA-A), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo—Línea Fundadora. También acompañan el pedido miembros del Club Atlético Deportivo Paraguayo y los hermanos Boris y Dimitrov Casanova Chávez, una de las familias de exiliados chilenos que fueron perseguidas por la DIPPBA y que integraban en aquel momento el club Unión Chile Argentina.

*Con información de Andar Agencia

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