Por Carlos Saglul | Roberto Cipriano es secretario de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, el organismo que estudió y dio su informe sobre el enorme material de inteligencia encontrado en poder de Marcelo  D Alessio durante los allanamientos ordenados por el juez Alejo Ramos Padilla. 

El abogado, con una amplia experiencia en torno al tema y la defensa de los derechos humanos se refirió al “genocidio por goteo” que sufren los pobres en la Argentina, a un “Estado criminal” que queda al desnudo en esta causa cuyas instancias no dejan dormir al gobierno y gran parte del Poder en Argentina.

– ¿Cual fue es el trabajo de la Comisión Provincial de la Memoria en la causa que lleva adelante el  juez Ramos Padilla?

Hicimos el informe pericial sobre toda la documentación obrante en la causa. El juez nos convocó en base a la experiencia de la Comisión. Desde hace 20 años custodiamos los archivos de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre la década del cincuenta y el año 1998. En los noventa, cuando se descubrieron, estos archivos nos fueron entregados para su digitalización, investigación y apertura. La DIPA (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) era uno de los organismos de espionaje más grandes de la Argentina. Además como funcionaba en coordinación con los demás servicios de inteligencia nacionales, nos permite ver el funcionamiento integral de la Inteligencia en nuestro país.

-En base a esa experiencia y lo que han analizado, ¿podemos sospechar que estamos ante “servicios de inteligencia privatizados”, que como suele suceder se desmadraron sin ningún control hacía todo tipo de delitos?

No podemos hablar sobre el informe, menos sobre el material porque es una responsabilidad adquirida ante el juez Ramos Padilla. Sí es claro que estamos ante una red de espionaje ilegal que trabaja con información de organismos estatales y extranjeros.

Todo el tiempo hay nuevas declaraciones. Hay mucho material que no tenemos…

-Una vez más, desde su lejano inicio, vemos que la democracia está lejos de llegar a los servicios de inteligencia…

Hay nichos muy importantes de autoritarismo en la Argentina que no han sido tocados. No solamente hay que hablar de los Servicios de Inteligencia. En esta causa se ve que lo mismo pasa  con el Poder Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas.

La impresión que uno tiene es que hay una política de Seguridad destinada a penalizar la pobreza y el control social…

No es de ahora que hay una política criminal selectiva dedicada a los sectores más empobrecidos de la sociedad. El gobernador Carlos Ruckauf  inauguró en la provincia de Buenos Aires una política que fortalece el poder de fuego de la Policía que no es otra cosa que licencia para matar. La idea es que a mayor punitivismo, mayor seguridad. Todo esto avalado por  los medios de comunicación hegemónicos que son centrales en la búsqueda de  consenso para estas políticas.

La instauración del punitivismo es responsable de una enorme crisis del hacinamiento en las cárceles, el gatillo fácil. Trae en realidad mayor inseguridad.

-Muchas instituciones cada vez más parecen parte de un  Estado fascista.

Hay una tensión permanente entre el Estado policial y el Estado democrático. Hay sectores que pregonan que dándole más poder al Estado que controla y vigila a todo el mundo, se mete en la vida de las personas, puede manejarse a toda una sociedad. Esa mentalidad está presente como una sombra en la causa de la que hablamos. Te pinchan los teléfonos, pisotean el artículo XlX de la Constitución que garantiza la privacidad de las personas.

Todas estas cosas no surgen de un día para otro. Crecen como una enfermedad. Necesitan de gente que las respalde, generar consensos. Lograr que la población justifique violencia, inclusive muertes evitables como precio a una supuesta mayor seguridad.

-En la dictadura las comisarias de la provincia de Buenos Aires eran campos de concentración, muchas no cambiaron.

El drama se incrementó enormemente en los últimos tres años ya que tenemos 9.000 nuevos presos en el Sistema. Hay 49 mil detenidos en un sistema que tiene 21 mil plazas penitenciarias. Hay 3.100 detenidos en comisarias cuando solo hay 1000 camastros.

En el Sistema Federal que se mantenía estable, todo se desmadró en los últimos tres años con la aplicación de la Ley de Ejecución Penal y el Proceso de Flagrancia. Pasamos de tener diez mil detenidos a catorce mil. El sistema está colapsado en su totalidad.

Como si fuera poco, tenemos un problema estructural que es la tortura institucionalizada. La gente es apilada sin agua, con cloacas reventadas. Se la controla con la tortura y el terror.

El proceso de Flagrancia, la ley de Ejecución Penal permitieron que cada vez haya más presos pero al tiempo que se trata de mantenerlos lo más posible entre rejas. Por el procedimiento de Flagrancia se detienen pobres desesperados que roban algo para comer, delitos pequeños. La otra ley, dificulta que puedan salir en libertad condicional. Te dejan en libertad solo con toda la pena cumplida.

Lo terrible es que hay un cambio de paradigma. Antes se metía presa a la gente para rescatarla socialmente. Ahora se busca la seguridad del ciudadano teniendo al que cometió un delito aunque sea menor, el mayor tiempo posible tras las rejas.

«El drama se incrementó en los últimos tres años ya que tenemos 9.000 nuevos presos en el Sistema. Hay 49 mil detenidos en un sistema que tiene 21 mil plazas penitenciarias. Hay 3.100 detenidos en comisarias cuando solo hay 1000 camastros».

-Pareciera que en Occidente cada vez más, la pobreza se intenta solucionar masacrando pobres.

Sí, como un fin anunciado y fatal, estos hacinamientos conducen a tragedias como la Masacre de Esteban Echeverría. En una comisaría bonaerense que la Justicia había clausurado y tenía capacidad para 12 internos, había 26, 10 de los cuales murieron en un incendio. Esto es una política criminal, un genocidio por goteo. Un año antes en la comisaria de Pergamino murieron 7 personas de la misma forma. Hablamos de vidas que no le importan a nadie. Una masacre lenta y sin primeras planas.

Son varios los muertos por día por la policía. Casi nadie tiene en cuenta lo que pasa en los neuropsiquiátricos, donde las estadísticas de muerte son mucho más elevadas que en la cárcel.

– ¿Cómo te impresiona la actitud del gobierno en esta causa que maneja el juez Ramos Padilla y cuya magnitud ustedes conocen? ¿Hasta cuándo puede ocultar que de una u otra manera está implicado?

Se debería esperar que un gobierno democrático, comprometido con las instituciones, actué de otra manera. Es decir, que colaborara con la Justicia.

Debería reflexionar con más tranquilidad. Acá hay dos posibilidades: la primera es que los servicios de Inteligencia están implicados; la otra, es que no están implicados pero desconocían lo que pasó pese a que se pudo poner en riesgo el orden democrático. En cualquiera de las opciones, se está hablando de una crisis enorme de los Servicios de Inteligencia. Lo menos que podría hacer es intervenirlos. En cambio se cierra, amenaza a quien investiga.

«Sí es claro que estamos ante una red de espionaje ilegal que trabaja con información de organismos estatales y extranjeros. Hay sectores que pregonan que dándole más poder al Estado que controla y vigila a todo el mundo, se mete en la vida de las personas, puede manejarse a toda una sociedad». 

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