Redacción Canal Abierto | El Observatorio de la colectiva  Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) registró 72 femicidios en 90 días de este 2019. Una mujer muere por violencia machista cada 30 horas, y es por esto que hoy presentarán en Diputados el Proyecto de Ley #EmergenciaNiUnaMenos.

“Hace dos meses lanzamos una campaña para juntar firmas, justamente para solicitar un proyecto de ley que declare la emergencia nacional en violencia de género. Con este petitorio juntamos unas 70.000 firmas, y el pedido en concreto está fundamentado en la cantidad de femicidios que se están dando en los últimos años”, explicó Silvia Ferreyra, coordinadora de la mesa federal de MuMaLá, en diálogo con este medio.

El registro realizado a partir de medios gráficos y digitales entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 arroja un femicidio cada 30 horas. De los 72 casos en 90 días, 64 fueron de mujeres, 2 vinculados de niñas, 4 vinculados de niños, y 2 travesticidios.

En el 36% de los casos el vínculo con el femicida fue de pareja, el 24% con una ex pareja, el 16% del entorno familiar, el 13% de conocidos, y sólo el 11% se trató de un desconocido de la víctima.

En cuanto a la modalidad del crimen, el 36% fue víctima de un arma de fuego. El 20% fue por arma blanca, el 18% a golpes, el 11% murió quemada, el 7% asfixiada, un 2% envenenada y otro 2% torturada.

De los datos que más se destacan de este informe, resalta el del lugar físico donde se llevó adelante el femicidio. En el 44% de los casos, la muerte sucedió en el hogar de la víctima, el 20% en la vivienda compartida con el victimario y un 13% en la vía pública.

Queda claro que las situaciones de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género van en crecimiento. Sin embargo, las respuestas del Gobierno ante esto no son suficientes, y en muchos casos son inexistentes.

El recorte presupuestario para la aplicación del Plan Nacional para Prevenir, Asistir y Erradicar las violencias hacia las mujeres (sancionado en 2017), es uno de los ejemplos de la inacción.

El proyecto que presenta hoy MuMaLá consta de 14 puntos específicos y viables, con propuestas concretas y urgentes para abordar las violencias machistas. “Muchos de los puntos que están en el petitorio están también en normas que ya están vigentes. El patrocinio jurídico gratuito por ejemplo. O el mismo Programa Nacional para erradicar la violencia señala un montón de acciones que se deberían llevar adelante, y sin embargo no se implementan –entendemos nosotras- por falta de voluntad política de jerarquizar este tipo de programas”, explicó Ferreyra.

Hace unas semanas el Gobierno anunció una partida destinada a recursos humanos que oficien como letrados asesores en materia de violencia hacia las mujeres que se presenten a denunciar casos en oficinas públicas. “Es un abogado o abogada para poder llevar adelante el patrocinio jurídico de millones de casos que se dan en todo el país. Nos parece que eso que se anuncia con bombos y platillos no está ni siquiera a la altura de lo que demandaría una política de emergencia”, resaltó la coordinadora del MuMaLá

La Ley Micaela, sancionada el año pasado, establece la capacitación obligatoria y continua en perspectiva de género para los funcionarios del Estado en todos los niveles. Por lo tanto, los organismos públicos debieran tener las herramientas y la disponibilidad para atender los programas de asistencia a las víctimas.

Pero muy lejos estamos de esto. “Esas jornadas de capacitación y el enfoque de género no se están implementando, salvo casos muy excepcionales.

Muchas veces las víctimas llegan a organismos públicos a hacer la denuncia, y estas se subestiman, se desjerarquizan, se les quita valor y no terminan de encuadrarse en lo que sería la figura de violencia de género. Esto no puede seguir siendo así. Están las políticas públicas, están los programas, hay profesionales capacitados para llevar adelante el proceso y sin embargo no sucede”, sentenció Ferreyra.

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