Redacción Canal Abierto | “La única batalla que no pudimos ganar hasta ahora es encontrarnos con nuestros hijos, pero sí pudimos socializar la maternidad y hacer que miles y miles de hijos asuman la responsabilidad de levantar las mismas banderas que los nuestros”, dijo Hebe, cerca de las dos de la tarde, en la puerta de la casa de las Madres, donde organizaciones sociales, sindicatos, dirigentes políticos y cientos de personas se congregaron en la histórica sede de la Asociación para impedir que la justicia, la policía y, en última instancia, el macrismo, se lleve el archivo de casos de vinculados a la lucha de las mujeres del Pañuelo Blanco que ellas mismas compilan y organizan hace 42 años.

“El pueblo vino a defender lo que le pertenece, no importa lo que diga el juez ni el síndico”, advirtió Hebe.

El reclamo

El pasado jueves 4 de abril por la mañana un grupo de escribanos se presentó invocando una orden del juez Comercial 13, Fernando Javier Perillo, para inventariar el vasto material que está en la sede de la organización, en Hipólito Irigoyen 1584, frente a Plaza Congreso.

El pedido formal lo realizó el interventor del Instituto Universitario Nacional de de Derechos Humanos (IUNMA), Javier Buján, que fue colocado allí por el ministro de Justicia, Germán Garavano, en junio de 2017.

Buján reclamó ante el juzgado de Perillo el acceso al material del Archivo de las Madres basándose en la ley que creó la universidad.

Irregular

Las Madres denunciaron que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos. Tanto es así, que el superior del juez Perillo decretó exactamente lo contrario.

  • El 27 de noviembre de 2018, la Sala B de la Cámara Comercial dictó un fallo que reconoce a la Asociación Madres de Plaza de Mayo los derechos que le asisten y que el juez de Primera Instancia Perillo, inferior a la Cámara, insiste en desconocer. Para el Tribunal de Alzada, las actividades de las Madres de Plaza de Mayo están fuera del código de comercio y son de interés público y social.
  • Con la firma de las magistradas Matilde Ballerini y María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, la Cámara Comercial entendió que las Madres no «pueden ser evaluadas con los mismos parámetros» que una empresa «por distintas razones: (su actividad) no implica ni implicó per se actividad comercial; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina».
  • El fallo, además, precisa que «corresponde admitir su permanencia en el inmueble (la sede de Hipólito Yrigoyen 1584) para el cumplimiento del cargo impuesto en el acto de donación» del año 2010, que no es otro que «realizar actividades en defensa de los Derechos Humanos, en los términos del art. 1826 del Código Civil» vigente en 2010. Ese cargo incluye la conservación y promoción del mayor Archivo Histórico de América latina en su tipo: el que documenta el genocidio argentino.

Ese Archivo, que recoge documentos desde 1977, no pertenece a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, persona jurídica creada en 2005, sino a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, inscripta épicamente el 22 de agosto de 1979 en una escribanía de la ciudad de La Plata, en plena dictadura cívico-militar.

Ilegitimo

El reclamo de Bujan y Garavano acrece de legitimidad, ya que Buján hizo ese pedido en su condición de “rector” del Iunma, un cargo que está vencido y que, por lo tanto, debe ser legitimado, o no, por una asamblea universitaria. Además la presentación fue hecha al juzgado de Perillo, en el marco de la causa de la quiebra de la Fundación, dictaminada por ese mismo magistrado y no en una distinta. Por otro lado, existe un fallo de la Cámara Comercial (superior a Perillo) que resolvió que, a pesar de la quiebra de la fundación, la Asociación Madres de Plaza de Mayo tiene la potestad sobre su sede y del material que se encuentre allí. Por último, la notificación de Perillo para hacer el “inventario” del archivo histórico fue hecha en menos de 12 horas y por mail, siendo que una medida de ese tipo debe ser notificada con 72 horas de anticipación.

“La única batalla que no pudimos ganar hasta ahora es encontrarnos con nuestros hijos, pero sí pudimos socializar la maternidad y hacer que miles y miles de hijos asuman la responsabilidad de levantar las mismas banderas que los nuestros”

No pasaran

Al mediodía, la gente convocada en la puerta del espacio desde la noche anterior impidió que el abogado de la sindicatura, Edgardo Truffa, a cargo del operativo previsto por el juez Perillo ingresara al lugar.

El funcionario judicial se retiró escoltado por algunos agentes de la policía porteña y por unos cuantos manifestantes que lo insultaron durante 200 metros.

Las Madres de Plaza de Mayo denuncian, desde el mismo momento de la intervención de la ex Universidad Popular, una nueva “avanzada del Gobierno nacional y sus operadores judiciales, quienes intentan, una vez más, apropiarse del archivo histórico de la Asociación, el más grande de Latinoamérica en su tipo”.

Fotos: Luciano Dico

promoción

Nuestros temas