Redacción Canal Abierto | “Se ven muchas más familias, muchas más mujeres. Hay ranchadas nuevas que tienen su ropero, su cocina, su cama, gente que recién empezó a transitar la calle, producto de las políticas neoliberales del Gobierno y que están viendo cómo es esto de sobrevivir en la calle”.

Así explica Horacio Ávila, referente de Proyecto 7 – Gente en situación de calle, el aumento de personas que hoy hicieron de la calle su hogar, porque no les alcanza para pagar un alquiler y a veces, tampoco para comer.

En 2010 se promulgó la Ley 3.706 de Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle. La misma exige un relevamiento y elaboración de diagnóstico anual de estas personas. Sin embargo, esto no pasó.

Por ello, en 2017 se realizó el primer censo popular de la mano de organizaciones sociales y voluntarios, en respuesta a esa ley. Hoy, con un 32% de personas debajo de la línea de pobreza, comienza un nuevo relevamiento en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad se extenderá hasta el 28 de abril, tomando las quince comunas de la Ciudad. Los voluntarios se dividirán en 48 barrios que serán recorridos en las tres franjas horarias (mañana, tarde y noche) durante los cuatro días.

El objetivo principal es dar cuenta de la dimensión real de esta problemática, que indique la cantidad de personas en situación de calle, tanto efectiva como en riesgo, y que releve sus necesidades concretas. A través de una encuesta se buscará conocer cómo estas personas se autoperciben, qué estado de salud tienen, su trayectoria educativa y los tipos y niveles de violencia institucional que padecen.

De acuerdo a Proyecto 7, “el mapeo colectivo en 2017 arrojó un número muy superior a las mil personas que registraron los organismos oficiales: más de 6 mil hombres, mujeres y niños viviendo en la calle. Hoy estamos rondando los 8 mil y hay otras 22.000 personas en situación de riesgo de quedar sin un techo. Se ha modificado lo que es la composición de esta población: hay un 65% hombres y 35% de mujeres y criaturas”.

Es esta falta de números reales y la caracterización inadecuada que hacen de ellos lo que hace que las políticas públicas no sean suficientes. “La diferencia entre las cifras del Gobierno tiene que ver con la metodología, ya que hacen un conteo en un solo día, cuatro horas, incluso lo realizan en días de lluvia donde la población de la calle cambia, porque se mueven. Nosotros lo hacemos en más tiempo, peinando cada calle y en todas las franjas horarias”, explicó Ávila.

Y agregó: “Nosotros intentaremos peinar toda la ciudad para que no quede nadie sin visitar. Además, trabajaremos con los hospitales para conocer la cantidad de gente en situación de calle que está en ellos, como también los barrios de emergencia o las villas, donde hay gente en pasillos”.

Entre las 50 organizaciones, organismos de derechos humanos y defensorías que participan del Segundo Censo Popular, se encuentran: Abrigar, Derechos, Asamblea Popular de Plaza Dorrego, Defensoría del Pueblo (CABA), Ministerio Público de la Defensa (CABA), Movimiento Popular La Dignidad (Red Puentes), No Tan Distintas, Presidencia de la Auditoría General (CABA), Proyecto 7 – Gente en situación de calle.

En febrero de este año, muchas de estas organizaciones participaron también de la iniciativa “La calle no es un lugar para vivir”. El objetivo fue propiciar el acceso de las personas en situación de calle a derechos fundamentales como lo son la identidad y la salud.

En Plaza Constitución se instalaron equipos interdisciplinarios para atender todo aquello que el Estado a veces se olvida: atención primaria, acceso a médicos de cabecera, consulta oftalmológica y entrega gratuita de lentes, acceso al subsidio habitacional. “Los trámites son sencillos, pero los burocratizan, te dan muchísimas vueltas, los hacen ir cuatro o cinco veces. Hay una lógica ahí de estar pedaleando todo el tiempo recursos para no poner el dinero y para que la gente no pueda acceder”, finalizó Ávila.

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