Redacción Canal Abierto |Por suerte estaban esos doctores que le salvaron la vida. Cuando mi hija se despertó, los miró y les dijo ‘gracias’. Lucía nunca quiso que esta criatura nazca”. El testimonio de Sol, la mamá de Lucía (11), es rotundo y desgarrador. Cada palabra es un nuevo destrato sufrido por ambas y propiciado por un Estado que decidió desampararlas a través de cada una de sus instituciones. Sólo para Cecilia Ousset y José Gijena, los médicos que le realizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la niña cuando todos los demás se negaron, tiene palabras de agradecimiento. Sin embargo, hoy son ellos los que deben enfrentar en la Justicia una denuncia de sectores antiderechos por “homicidio”.

Esta mañana, Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y el Colectivo Ni Una Menos convocaron a una concentración frente a los Tribunales Penales tucumanos para reclamar que se deseche la causa bajo el lema “Garantizar ILE no es delito. Obstruir derechos, sí”.

“Venimos a exigir que se deje de investigar a los médicos que han asegurado la ILE que está enmarcada hace cien años por la ley. El Ministerio Público Fiscal y el accionar de la fiscal (Adriana) Giannoni han venido a generar un clima de ilegalidad, criminalidad y de total impunidad que sólo busca disciplinar a los profesionales de la salud persiguiendo a los médicos que le aseguraron la microcesárea a Lucía”, sostuvieron las referentes de las organizaciones en conferencia de prensa.

Giannoni, quien ordenó prohibir la aplicación de la ILE y cajoneó la denuncia por violación de la intimidad y privacidad de Lucía, es justamente la encargada de investigar a los médicos. Sobre ella, a su vez, pesa una denuncia por coacción y abuso de autoridad.

«La fiscal intentó coaccionar a los médicos para que no realicen el procedimiento, algo que terminó ocurriendo porque ningún médico del Sistema Provincial de Salud quiso realizarlo y por eso recurren a Gigena y a Ousset. Sol, la mamá de Lucía, no tiene más que palabras de agradecimiento para los médicos. Eso no puede ser desoído”, explicó la defensa de Ousset y Gijena.

La defensa de los médicos, por su parte, recusó a la fiscal  y al juez de instrucción Facundo Maggio, quien fue abogado del Arzobispado, por su “afinidad ideológica” con la postura de la Iglesia.

“Hasta ahora sólo hay una denuncia, no imputación, y de la lectura de esa denuncia surge que se omitió que recibieron instrucciones del Ministerio de Salud de la provincia para que practiquen una ILE, procedimiento amparado por el artículo 86, inciso 2 de nuestro Código Penal –explicaron los abogados defensores-. La fiscal intentó coaccionar a los médicos para que no realicen el procedimiento, algo que terminó ocurriendo porque ningún médico del Sistema Provincial de Salud quiso realizarlo y por eso recurren a Gigena y a Ousset. Sol, la mamá de Lucía, no tiene más que palabras de agradecimiento para los médicos. Eso no puede ser desoído”.

Desde las organizaciones también pidieron la exoneración de Gustavo Vigliocco, secretario ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de Tucumán, y Rossana Chahla, ministra de Salud provincial. En ambos casos, como responsables de “torturar” a Lucía, una figura legal que se enmarca dentro del derecho internacional: el Alto Comisionado de Naciones Unidas considera que el embarazo infantil forzado constituye una tortura.

 

El calvario de Lucía

Hacia fines de febrero, el caso de Lucía llegó a los medios nacionales. A sus 11 años, la violó la pareja de su abuela y el sistema médico tucumano la obligó a parir un bebé que falleció a los pocos días. Lo hizo contra la voluntad de la niña, de su familia, y del Código Penal promulgado en 1921, que permite a casos como el de Lucía una ILE. La violación de sus derechos se hizo de forma sutil: se postergó la decisión hasta que ya no fue posible realizarle un aborto.

Los detalles sobre esas dilaciones se conocieron recién ayer, cuando su mamá -bajo un nombre falso para preservar la identidad de la niña que tampoco se llama Lucía- le dio una entrevista a La Nota donde relató con pelos y señales cómo médicos, Justicia e Iglesia funcionaron como un tándem para que Lucía no accediera a la ILE que le garantizaba la ley.

«Han tardado un montón, un montón. El que tiene toda la culpa de que las cosas no han seguido los tiempos que tienen es el doctor Gustavo (Vigliocco). Me decía que espere hasta que mi hija cumpla los siete meses (de embarazo) para ver si se la podía operar. Que ahí ya no había tanto riesgo y que yo iba a salvar las dos vidas: la de mi hija y la de esa criatura”, contó Sol, la mamá de Lucía, en diálogo con La Nota.

Primero fue Vigliocco quien le dijo (le mintió) a Sol. Aseguró que, de practicarle un aborto, su hija corría riesgo de muerte. En el Hospital del Este, donde internaron a la niña, también le aseguraron que tenía que denunciar el abuso sexual antes de solicitar el aborto, algo que la ley no dice y que Sol hizo.

Más tarde, Tatiana Obeib, jefa del Servicio de Tocoginecología del hospital, le pidió dos dadores de sangre que tampoco son requeridos para practicarle la ILE. Un cura pasaba a ver a la niña cada día sin permiso de la familia, le hacía la señal de la cruz en la frente y le decía “que Dios no quería que haya muertes”.

“Han tardado un montón, un montón. El que tiene toda la culpa de que las cosas no han seguido los tiempos que tienen es el doctor Gustavo (Vigliocco). Me decía que espere hasta que mi hija cumpla los siete meses (de embarazo) para ver si se la podía operar. Que ahí ya no había tanto riesgo y que yo iba a salvar las dos vidas: la de mi hija y la de esa criatura. Yo le respondía que no quería esperar y él me repetía que yo iba a llevar una carga de conciencia con la muerte de mi hija y de mi nieta”, contó su madre.

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