Por las redactoras de Canal Abierto | Decir que volvimos a las calles sería errado porque nunca nos fuimos. Pero el que volvió al Congreso fue el proyecto de Intervención Voluntaria del Embarazo por octava vez.

En un escenario teñido de verde, sororidad y lucha, los diputados y diputadas recibieron el texto que pretende salvar vidas y garantizarnos derechos sobre nuestros cuerpos, justo hoy, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

A partir de las 17.30, y en conferencia de prensa, el Anexo del Congreso se llenó de militantes de la causa de los sectores más diversos que también conmemoraron el aniversario 14 del nacimiento de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Para cuando celebremos los 15, ya va a ser ley”, gritó desde el fondo Nina Brugo, abogada feminista y una de las pioneras en la lucha por este derecho en la Argentina.

El proyecto también establece que la IVE debe ser garantizada dentro de los cinco días de su requerimiento y la práctica cubierta en hospitales, obras sociales y prepagas.

Hubo también un llamado a aprovechar el año electoral para alentar a los candidatos y candidatas a que se pronuncien en favor de una ley que, en las calles, ya ganó el debate, y a recuperar la cartera de Salud como Ministerio.

El Pañuelazo federal –que se replicó en cada provincia y en cada rincón del planeta donde las mujeres se sumaron a la lucha– coronó una jornada que, una vez más, el feminismo volvió histórica. Otra ola verde, de un mar embravecido que ya está en todos los mapas.

El nuevo proyecto

El camino transitado durante estos años por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue modificando algunos detalles del escrito en función del debate parlamentario y las discusiones territoriales que se dieron en las distintas regionales. Pero la esencia es la misma: despenalizar y legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación.

Pasado ese plazo, cuando corre riesgo la salud o la vida de la persona gestante y en casos de violación, la intervención también debe ser garantizada.

Fijar penas de prisión para quien “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados” resulta extremadamente necesario, sobre todo para no volver a tener niñas madres obligadas a parir después de ser violadas a los 11 años. Esas penas, en el nuevo proyecto, van de 3 meses a 1 año de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, y son aplicables a las autoridades de un establecimiento de salud, profesionales o personal de salud. Se elevan a 5 años si esta negación u obstaculización resultara en la muerte de la persona gestante.

El proyecto también establece que la IVE debe ser garantizada dentro de los cinco días de su requerimiento y la práctica cubierta en hospitales, obras sociales y prepagas.

En esta lucha que ya es conocida como “la revolución de las hijas”, darles derechos a las pibas es fundamental. Las menores de 13 que demanden la práctica podrán acceder a ella con el consentimiento informado y asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales. Entre los 13 y 16 años, se considera que “cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”. Si su salud o vida corren grave riesgo por condición preexistente, el consentimiento lo deberá dar uno de sus progenitores”. A partir de los 16 años se considera que tiene “plena capacidad” para ejercer los derechos previstos en la ley.

 

Foto de portada: Carla Cg para Emergentes

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