Redacción Canal Abierto | Una niña de 13 años violada por un sacerdote en Nicaragua. Una menor abusada sexualmente por su abuelo en la zona caribeña del mismo país centroamericano. En Guatemala, una víctima de 12 años violada por un funcionario gubernamental responsable de un programa de apoyo a la niñez. Y en Ecuador, otra niña de 12 con la vida desgarrada por el incesto.
Estas son las historias de cuatro niñas que ayer presentaron su caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Relatos de la realidad que atraviesa América Latina, la única región del mundo donde aumenta la violencia sexual contra menores.
La demanda a los Estados está a cargo de Planned Parenthood, una organización global que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, junto a otras organizaciones de la región.
Los derechos que el comité declare violados sentarán las bases para impulsar una reforma legal. “Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señaló Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
Después de África, América Latina presenta la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes. En Ecuador, siete niñas menores de 14 años resultan embarazadas al día por la violencia sexual. En Argentina, cada tres horas una nena de entre 10 y 15 años entra a una sala de parto. Son un promedio de ocho bebés los que nacen de sus vientres por día; casi 3000 al año. Tanto el Ministerio de Salud, como los organismos internacionales alertan sobre los riesgos físicos y mentales de las niñas y adolescentes con embarazos forzados.
Planned Parenthood documentó en 2015 más de 214 casos en los que detallaron el impacto mental y social entre las víctimas, ahogadas por la depresión, la angustia y los pensamientos suicidas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes.
“En nuestro país, anualmente, cerca de 3.000 niñas y adolescentes menores de 15 años se convierten en madres, situación que requiere una mirada especial, no sólo por el riesgo de mayores complicaciones físicas que representa el embarazo a tan temprana edad, sino porque a menor edad mayor es la probabilidad de que el embarazo sea producto de abuso sexual”, dice el informe sobre embarazo de niñas y adolescentes del Ministerio de Salud de la Nación.
#NinasNoMadres Niñas de Guatemala, Ecuador y Nicaragua violadas y obligadas a parir presentan hoy sus casos ante la #ONU. América Latina es la única región donde la #violencia sexual contra menores aumenta y Argentina no se queda afuera.
El #28M Paula, de 15 años, nos decía esto pic.twitter.com/e84MHrsEdc
— Canal Abierto (@canalabiertoar) May 30, 2019
Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, el embarazo en niñas o adolescentes menores de 15 años expresa una multiplicidad de vulneraciones y carencias en el respeto de los derechos humanos y en la vigencia de políticas públicas –en especial de salud y equidad de género- e implica una conjunción de serios riesgos bio-psico-sociales: “puede considerarse uno de los problemas de salud pública más complejos y dramáticos que reciben nula o mínima atención”.
Planned Parenthood documentó en 2015 más de 214 casos en los que detallaron el impacto mental y social entre las víctimas, ahogadas por la depresión, la angustia y los pensamientos suicidas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes.
Hay 26 países en el mundo que son muy restrictivos con el aborto (lo penalizan o solo lo permiten para salvar la vida de la madre). Argentina es uno de ellos.
La presentación de ayer ante la ONU pretende impulsar cinco pautas:
- Obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante.
- Respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas.
- Tratar estos casos como discriminación de género ante la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para muchas niñas y mujeres.
- Garantizar el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales. El aborto debe ser materia de servicios de salud y no del código penal.
- Garantizar el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto.