Redacción Canal Abierto | Hoy comenzó el juicio oral y público contra seis adultos y dos menores imputados por la violación en 2015 de Juana, la nena wichí –en ese entonces de 12 años-. La Sala 1 del Tribunal de Juicio de Tartagal, a cargo de los jueces Anastasio Vásquez Sgardelis, Osvaldo Chehda, Ricardo Martoccia, llevará el proceso hasta el 28 de febrero y establecerá condena.
Juana tiene un leve retraso madurativo y quedó embarazada tras ser violada por un grupo de criollos. A pesar de constatar en los estudios que se trataba de un feto anencefálico, fue obligada a continuar con el embarazo y le practicaron una cesárea a los 7 meses de gestación.
Incluso con la denuncia de violación realizada, el Estado no habilitó la intervención legal de ese embarazo. Además, no pudo declarar por falta de traductor, por lo cual se iniciaron acciones legales en el INADI.
Este abandono por parte del Estado se hizo presente otra vez en noviembre del año pasado con Agustina, de 13 años. La niña pertenecía a la comunidad Wichi de Chaco y fue violada por un hombre de 19.
Ingresó al hospital con un embarazo de 28 semanas, un cuadro de infección respiratoria que se supone tuberculosis, y en un estado de desnutrición crónica. Pese a la falla multiorgánica y la ayuda mecánica para respirar, la obligaron a parir y murió.
En enero de este 2019, una niña de 12 años llegó al hospital de San Pedro, Jujuy, con dolores estomacales. Cuando los médicos la asistieron, constataron que se trataba de un embarazo. Su familia denunció ante la Justicia que la pequeña había sufrido una violación por parte de un vecino de 60 años y exigieron a las autoridades la interrupción legal.
Sin embargo, los médicos demoraron la interrupción del embarazo, obligaron a la niña a continuar con la gestación, la tuvieron más de una semana internada y le practicaron una cesárea.
Hace una semana, en Misiones, otra niña de 12 quedó embarazada, producto de una violación. A pesar de las denuncias, no le otorgan el derecho a la ILE y es obligada a ser madre de mellizos.
Por qué el aborto legal debe ser ley
Cada tres horas, en Argentina, una nena de entre 10 y 15 años entra a una sala de parto. Según la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, el embarazo en niñas o adolescentes menores de 15 años expresa una multiplicidad de vulneraciones y carencias en el respeto de los derechos humanos y en la vigencia de políticas públicas –en especial de salud y equidad de género- e implica una conjunción de serios riesgos bio-psico-sociales: “puede considerarse uno de los problemas de salud pública más complejos y dramáticos que reciben nula o mínima atención”.
Muchos de estos embarazos son producto de violencia sexual ejercida por integrantes de la familia o del entorno cercano bajo distintas formas de coerción que abarcan desde la imposición forzada hasta las amenazas, abuso de poder y otras formas de presión, se destaca en el informe del Ministerio de Salud de la Nación.
Los investigadores Conde-Agudelo, Belizán y Lammers analizaron los datos del Sistema Informático Perinatal de América Latina y encontraron que las niñas de 15 años o menos tenían una probabilidad cuatro veces mayor de mortalidad materna al compararlas con el grupo etario de 20 a 24 años. También tenían una probabilidad cuatro veces mayor de endometritis puerperal, 60% más probabilidad de eclampsia y de hemorragia posparto, y 40% más probabilidad de anemia.
El estudio arrojó que al compararlos con los hijos de madres de 20–24 años, aquellos nacidos de madres de 15 años de edad o menos tenían una probabilidad 60% mayor de tener bajo peso al nacer o de ser prematuros; y una probabilidad 50% mayor de nacer pequeños para su edad gestacional, así como de muerte neonatal temprana. Y en el área de la salud mental se observaron altas tasas de síntomas de depresión y ansiedad en las adolescentes durante el embarazo y el posparto, que en general son más altas que las de la población adulta.
Finalmente, Planned Parenthood Global sostiene que cuando una adolescente menor de 15 años queda embarazada, su presente y futuro cambian radicalmente. Termina abruptamente su ciclo educativo, enfrenta serios riesgos para su salud y su vida, se alteran sus relaciones sociales, se reducen sus perspectivas de inserción laboral, multiplicándose su vulnerabilidad frente a la pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia.