Redacción Canal Abierto | La tarde de este martes 19 de febrero, el ministro de Seguridad y de Derechos Humanos, Germán Garavano, presentará en conferencia de prensa el Anteproyecto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que proponer bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años. Nuevamente el Gobierno -y no sólo de la alianza gobernante emerge este proyecto-, dando muestras de su poca inventiva y cinismo y previo a que comience el show electoral, intenta instalar la baja de la edad de punibilidad a los niños, niñas y adolescentes como un distractor para un electorado desencantado y que día a día se sumerge en una crisis económica más profunda.

Frente al Ministerio de Justicia un amplio arco de organizaciones de niñez; organizaciones gremiales, sociales y políticas; profesionales y referentes del área, políticos y de derechos humanos se manifestaron para rechazar este nuevo intento y hacer escuchar otra vez el «No a la baja».


Como integrante de Niñez y Territorio, Clarisa Gambera, secretaria de Género de la CTA Autónoma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló que cada vez que hay elecciones, les parece bien hablar de la baja de la edad de imputabilidad de las pibas y los pibes que tienen un conflicto con la ley penal. “Pero esto en realidad se explica por la ausencia de políticas públicas, falta de trabajo de sus familias, los barrios devastados por el ingreso del narcotráfico, de bandas organizadas que usan a los pibes como carne de cañón y pese a todas las recomendaciones de especialistas en contra de esto, el Gobierno insiste en querer bajar la edad de imputabilidad”, concluyó Gambera.


El secretario general de ATE y CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi, señaló: «La baja de la edad tiene que ver con meter a nuestros pibes en la cárcel antes de nacer porque no quieren resolver el problema de fondo, de disminuir la pobreza extrema, la desigualdad. Lo que tiene que pasar es que los miles y miles de pibes y pibas que están en las calles vuelvan a sus casas a tener las 4 comidas. En Argentina, cuando hubo mayores niveles de integración social, durante el primer Peronismo, hubo menores niveles de pobreza y de delincuencia”.

Según el ministro Garavano «Actualmente, en Argentina rige un decreto de la dictadura, por lo que no existe un sistema penal que dé respuestas adecuadas a los jóvenes. Nuestra iniciativa asegura un proceso que respete las garantías de los menores y permita que las víctimas participen activamente». En horas previas, en una entrevista en nuestro estudio, Claudia Cesaroni, abogada criminóloga especializada en casos de jóvenes, sostuvo que “lo que parecía imposible, este gobierno lo hizo posible, que es hacer una ley peor que la firmada por un genocida”, en relación a la normativa vigente sancionada por Jorge Rafael Videla.

 

Las organizaciones presentes dieron lectura a un documento conjunto en el que señalaron las razones del rechazo unánime de este nuevo intento de recorte de derechos a los más vulnerables de la sociedad. Entre otros puntos afirman:

«Advertimos a la sociedad que la propuesta es ineficaz y anticipamos que sólo empeorará y reforzará la violencia que pretende resolver, estigmatizará a los niños, niñas y adolescentes, especialmente a los más pobres, reforzando su vulnerabilidad a la persecución policial y profundizará la política de abandono de las políticas sociales, educativas, de salud y de desarrollo social por parte del Estado.»

  • DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que es alta la incidencia de delitos violentos entre los más jóvenes.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a lxs niñxs para cometer delitos: si una organización criminal o las propias fuerzas de seguridad utilizan (u obligan) a unx niñx a cometer un delito, el delito es del adulto, el niñx es víctima y como tal debe ser abordado. Los organismos internacionales especializados en trata y explotación de personas han recomendado a los países que incorporen estas conductas en sus legislaciones penales.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que la forma de mejorar lo que hoy existe es bajar la edad de punibilidad y reconocer a los más pequeños un proceso con garantías. El sistema actual desconoce los derechos de lxs niñxs y adolescentes que ingresan al sistema penal, pero no es legalizando lo que ocurre ilegítimamente que se va a mejorar la situación. No es aceptando la criminalización de lxs chicxs de menos de 16 años sino impidiendo su ingreso al sistema penal, como se mejora su situación. La fórmula de bajar la edad y garantizar derechos básicos durante el proceso penal ya se aplicó y fracasó en varios países de Latinoamérica, en alguno de los cuales se bajó la edad hasta los 7 años. El resultado es que el delito infantil no disminuyó, por el contrario se criminalizó más a lxs niñxs y aumentaron lxs niñxs privadxs de su libertad en la edad en la que el Estado aún no ha concluido con sus obligaciones de protección especial a la infancia.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que hoy a los niños, niñas y adolescentes no les pasa nada si cometen un delito, no sólo “les pasa” si cometen un delito, también tienen consecuencias penales cuando no lo cometen ya que el Juez está facultado incluso a privarlos de la libertad sin haber determinado su participación en el hecho, y con la excusa de su cuidado. El régimen penal actual (ley 22.278) es tan arbitrario que permite que estén presxs por motivos por los que un adulto no lo estaría. Por eso existen Juzgados Penales de Menores y de Responsabilidad Penal Juvenil, y cárceles para niñxs llamadas Institutos de Menores donde a pesar del compromiso de muchos de los trabajadores con los derechos, el trabajo sociodeucativo y la inclusión, los institutos están sobrepasados en su capacidad, lxs chicxs están mal comidxs, sin atención adecuada de su salud física y psíquica, torturadxs, deprimidxs, psiquiatrizadxs, con escasas horas de escolarización y suicidadxs antes de que su infancia se termine. Hacia el 2015 había 7178 jóvenes, entre procesados y condenados, imputados penalmente por un delito cometido antes de los 18 años de edad. De ellos, 1477 estaban privados de libertad, y de esos 1477, 101 eran no punibles, o sea menores de 16 años. El resto se encontraba bajo medidas de seguimiento territorial (2).
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que el sistema penal no hace nada con lxs chicxs de menos de 16 años acusadxs de un delito, porque tal como ocurre con los adolescentes de entre 16 y 18, también a estos se les abre una causa penal aún por delitos leves y se los puede encarcelar por tiempo indeterminado más allá de si se probó o no su culpabilidad o de si se los “declara inimputables” por la edad. Hacia el año 2015 había 412 chicos por debajo de los 16 años con restricciones dispuestas por jueces en sus respectivas causas penales, de los cuales 101 se encontraban privados de libertad (3). Ese encierro no debe ser legitimado mediante la baja de edad de punibilidad, sino que debe cesar.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que el sistema penal es leve con las personas menores de edad: el sistema penal que hoy se les aplica, usa la prisión como única medida; además, es arbitrario ya que los requisitos para salir en libertad no dependen de lxs pibxs sino de políticas que el Estado debe garantizar (escuela, tratamientos de adicciones, familias con empleos dignos, vivienda) y admite que se apliquen condenas gravísimas: como el caso de las condenas de prisión perpetua a adolescentes, por las que Argentina fue sancionada ante Organismos Internacionales.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque es mentira que nuestra oposición a que se baje la edad de punibilidad nos convierta en defensores del actual Régimen Penal de Menores, estamos en contra y diariamente lo combatimos, pero es manifiesto el oportunismo político que rodea esta nueva arremetida, que no pretende mejorar la situación que hoy padecen los más jóvenes sino tener un slogan de campaña del que se hagan eco los medios de comunicación cómplices del recorte y el despojo a las familias trabajadoras.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la causa de violencia en los barrios es la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el hostigamiento al que las fuerzas de seguridad someten a lxs niñxs y jóvenes, la violencia machista y el manejo de los territorios por bandas de comercio de drogas que actúan en connivencia con el poder político y policial, de los cuales lxs pibxs son víctimas.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que se trata de una política regresiva y demagógica y lo que debe garantizar la ley es que lxs pibxs de menos de 16 años directamente no tomen contacto con el sistema penal; mientras que entre los 16 y 18 se reduzca su ingreso en el marco de un sistema en el que primen las garantías y las sanciones no privativas de la libertad y con contenido socioeducativo.
  • DECIMOS NO A LA BAJA porque la verdad es que la criminalización de lxs pibxs es la forma en que cierra el modelo de precarización social y que esta nueva arremetida oficialista es parte de un proyecto político, económico y social en el que se benefician las patronales, se refuerzan poderes a las fuerzas de seguridad y el ejército, se reconcentran los medios de comunicación obturando la pluralidad de voces, se paga a los fondos buitre y se saquea el país en beneficio de los capitales directamente instalados en el poder político; en un contexto de despidos de trabajadorxs, retaceos en las paritarias, avance de la represión de la protesta social, recortes presupuestarios y especialmente de los programas socioeducativos del Ministerio de Educación; negacionismo de los crímenes de la dictadura, recrudecimiento de las prácticas del gatillo fácil y la violencia policial, la represión a los movimientos de mujeres, de diversidad sexual, pueblos originarios, defensores de los recursos naturales, migrantes, trabajadores de la economía popular, recorte de las prestaciones mínimas a los jubilados y el endurecimiento de leyes penales.

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