Redacción Canal Abierto | La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar por la desatención sanitaria que padeció Mónica Mego, una reclusa trans, y por todo el colectivo.

“Mónica quedó parapléjica por una infección en la médula, derivada de un cuadro de tuberculosis no atendido a tiempo y de manera adecuada. Durante seis meses, el Servicio Penitenciario Bonaerense le negó atención médica. El caso de Mónica desnuda la vulnerabilidad del colectivo trans en cárceles bonaerenses, donde las graves condiciones de encierro que sufren todas las personas detenidas se combinan con una práctica particularmente violenta y discriminatoria por la condición de género”, comunicó la CPM.

Desde su ingreso en la Unidad Penitenciaria Nº 32 de Florencio Varela, realizó reiterados pedidos de asistencia pero el Servicio Penitenciario negó las atenciones extramuros y en Sanidad. Sólo le daban ibuprofeno y paracetamol.

Cuando por fin fue derivada a un hospital, fue operada de un absceso epidural en la médula por tuberculosis. Quedó parapléjica y sin control de esfínteres. El cuerpo médico que la atendió informó que el daño a su salud es irreversible, pero podía haber sido evitado de atenderse a tiempo.

“Luego de la externación, Mónica volvió a la cárcel: desde hace más de un mes está alojada en una celda de aislamiento del anexo femenino de la Unidad Hospitalaria 22 de Olmos en completa soledad, sin la atención médica ni la asistencia sanitaria adecuadas para su estado de salud”, informaron desde la Comisión.

Recientemente, la Justicia reconoció la situación de abandono e hizo lugar a un habeas corpus presentado por la CPM por el agravamiento de las condiciones de detención que ponen en riesgo su vida.

En la cautelar presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CPM hizo referencia a otros cinco casos de mujeres trans que sufrieron daños irreversible en su salud, o que murieron bajo la custodia del Estado.

“Para el colectivo trans en el encierro, el acceso a la salud está mediado siempre por los agentes del SPB que utilizan este poder para extorsionar -muchas veces sexualmente- a las detenidas”, agregaron.

El mes pasado, en Córdoba, legisladores presentaron el proyecto de declaración N°28.084 para la creación de un pabellón para personas trans en el penal de Bouwer. Todo comenzó por un pedido de las presas que manifestaron sentirse incómodas por una compañera trans y querían su traslado.

En el texto solicitan que el Ministerio de Justicia de la provincia «arbitre las medidas necesarias para que se prevea la urgente creación de un pabellón para las personas trans en la cárcel de Bouwer”. También piden que se cree un manual de convivencia y se desarrollen las políticas y estrategias pertinentes que “garanticen la máxima protección posible de dichos grupos”.

También exigen garantizar la cobertura de salud necesaria y acorde a la salubridad de cada interna trans. Dentro de esto se incluyen tratamientos hormonales que hayan comenzado antes de la condena, medicación para HIV, dietas especiales para quienes conviven con el HIV, y atención especializada con profesionales en diversidad de género.

Liliana Montero, diputada provincial e impulsora del proyecto, dio cifras sobre la situación carcelaria de las mujeres para contextualizar. “En los últimos tres años, hubo un aumento de un 70% de la población carcelaria de mujeres. Un 40% de las mujeres detenidas en Bouwer es por causas de narcomenudeo. Este contexto social y carcelario es muy distinto al que teníamos antes. De esta manera, queremos manifestar una preocupación por la situación de convivencia dentro de la cárcel y queremos que se trabaje la posibilidad de abrir un pabellón trans o buscar la mejor solución al problema”, sostuvo.

Por su parte, la CPM denunció dos rasgos caracteristicos del trato discriminatorio de la gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense. “Por un lado, incumple la ley 26.743 sobre identidad de género y no tiene en cuenta los trámites de rectificación registral. Por otro, la organización penitenciaria de pabellones donde las trans comparten encierro con homosexuales y detenidos por delitos contra la integridad sexual. Esta decisión refleja claramente una sanción moral contra lo que el SPB parece considerar una ‘desviación sexual’, un concepto retrógrado e inexplicable”.

La situación en las cárceles bonaerenses se agrava a la par que crece la persecución y encarcelamiento de personas trans. En el último año, la cantidad de travestis-trans detenidas creció casi en un 40%. El uso abusivo de la prisión preventiva también aumentó: un 86% de las personas que conforman este colectivo están detenidas sin condena.

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