Redacción Canal Abierto | En San Luis, el diputado provincial Bartolomé Abdala perteneciente al Pro e integrante del Bloque Cambiemos, impulsó un proyecto con el cual intenta derogar dos decretos firmados por el Ejecutivo provincial en 2018, en los que adhirió la provincia a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral en todas las escuelas (sancionada hace 12 años), y a la aplicación del Protocolo de Salud para las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), creado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015.

Bajo el lema “sí a las 2 vidas”, el proyecto de Abdala expone un desconocimiento sobre los decretos que intenta derogar, y ya despertó el rechazo de los sectores feministas de la provincia.

A nivel nacional, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó una solicitada con más de mil firmas para que la iniciativa de este diputado no reciba tratamiento legislativo.

“El proyecto utiliza el discurso de los sectores más reaccionarios, que insisten en sostener que buscan salvar dos vidas mientras que lo único que logran es aumentar la tasa de muertes por abortos clandestinos, torturas a niñas con cesáreas y experimentar con fetos no viables. No sólo retrasa años de lucha, sino que desconoce la realidad del territorio”, expresa la solicitada.

San Luis tiene un promedio de 740 egresos hospitalarios por aborto, un porcentaje del 15.6% de embarazos en la adolescencia y un 69,3% de embarazo no intencional en la adolescencia.

Sin embargo, esta no es la única provincia en realizar acciones de este tipo. En noviembre de 2018, en Tucumán –que tiene una tasa de embarazo adolescente del 6,8% y no aplica las leyes de Salud Sexual ni ESI- el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura, Marcelo Caponio presentó un proyecto de ley “De protección integral de la mujer embarazada y del niño por nacer”. El mismo señalaba como punible la interrupción del embarazo en casos de violación.

La iniciativa firmada por 29 de los 49 diputados y diputadas que integran la cámara también impedía que la mujer reciba información sobre sus derechos con respecto al aborto no punible y fomentaba la denuncia de los médicos en caso de “sospechas de la inexistencia de delito contra la integridad sexual”.

En ambos casos –San Luis y Tucumán- “constituyen un atraso. Son proyectos inconstitucionales e ilegales. Reúnen muchas denuncias porque representa un avance de los sectores más conservadores y retrógrados contra los derechos ya adquiridos para las mujeres y las personas capaces de gestar”, explicó la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas de la Ciudad, Victoria Freire.

Las conquistas

El 13 de junio del año pasado, gracias a las históricas militantes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; a “las pibas” de los secundarios; y a la presión ejercida por una sociedad movilizada que debatió profundamente durante los dos meses que duraron las audiencias, la Ley consiguió media sanción.

Fueron 22 horas de sesión que terminaron con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención, y una explosión catártica en las calles que rodean al Congreso entre la militancia –mayoritariamente compuesta por mujeres- que aguantaron una vigilia histórica desde las 12 del mediodía del miércoles para apoyar la Ley por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

En conmemoración a ese logro, este jueves la marea verde vuelve a tomar las calles para exigir ese derecho que el 8 de agosto fue negado por los y las senadoras. Las Juventudes por el Aborto Legal realizarán un festival, de 17 a 20, en el Congreso de la Nación.

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