Redacción Canal Abierto | El anuncio que se conoció ayer de la prórroga de la moratoria previsional para las mujeres por tres años es, para los especialistas en la materia, lo que comúnmente se llamaría una engaña pichanga.
“Lo controvertido es que en realidad la moratoria, como está planteada ahora, necesita que las mujeres que están por acceder tengan cuatro años de aportes desde el 1 de enero de 2004. Un acto inclusivo hubiese sido que extendiesen la vigencia de la moratoria y el período para regularizar aportes. Porque hoy por hoy no hay muchas mujeres de 60 años que tengan ese requisito cumplido”, explicó Silvia Arce, abogada especializada en temas previsionales y fundadora de Jubilarnos.com.
Dicho de otra manera, la medida anunciada con bombos y platillos por el Ejecutivo extiende la vigencia de la Ley 26.970 pero a una población que tenderá a hacerse cada vez más escasa porque el requisito a cumplir se volverá cada vez más restrictivo. A saber: si antes debía acreditar cuatro años de aportes, en tres años (tiempo por el que se prorroga la moratoria) deberán acreditar siete.
Los hombres y las personas que reciben pensiones, por su parte, habían quedado afuera de la moratoria desde septiembre de 2017 por lo que Arce describe como “una circular de Anses, arbitraria e inconstitucional”.
En la misma línea, el defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, analizó en diálogo con Canal Abierto que esta medida es “una cuestión de marketing”. “Al sistema político argentino el jubilado le importa entre poco y nada –afirmó-. De la Canasta Básica de los Jubilados que nosotros calculamos semestralmente (la última, del 1 de abril, estimada en $30.524 para grandes ciudades), las remuneraciones mínimas que es lo que perciben 2.500.000 jubilados y pensionados y están en $11.500, apenas cubre un tercio”.
La prueba de la desesperación en la que vive gran parte de los jubilados argentinos se verificó en los organismos públicos: debido a la cercanía de la fecha final para la moratoria, el sistema de turnos de la Anses colapsó desde principios de junio.
“Se profundizó la injusticia, la exclusión que se viene dando en términos institucionales, a través de las diversas administraciones. La situación va a empeorando progresivamente, no hubo reformas que pudieran mejorar la situación del jubilado y hoy el sistema político integralmente, con el oficialismo a la cabeza, está más dedicado a hacer cuentas sobre quiénes van a preservar sus privilegios como políticos que a darle solución a estos temas para la sociedad. Hay políticas bastante unificadas en la exclusión del adulto mayor”, resumió Semino.
La respuesta organizada
La prórroga fue vista, por parte de las trabajadoras organizadas, como una respuesta del poder político a las luchas y la presencia en las calles. En el mismo sentido, este 2 de julio a las 15 las centrales obreras y las organizaciones sociales marcharán en unidad a la Anses con las consignas #NiUnaJubiladaMenos y #TodasSomosTrabajadoras para dar cuenta de que con la nueva resolución no basta.
“No alcanza con extender el vencimiento de la actual moratoria (fijada para el 23 de julio próximo), debe extenderse la posibilidad de compra de años de aporte (fecha de corte), ampliarla a todas las personas sacando los filtros socioeconómicos que impiden acceder a ella y eliminar la PUAM”, reza el comunicado firmado en conjunto por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la CTEP, y la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).
El filtro socioeconómico existe desde que se aprobó la ley y establece que las beneficiarias se enmarquen en ciertas condiciones relacionadas con ingresos, patrimonio, gastos y consumos, de las que dependen que la prestación sea otorgada o no.
La PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor), en tanto, es una figura creada en junio de 2016, cuando se aprobó la Ley de Reparación Histórica, que establece un ingreso mensual equivalente al 80% del haber jubilatorio mínimo (hoy es de $9222,75) para quienes tengan más de 65 años y no perciban jubilación o pensión alguna.
Además, el domingo 30 de junio, de 15 a 19, un debate titulado «Jornada Norma Plá» que pretende “desobedecer al patriarcado del ajuste y de la desvalorización de nuestros trabajos” tendrá lugar en el Centro Cultural Leopoldo González (Independencia 448, Ciudad de Buenos Aires), con entrada libre y gratuita. Convocado por diversos espacios con perspectiva y militancia en temáticas de género -y con un nombre homenaje a la histórica luchadora por los derechos de la tercera edad-, participarán numerosas referentes políticas, algunas de las cuales competirán por cargos electorales en parte gracias al reclamo masivo que clamó por #FeministasEnLasListas la semana anterior en todas las redes sociales.
Allí estarán la diputada y sindicalista Vanesa Siley; la socióloga y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Dora Barrancos; la referente estudiantil y candidata a legisladora porteña Ofelia Fernández; la teórica y activista travesti Lara María Bertolini; la secretaria de género de la CTA Autónoma Capital, Clarisa Gambera; la investigadora e integrante del Colectivo Ni Una Menos Verónica Gago; y Elia Espen, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras.
“El fin de la moratoria previsional es una exigencia del FMI que Mauricio Macri se dispuso a acatar. Es parte del pacto de caballeros que venimos denunciando como plan sistemático de empobrecimiento generalizado y que afecta de modo más profundo a mujeres, lesbianas, trans y travestis, que son quienes primero ponen el cuerpo a la crisis”, sostiene la invitación.
Efectivamente, la Ley 26.970 reconoció los trabajos domésticos, invisibilizados o informalizados por los patrones que, en su mayoría, se encontraban y encuentran a cargo de mujeres, las que representan un 80% del total de beneficiarios y para quienes significa en muchos casos autonomía en su vejez. Desde el feminismo, la misma fue reivindicada como “una política fundamental para empezar a reparar la desigualdad histórica de la subordinación del trabajo de cuidados, del trabajo no remunerado y mal remunerado” y la jornada se centrará en estrategias para su defensa en un reconocimiento de que, pese al anuncio gubernamental, existe una intencionalidad gubernamental de eliminarla.