Redacción Canal Abierto | Hasta la última elección en 2017, al cerrar la mesa electoral, el presidente solía armar dos instrumentos de conteo que entregaba al empleado del correo para garantizar el escrutinio definitivo y provisorio de los votos emitidos por la población argentina: el bolsil y el telegrama, respectivamente. Pero desde esta elección será distinto.

A fines de 2018, Correo Argentino convocó a “presentar ofertas para la prestación de un servicio de recuento provisional de resultados para el proceso electoral nacional 2019”. Y en tiempo récord le adjudicó el servicio a Smartmatic, una empresa venezolana que llegó al país en 2015 y fue cuestionada y denunciada en reiteradas oportunidades por la vulnerabilidad de sus sistemas.

“El cambio que se implementó, que el Ejecutivo decidió unilateralmente, si uno lo analiza es positivo. La idea de dejar de mandar telegramas en papel hasta el correo para que desde allí se transmitan y hacer, en cambio, una transmisión directamente desde la escuela es algo sobre lo que yo en 2016 o 2017 ya escribía. Eso, además de agilizar el escrutinio, aumenta la transparencia”, explica Javier Smaldone, técnico informático, en diálogo con Canal Abierto.

Pero, desde su cuenta de Twitter, Smaldone fue rotundo sobre uno de los aspectos negativos más saliente del cambio: “Pagamos US$1.200.000 a @smartmatic por un software de escaneo y transmisión de telegramas (que además está mal diseñado), pero el código fuente es de ellos. Todo muy lindo, muy transparente y coso”.

El reclamo del técnico abarca varios puntos. Por un lado, el pago desproporcionado a la empresa desarrolladora: “Nada que tenga que ver con sistemas electorales es sencillo, hay un montón de consideraciones de seguridad, un montón de cosas que hay que hacer bien y no cualquiera puede hacerlas, pero por poner un número enorme estamos hablando de 250.000 dólares».

Pero hay más. «Según la versión oficial del Ministerio del Interior, no se les puede dar el código fuente para auditar a los partidos políticos porque es de Smartmatic. Es decir que lo pagaron cinco veces más y ni siquiera lo compraron, sino que lo alquilaron”, detalla el experto.

Las diferencias entre comprar un software (copyright) y su licencia de uso no exclusivo –lo que pagó el Estado- no son menores. La licencia de uso sólo permite ejecutar el software, y bajo las condiciones que impone el desarrollador, en este caso Smartmatic. “Lo que no podés hacer es auditarlo: ver si está bien hecho, si tiene algún error, algún problema de seguridad, si tiene alguna puerta trasera que permita que alguien lo manipule. Tampoco podés modificarlo. Esto roza lo ilegalidad”, agrega Smaldone.

El marco ilegal radica en la violación de la Acordada Extaordinaria Nº 3 de 2017 de la Cámara Electoral que establece que “el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados en los procedimientos de digitalización, transmisión, carga, totalización y difusión de resultados provisorios, deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participen en los comicios con la mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de la fecha del acto electoral”. Pero el código fuente, que permitiría auditarlo, no está. Este viernes 12 vence el plazo para que se presente, lo que habilitaría a los partidos políticos a reclamar a partir del sábado.

Otro de los aspectos conflictivos de la contratación de Smartmatic es que también será la empresa encargada de recibir y procesar los telegramas, tarea que históricamente realizó la española Indra.

Lo hará en las instalaciones físicas de Correo Argentino de Monte Grande y Barracas, donde operadores contratados por la misma empresa cargarán los telegramas. Así, el Estado pondrá la locación, además de pagar una cifra millonaria por el servicio.

“Es un despropósito lo que se paga y también lo que se contrata. Y que la empresa que pone el software que recibe y procesa, bastante simple de hacer, más un ejército de unos 2.000 operadores que hacen la carga de los datos, que son generalmente pibes precarizados contratados a través de consultoras de Recursos Humanos vía web y pagados por el día, cobre otros 17 millones de dólares por eso. Amén de lo que cueste, ¿hace falta contratar una empresa privada para que haga eso? ¿Por qué no puede hacerlo el Estado con sus propios desarrolladores?”, se pregunta Smaldone.

En tanto, el nuevo sistema -que falló en el ejercicio de prueba realizado hace unos días- se implementará, sin capacidad de auditoría ni antecedente alguno, al mismo tiempo y en todo el territorio nacional el próximo 11 de agosto. Durante nada menos que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de una elección presidencial…

 

Foto: Francisco Guillen

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