Redacción Canal Abierto | Al cierre de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) habrá transferido un 90% del préstamo stand by de US$57.000 millones -el más grande de la historia del organismo- acordado el año pasado.

Con el siguiente desembolso de US$5.500 millones, en el último año Argentina ascendió al primer lugar en el ranking que mide la ratio deuda / PBI, hoy en torno al 127%.

Las cifras estremecen, pero quedan desdibujadas al observar cuáles serán las consecuencias del festival de deuda pública impulsado por el macrismo. Según difundió la consultora Ecolatina, entre 2022 y 2023 los argentinos deberán pagar al FMI más de US$46.000 millones entre capital e intereses, lo que implica 5% del PBI de cada año. En 2020 y 2021 las obligaciones serán menores, por aproximadamente US$7.850 millones.

«Si bien la situación actual cercana al equilibrio primario reduce las necesidades de contraer nuevos compromisos (deuda), tampoco alcanzará para generar superávits de semejante magnitud como para afrontar estos pagos”, plantea el informe de Ecolatina.

Es decir que, aún en los mejores escenarios económicos, el próximo gobierno se verá en aprietos a la hora de pagar el préstamo que contrajo Cambiemos. De hecho, si tomamos el record de US$5.766 millones de superávit primario (ingresos menos gastos, antes del pago de la deuda) del año 2004, tampoco sería suficiente.

Al mismo tiempo, con un desempleo del 10,1%, inflación por encima del 50% y niveles de pobreza en torno al 32%, el oficialismo viene sintiendo el peso de la crisis económica y la obligación de dar algún tipo de respuesta en plena campaña. De todos modos, no pareciera estar en los planes del gobierno un potencial volantazo hacia perspectivas heterodoxas en pos de un engrosamiento de la economía como forma de reactivación y aprovisionamiento de divisas. Más bien, todo lo contrario.

La dificultad que tiene actualmente el país para retornar al mercado de deuda por el alto nivel de riesgo país (cercano a los 800 puntos), hace obligatorio que el Poder Ejecutivo -ante una reelección o un cambio de signo político- busque renegociar el perfil de vencimientos para descomprimir ese cronograma tan exigente. En su informe, la propia consultora Ecolatina sugiere la ineludible futura negociación entre el presidente electo y el FMI.

Si bien desde el oficialismo evitan pronunciamientos al respecto como guiño hacia los mercados, en la vereda de enfrente Alberto Fernández y Roberto Lavagna coquetean con la posibilidad de una renegociación. Lo cierto es que, quien resulte electo en octubre o en un eventual ballotage en noviembre, no va a tener más alternativa que viajar a Washington, al menos, para ganar algo de tiempo.

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