Redacción Canal Abierto | El 12 de octubre de 2009, el líder de la comunidad indígena Los Chuschagastas, Javier Chocobar recibió un disparo mortal de mano de Darío Luis Amín, un terrateniente que se decía dueño del lugar.

En 2018, nueve años más tarde, los jueces Wendy Kássar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnoli, resolvieron condenar a Amín a 22 años de cárcel por considerarlo autor responsable del homicidio agravado por uso de arma de fuego. En aquel momento, la justicia también apuntó contra Luis Humberto Gómez y José Valdiviezo, con penas de 18 y 10 años de prisión respectivamente. Ambos, además de ex policías, habían formado parte del grupo parapolicial Comando Atila comandado por el ex comisario Mario “Malevo” Ferreyra.

Entre otras cosas, el proceso judicial comprobó la premeditación a partir de un video en el que se observa claramente que los acusados no sólo llegan armados al territorio. Las imágenes incluso muestran el momento en que desenfundan y disparan ante el pedido de Javier para que se retiren.

A la trágica pérdida de su familiar y líder, la comunidad indígena tuvo que soportar nueve años de espera y lucha hasta alcanzar el fallo histórico. Como si esto no fuera poco, los Chuschagasta ahora tienen que soportar una nueva embestida.

Este 9 de agosto comienza el juicio oral por supuesta usurpación contra la comunidad que inició la madre de Amín, Sofía Herrera, contra -entre otros- Ismael Chocobar (sobrino de Javier y también comunero). “Lo entendemos como un nuevo atropello y una persecución contra la comunidad y nuestros comuneros”, asegura Nancy Chocobar, sobrina del cacique asesinado en 2008.

“No es que las comunidades indígenas fueron, se pararon en el lugar y dijeron `estos es mío y quiero que lo reconozcan porque sí´. El derecho de la comunidad a esos territorios es un hecho, estamos hablando de familias que efectivamente viven allí desde siempre”, plantea Carlos Garmendia, abogado de la familia Chocobar.

Los Chuschagastas también manifestaron que después del asesinato, las amenazas y el hostigamiento no cesaron: “algunas cosas cambiaron, pero las prácticas colonizadoras continúan: asesinan, golpean, queman casas de comuneros y comuneras”.

Entre otras cosas, la comunidad pelea hace mucho tiempo por la creación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. Ello cesaría los conflictos territoriales, además de ser un derecho y “parte de la reparación histórica que el Estado nacional debe realizar a los pueblos originarios”.

“Para los terratenientes, sólo se trata de tierras y dinero; para nosotros, es un territorio ancestral lleno de espiritualidad, sitios sagrados, con nuestros animales, cultivos y naturaleza”, resalta Nancy Chocobar, y agrega: “Queremos asegurar la continuidad de las próximas generaciones”.

 

Entrevista: Diego Leonoff (@leonoffdiego)

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