Redacción Canal Abierto | “El gobierno está recortando la producción de conocimiento en general. Creció el desempleo, estamos en una crisis desde 2014”, denuncia Dione Oliveira, trabajadora del instituto estadístico nacional de Brasil y representante del sindicato ASSIBGE, junto a Antonio Da Matta, que pasaron por la redacción de Canal Abierto para narrar la gravedad de la situación en su país que pone en riesgo la realización y la utilidad del censo nacional proyectado para agosto próximo.

“Con el cambio de gobierno reemplazaron al directorio del instituto, que empezó a hacer muchos cambios en el planeamiento del censo demográfico 2020, y todo ese trabajo estaba siendo construido desde hace 5 años en acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, era lo que le daba relevancia a cada pregunta del cuestionario, y el día que asumió dijo una frase emblemática: ´quien pregunta de más descubre lo que no quiere´”, explican los dirigentes.

“Se eliminaron preguntas muy importantes para conocer  la realidad brasileña, como el valor del alquiler que otorga detalles sobre el déficit habitacional, el número de migrantes y emigrantes, que es muy importante para estimar la población como recurso para los municipios. El Censo constituye la única forma de tener información sobre la realidad en los lugares alejados de los centros urbanos, porque la Encuesta Permanente no llega a esos sitios”, completa Oliveira.

Ya en noviembre, en el marco del 1º Encuentro Regional de los Organismos Oficiales de Estadística de América del Sur, que se llevó a cabo en la sede nacional de ATE, en la ciudad de Buenos Aires, estatales latinoamericanos habían repudiado los dichos del presidente Jair Bolsonaro sobre la “farsa” de los datos del IBGE, ente brasilero encargado de las estadísticas.

Por último, Dione Oliveira detalla: “Hay un recorte del 28% del presupuesto para la realización del censo. La reforma previsional y la reforma laboral amplio la flexibilización de las condiciones de trabajo, creó el trabajo intermitente que era una figura que no existía, que es muy frágil, porque no se crea empleo y los que se crean son de muy baja calidad, inestables”.

Por su parte, Raúl Llaneza, delegado de ATE INDEC de Argentina recuerda: “El ataque de Bolsonaro es como el que recibimos nosotros hace una década, de generar desconfianza en el organismo, lo que pone en tela de juicio no solo la producción estadística sino los puestos de trabajo y la razón de ser de un instituto en el cual no se cree”.

Uruguay

Marcos del Campo, miembro de la comisión directiva del sindicato AsEEC de Uruguay, contó cual es la realidad que viven los empleados estadísticos de su país: “El instituto goza de muy buena legitimidad, el oficialismo y la oposición confían en nuestro trabajo, pero tenemos inequidades salariales y horarias: desde 2013 con la nueva ley de estatuto de funcionario público, los trabajadores pasaron de turnos de 6 horas y media a jornadas de 8 horas, ganando lo mismo, por eso nuestra pelea es por la reducción de la jornada laboral”.

Tanto Llaneza como del Campo, Oliveira y Da Matta, participaron de la Mesa Especial: “Las Estadísticas Públicas en los países de la región, en la perspectiva de los trabajadores”, desarrollada en el marco del 14° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo (Buenos Aires, 7, 8 y 9 de agosto), de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET), moderada por Cynthia Pok, Secretaria de Formación, Investigación y Estadística de la CTA Autónoma, y referente de ASET.

Da Matta (Brasil), del Campo (Uruguay), Oliveira (Brasil), y Llaneza (Argentina), en Canal Abierto.

Argentina

La junta interna de ATE INDEC emitió un comunicado en el que expresa la posición de los trabajadores frente a la realidad del instituto y las posibilidades ante un eventual cambio de gobierno nacional:

Hemos enfrentado con dureza la intervención política del INDEC por parte del gobierno anterior, que se dio, no sólo con la manipulación de los distintos indicadores, sino también con la persecución, despidos y represalias a quienes la denunciamos, llegando incluso a la violencia física. Que quede claro: sin la denuncia sistemática y la lucha de lxs trabajadorxs nucleadxs en ATE, la intervención y subsiguiente manipulación hubiesen pasado poco más que desapercibidas.

 Somos también quienes durante los últimos años denunciamos la precariedad de las condiciones de trabajo en el INDEC, los sueldos por debajo de la canasta de pobreza (el 68% de la planta NO alcanza a cubrirla), los recortes salariales, el acoso y violencia laboral, los despidos y la falta de pase a planta de lxs trabajadorxs en el Instituto.

 Es necesario insistir en que la actual confiabilidad de las cifras más importantes que produce el organismo es mérito de sus trabajadorxs que, a pesar de las adversas condiciones de trabajo, hacemos posible a diario la publicación del IPC, de los indicadores de mercado de trabajo, las líneas de pobreza e indigencia y más.

 Que actualmente las principales cifras sean confiables no quiere decir que no haya mucho por hacer a nivel técnico y tecnológico, ni que se estén produciendo todos los indicadores que la sociedad necesita.

  Pero, y aún mucho más importante, no se han revertido las condiciones que en el período anterior permitieron la manipulación y la intervención. Estas son:

  • El 80% de los trabajadores del INDEC no tiene estabilidad laboral.
  • Los sueldos siguen siendo bajísimos, han perdido mucho poder adquisitivo y se complementan con pequeñas sumas repartidas con discrecionalidad.
  • El director de INDEC es nombrado por el poder político y el Instituto depende del Ministerio de Hacienda.

 Es imprescindible remarcar que la precariedad contractual en el INDEC hizo posible que las amenazas con la pérdida de los puestos de trabajo y las rebajas salariales fuesen moneda corriente y disciplinaran a muchxs trabajadorxs, permitiendo abrir la puerta a la intervención política.

 Por todo esto, NO HAY NORMALIZACIÓN POSIBLE DEL INDEC sin:

  • Pase planta permanente de todxs lxs trabajadores
  • Independencia política de todos los gobiernos
  • Igual tarea, igual salario.
  • Jerarquización de la carrera administrativa.

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