Por Nahuel Croza | Leonel Sotelo, Kiki Lezcano, Sergio Jasi, Diego Cagliero, Víctor Balza, Fernando Latorre, Matías, Andrés Núñez, Nahuel Hormachea, Fabián Gorosito, Germán Gómez, Lucas Décima, Ezequiel Demonty, Pablo “Paly” Alcorta, Nazareno Vargas, Agustín Curbelo, Federico Bazan, Pablo Borja Ledesma, Marco Antonio Ledesma, Ismael Sosa, Matías Casas, Luciano Arruga, los pibes de Monte: Camila, Gonzalo, Danilo y Aníbal; Ismael Ramírez… la lista es eterna, como la aflicción de esas madres, hermanos y amigos, de algunos padres.

No es un equipo de fútbol, es un listado azaroso, a vuelo de pájaro, del frente de la 5ta. Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil. Según el último informe de la CORREPI, son alrededor de 6.500 las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el retorno de la institucionalidad democrática.

No es un equipo, pero sí una selección que refleja una línea de conducta estatal. Pibes pobres, jóvenes, ¿con gorra?, morochos mayoritariamente, presos por algún crimen menor, de barriadas con derechos por décadas violentados. Asesinados por balas de las fuerzas represivas en acciones oscuras, en las que la legítima defensa y el supuesto intento de robo suelen ser la justificación para el crimen estatal, ejecutado por agentes provenientes, muchas veces, de esas mismas periferias.

Otros encontraron la muerte “suicidados” en una celda de alguna comisaría conurbana, o en un incendio en una dependencia policial que décadas atrás, en una continuidad perversa, fue un centro clandestino de detención, tal el caso de la Comisaría 1º de Pergamino.

Los que participaron anteriormente de estas marchas pueden recordar que las primeras eran encabezadas por un puñado de familias, no más de diez madres, algunas organizaciones. Ayer, era abrumadora la cantidad de casos que se denunciaban, la cantidad de ojos rojos y dientes apretados cantando: “Basta de gatillo fácil, basta de represión, no es un solo policía, es toda la institución”. Cada núcleo con su cartelito, su remera, su pancarta y siempre la foto de un pibe, alguna selfie, un muchachito endomingado para el cumpleaños, siempre visera nunca gorra.

Y las familias no se equivocan, como tampoco la ministra Bullrich. “No es un solo policía…”, las balas del gatillo fácil no son balas perdidas, de loquitos sueltos. Los agentes responden a reglamentos escritos o no, a arengas, a intereses de la economía doméstica de cada taquería. Y también, a los discursos ministeriales que avalan e incentivan estas prácticas.

A la noche, tras la marcha, Bullrich sostenía en televisión el accionar de las fuerzas de seguridad, victimizaba a los victimarios, defendía el modelo estigmatizador y represivo que precisa el poder para domesticar al ejército de pobres de reserva que les permite ajustarnos cada vez más la vida. La discusión histórica se saldó hace rato, son más baratos los proletarios que los esclavos. Los trabajadores son excedente, carne de bala fácil.

Foto Galeria: Crónica visual de la quinta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil

«Nos matan un pibe o piba cada 21 horas», denunciaron las familias en el documento final. Según María del Carmen Verdú, referente de la CORREPI y abogada antirrepresiva, las proyecciones del informe 2019 son peores, en el último año de mandato de Macri se superó el índice de un muerto cada 21 horas, “es enorme la cantidad de casos. Nos están llegando dos o tres por día”, dijo.

Así como es demoledora la cantidad de casos, la cantidad de pibes asesinados, tras cinco años de marchas se ve que es mayor la organización, que es menor el miedo de esas familias que se abrazan para encontrar en lo colectivo la fuerza para seguir luchando por un poco de justicia del Estado, o al menos un poco de dignidad para seguir viviendo.

Allí estaba, también marchando, Mirta Acuña de Baravalle, madre de Ana María, secuestrada y desaparecida por la última dictadura cívico militar. Mirta, una de las 14 madres que el 30 de abril de 1977 dieron luz a las Madres de Plaza de Mayo, que también integró el grupo fundador de Abuelas de Plaza de Mayo.

En la mañana de ayer, a 43 años del secuestro de su hija embarazada y su yerno, presentó un nuevo habeas corpus para exigir al Estado respuestas por el destino de su hija, su yerno y de Camila o Ernesto, el nieto o nieta que según testimonios nació en cautiverio y del que ignora el paradero.

Así, marchando, este pueblo aprendió a reparar el horror que provocan los que gobiernan, y a seguir exigiendo justicia.

 

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