Redacción Canal Abierto | Cristian Gallardo salió a bailar y cuando volvió se quedó en una vereda charlando y bebiendo con sus amigos. La policía llegó hasta ese domicilio bajo la excusa de haber recibido una denuncia por asalto. Sacaron a Cristian a golpes de la casa, lo metieron en la furgoneta en la que se manejaban y continuaron la golpiza.

Vecinos declararon que los gritos duraron veinte minutos y después todo fue silencio. La familia se enteró de la detención y lo buscó por horas en las comisarías cercanas. Pasado el mediodía les informaron que el joven había fallecido por un ataque de epilepsia.

“Yo palpé su cabeza, estaba destrozada, la mitad del dedo se hundía en la sien izquierda, tenía un ojo reventado, las piernas, el estómago y la espalda con cortes y moretones”, contó Sandra Salas, tía de la víctima, que reconoció el cuerpo en la morgue.

A pesar de los golpes evidentes y la sangre en los pulmones, la primera autopsia arrojó “causal de muerte indeterminada”. La familia tomó fotos y videos del cuerpo, lo cual sirvió para solicitar un segundo examen. En este, la causa fue paro cardio respiratorio.

Los policías responsables de este salvaje acto son Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea. Sólo Ozuna registra el caso de Gallardo como un primer antecedente penal. El oficial José Llaves tiene un antecedente penal de mayo de 2018 por “vejaciones agravadas por el uso de violencia”. El suboficial Ricardo López registra “violencia familiar” en agosto de 2008, de “amenazas” en marzo de 2016 y en abril de 2017 otro grave por “vejaciones calificadas y privación ilegítima de la libertad”. Finalmente, el suboficial Jorge Olea tiene un antecedente de junio de 2017 por “vejaciones agravadas por el uso de violencia y lesiones graves”.

Se encuentran detenidos bajo la carátula de homicidio culposo, por lo cual la causa puede no llegar a juicio. Sin embargo, Sandra Salas contó a Canal Abierto que están trabajando junto a la fiscal y sus abogados para agregar los exámenes agravados y apremios ilegales al expediente y lograr un cambio de carátula.

Este no es el primer caso de este tipo que sucede en la provincia. Hubo dos más similares al de Gallardo, y uno que recibió un tiro por parte de un oficial de la fuerza. “Nosotros queremos justicia por Cristian para que estos abusos no se sigan generando porque generalmente los chicos son levantados de la calle por portación de cara o vestimenta”, agregó Salas.

“La policía está para cuidar y hacer cumplir la ley, no para matar. Con Cristian lo que debieron hacer fue arrestarlo, llevarlo a fiscalía, que tenga un juicio justo, y si se comprobaba su delito, que cumpla una condena. Hay modos para proceder ante esto, pero estos policías se pasaron, abusaron de su autoridad, de su uniforme y de sus años en la fuerza”, comentó la mujer.

La familia también sospecha de una complicidad del gobierno provincial para encubrir a estos oficiales, sobre todo por la campaña electoral y cómo pueda afectar esto en la opinión pública.

El ministro de Seguridad, Carlos Oliver, pasó por la Legislatura el lunes para declarar sobre el avance de la causa. Su presentación hizo que la preocupación de la familia tenga más sustento. Justificó el allanamiento sin orden judicial a una vivienda de Finca Independencia, invocando la facultad policial de actuar ante un caso de flagrancia y de acuerdo al Código Procesal Penal.

Pero los detalles, tan bien memorizados por el funcionario se agotaron al momento de responder qué pasó con Gallardo, una vez que fue detenido. No supo responder sobre el primer video que circuló la semana pasada donde se escucha una golpiza tortuosa. Tampoco fue claro al contestar por qué Gallardo no fue asistido por un médico ante una supuesta “descompensación”, y menos aún por qué estuvo varias horas en condición de detenido ilegal al no ser trasladado a la Alcaidía General.

“Los policías se abstuvieron de declarar, y por eso no sabemos dónde estuvo Cristian desde que lo golpearon hasta que nos avisaron que había muerto. Qué pasó desde las 6.30 hasta las 12.30 son horas en blanco que necesitamos llenar. No sabemos si lo tiraron en una celda ya muerto o si lo tuvieron en la camioneta mientras deliberaban qué hacer con el cuerpo. Todas las suposiciones que podemos hacer son dolorosas”, expresó la tía de la víctima.

Mientras, familiares y vecinos continúan con las manifestaciones en pedido de justicia y la causa sigue investigándose.

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