Por Alejandro Volkind / Revista Cítrica | La primera dificultad con Daniel Ruiz es que pocos lo conocen.
¿Quién es Daniel Ruiz?
¿El laburante que hoy cumple un año preso por enfrentar la Reforma previsional? ¿El delegado que terminó organizando a sus compañeros de pabellón?
¿El fanático de River que escribe una crónica desde la cárcel sobre el Superclásico y cita a Marx? ¿El petrolero de Comodoro Rivadavia que se templó bajo las heladas? ¿El padre que sólo quiere volver a estar con su hija?
¿El morocho que tiene sangre mapuche en el cuerpo? ¿El desocupado que aprendió la democracia en las asambleas piqueteras de los ’90? ¿El preso que arrancó hace unos días una huelga de hambre en el penal de Marcos Paz porque está sin condena y sin fecha de juicio?
La historia de Daniel Ruiz es la de una injusticia que necesita ser conocida.
«Me necesitan preso», dice Daniel Ruiz para explicar porqué no está en libertad en un proceso sin fecha de juicio.
Una cacería amplificada por los medios
La primera derrota de Macri fue en la calle. Y fue un diciembre. El Gobierno venía de ganar cómodo las elecciones de 2017 y consideró que era el momento adecuado para avanzar con sus objetivos de fondo: destruir el sistema previsional y los derechos laborales. “El cambio cuesta, pero no hay excusas: es ahora o nunca”, advirtió el Presidente de la Nación cuando presentó los proyectos de las reformas laboral y previsional en el Congreso.
Pero la prepotencia del “ahora” se topó con un obstáculo: el pueblo. En aquel diciembre, miles y miles de laburantes salieron a la calle y desafiaron los planes del macrismo. Daniel Ruiz fue uno de ellos. Motivos no le faltaban: «Los petroleros -dice ahora en una pequeña sala en Marcos Paz, mientras se produce la charla mano a mano con Cítrica– trabajamos a la intemperie, en el medio de los yacimientos, con clima hostil. Por eso nos jubilamos a los 50 años. Con la Reforma previsional quieren que nos jubilemos a los 65 años».
La insolencia de los laburantes fue respondida con balas de goma. El 14 de diciembre, la represión en las afueras del Congreso fue tan escandalosa que tuvieron que suspender la sesión. “Es ahora o nunca”, había dicho Macri y reprogramó la discusión parlamentaria para cuatro días más tarde.
El 18 de diciembre, «el mejor equipo de los últimos 50 años» desplegó un operativo acorde a sus intenciones: bloqueó el Congreso con vallas, puso en marcha los carros hidrantes y desplegó 1200 policías de la Ciudad con sus perros por los alrededores del Parlamento.
La jornada fue, lógicamente, una cacería. Siete manifestantes recibieron balazos de goma en sus ojos (cuatro de ellos perdieron la vista), otros recibieron ráfagas a menos de un metro de distancia, varios jubilados fueron atropellados por motos policiales y rociados con gas pimienta en la cara, y hasta hubo que evacuar la estación Sáenz Peña del subte A porque no se podía respirar a causa de los gases. La Reforma previsional se aprobó, pero herida de muerte.
Esa misma noche, miles de personas autoconvocadas marcharon desde los barrios hacia el Congreso y se concentraron en distintas plazas de todo el país repudiando el ajuste y la represión.
El espíritu del 2001 dijo presente y, en ese contexto, el Gobierno buscó ocupar el lugar de víctima. La estrategia fue la de poner en la tapa de los diarios a Sebastián Romero, un militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unidos (PSTU) que estuvo en primera fila tirando un mortero pirotécnico, como el verdadero peligro para la democracia. Y mientras los medios reproducían hasta el cansancio las imágenes del “gordo del mortero”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a cazarlo como si se tratara de un prófugo nazi.
Con miles de personas movilizadas contra la Reforma previsional, el Gobierno desató una cacería.
Pero los meses pasaban y la ministra de hierro comenzó a mostrar los hilos de su impericia. En julio de 2018, mientras aseguraba que Romero estaba “cercado”, elevó a un millón de pesos la recompensa para quien brindara información sobre su paradero, el doble de lo ofrecido para criminales de lesa humanidad y narcotraficantes.
Sin datos sobre Romero, Bullrich decidió detener a Daniel, su compañero del partido. «Mi detención -dice- es una directa apretada a Sebastián Romero, para que el compañero se entregue». Ruiz no tiene condena ni fecha de juicio. En medio de ese limbo judicial, esta semana comenzó una huelga de hambre para exigir ser recibido en los tribunales, junto a sus abogados y la fiscalía.
Si la Justicia no escucha sus palabras, será el estómago el que tenga que hablar.
«Mi detención es una directa apretada a Sebastián Romero, para que el compañero se entregue»
¿Vos sos Ruiz?
Solo, en la celda, Daniel escuchó la pregunta y sin levantar la mirada empuñó con fuerza el termo. Recién llegado a Marcos Paz, todo era un alerta. Compartía pabellón con presos por homicidio, piratas del asfalto y secuestradores. Sabía que el Servicio Penitenciario había puesto a correr que pagarían un millón de pesos al que ubicara a Sebastián Romero. Era cuestión de horas para que alguien picara y se acercara a preguntar.
-¿Vos sos Ruiz?
Daniel amagó con el termo, lo único que tenía a mano.
-No, pará -lo tranquilizaron-. ¿Vos tenés contacto con gente de Derechos Humanos?
La pregunta, impensada, le devolvió la respiración. También le abrió un nuevo horizonte en el pabellón: el de portavoz de los reclamos. Sin buscarlo, Daniel se dio cuenta de que, aun en el encierro, seguiría en la lucha porque Marcos Paz «es un lugar atroz para las personas presas». La definición no es suya, sino de la propia Justicia, que hace dos meses terminó prohibiendo nuevos ingresos al penal: hay 2800 privadas de su libertad, mientras el cupo es de 1472 presos.
Daniel habla sobre la realidad carcelaria: “Acá había mucha calentura porque, por la superpoblación, impusieron por la fuerza la celda de a dos, sacaron el gimnasio y achicaron la cancha de fútbol para agregar pabellones». «Terminamos armando un petitorio”, agrega.
El Servicio Penitenciario hizo circular en los pabellones que había una recompensa millonaria para dar con el prófugo Romero.
La respuesta de los penitenciarios ante la organización de los presos fue el miedo. Y el castigo. “En media hora tienen que desalojar el pabellón”, les ordenaron unos días más tarde. Los 50 internos fueron trasladados a otro pabellón completamente derruido, con inodoros sin botones, vidrios rotos y muchas celdas sin agua.
Los presos llegaron con ganas de ir al choque. Daniel habló: “En caliente nada. Yo experiencia en huelgas tengo, en motines no. Y nunca vi un motín victorioso”.
Al otro día, por primera vez, hicieron una asamblea. “En la cárcel se dice que uno entra solo y se va solo, pero eso nos quiere hacer creer la gorra porque nos quiere dividir”, dijo Daniel mientras los penitenciarios apuntaban desde arriba. “Pero no estamos solos, están nuestras familias y nuestros compañeros. Hay muchas cosas por las que pelear. El pabellón hay que levantarlo y de acá nos vamos todos juntos. No les vamos a dar el gusto”.
Daniel logró organizar una asamblea y entre los detenidos armaron un petitorio por las pésimas condiciones de detención.
Comodoro
En la cárcel, a Daniel lo apodaron «Comodoro» por su origen chubutense. “Nada de acá es distinto a mi barrio”, explica. Dice Comodoro Rivadavia, su ciudad, «es muy violenta, con profundas desigualdades». Pone un ejemplo: «Pan American Energy factura 4 mil millones de dólares al año y la ciudad no tiene acueductos ni hospitales de alta complejidad”.
Capital nacional del petróleo en los ’90, Comodoro Rivadavia también fue cuna de la desocupación, el hambre y la lucha. En ese fuego se horneó Daniel: “Mi primera asamblea fue en 1998 por un corte de luz. Habían echado a 3 mil laburantes y nadie podía pagar”. Así surgió la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, emblema del movimiento de desocupados en su provincia, y Daniel se transformó en uno de sus dirigentes.
Esos años los pasó entre piquetes y pañales: “Mi hija nació en el 2001, cuando cayó Lopez Murphy. Me acuerdo porque tengo una foto en la ruta donde la tengo en brazos”.
En 2002 y después de una larga pelea, Daniel logró entrar a Repsol. “Ahí sentí más hostilidad que al entrar a la cárcel”, compara. “Como era piquetero me mandaron a hacer los peores laburos. Estuve todo un año paleando con un frío de 17 grados bajo cero, pero aguanté por dignidad. Me quería ganar el respeto de mis compañeros”.
Luego entró a trabajar en el pozo y fue elegido delegado. “En el petróleo trabajamos en equipo, con barras que pesan 300 kilos. Cuando perforás, ves sólo la mano de tu compañero. Tenés que confiar en el nudo que hizo”. Remarca: “Cuando hacés eso en una huelga, no podés perder”.
Es la misma confianza que le tiene a su compañero Sebastián Romero. “Estoy muy orgulloso de vos porque este gobierno se va a ir, y con él Patricia Bullrich, a quien le gusta reprimir y matar por la espalda, pero no han podido encontrarte”, le escribió en una carta abierta. “Si tengo que estar preso para que vos estés bien lo haré, porque sé que tu libertad es el peor castigo para el gobierno cipayo y antiobrero de Cambiemos”, asegura con convicción.
«En Repsol sentí más hostilidad que al entrar a la cárcel»
Un trofeo para el Gobierno
“La incidencia del Poder Ejecutivo en el caso es clara”, dice Martín Alderete, el abogado de Ruiz. Su defendido está acusado de haber participado ese 18 de diciembre en «una especie de complot» para tirar vallas y lesionar policías utilizando un arma de “fabricación casera”. Sin embargo, durante la investigación judicial nada de eso se pudo comprobar y terminó siendo procesado por intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad.
“La prueba que hay en contra de él es una imagen que dura menos de dos minutos donde se lo ve a 15 metros del cordón policial y utilizando material pirotécnico de venta libre, disparando hacia arriba”, asegura Alderete y aporta más detalles: “Hay 7 horas de grabación de ese día, entre cámaras de la Policía y de los medios de comunicación, y en ese lapso hay un montón de gente a la que se ve tirando piedras, derribando las vallas, enfrentándose con la Policía. A Daniel sólo se lo ve dos minutos disparando hacia arriba un tipo de pirotecnia que genera ruido y que sólo es riesgosa para quien la está manipulando”.
El juez Torres recibió a Daniel en su despacho antes de su detención, pero lo mandó a la cárcel por una posible fuga del país.
Para el Gobierno, en cambio, se trató de un arma de fabricación casera. La Justicia nunca avanzó en ese sentido: “Nosotros solicitamos que un experto en explosivos explique cómo es su funcionamiento y los riesgos que conlleva -dice Alderete-. No le rehuimos a la discusión, al contrario, queremos ir a fondo. Con las imágenes del video, cualquier perito se da cuenta que no es un arma de fabricación casera, sino tan sólo un elemento pirotécnico, pero la pericia nos fue negada sistemáticamente”.
Ni las inconsistencias de la acusación ni la permanencia en prisión de Daniel tienen explicaciones coherentes. De hecho, el delito por el que se lo acusa es excarcelable e incluso podría recibir una pena en suspenso.
Su abogado es claro: no debería haber pasado ni un solo día detenido. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N° 3 negó su excarcelación en al menos dos oportunidades con el argumento de que, al ser miembro del mismo partido político que Romero, hay peligro de fuga.
La sospecha resulta, cuanto menos, infundada. Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 -momento en que lo detienen por orden del juez federal Sergio Torres-, Ruiz viajó dos veces a Brasil por actividades sindicales y luego regresó al país. En junio, tres meses antes de que lo metieran preso, encabezó un acto en Comodoro Py para reclamar por el cese de la persecución a Romero y hasta se vio cara a cara con el juez que luego pidió su detención: “Yo subí al despacho de Torres para entregarle un petitorio y lo recibió él mismo en persona, tengo la copia con el sello”.
«Me necesitan preso», dice Daniel. En el transcurso de este año detenido en Marcos Paz, le hicieron treinta y nueve juegos de fichas dactilares, que circularon por todo el país y también en el exterior. Querían descubrirle algún delito pasado: “No hay nada, toda la vida fui un trabajador. No pasé ni una noche en una comisaría. En la cárcel tengo diez en conducta. Me podrían dar la domiciliaria con la tobillera». ¿A qué se debe la negativa? «Me necesitan preso”, insiste.
La lucha se lleva en la sangre
Su fama de sindicalista corrió rápidamente dentro del penal. «¿Vos sos Ruiz?», volvió a escuchar la pregunta, pero esta vez en boca de un agente penitenciario. «¿Sabés si vamos a cobrar el bono?», le preguntó. Ruiz respondió lo que pudo y entonces supo que, aunque no quisiera, iba a seguir militando adentro.
Con el pabellón en plena organización y habiendo logrado varias conquistas, el Director del penal le ofreció trasladarlo a un lugar mejor, “donde tienen anafe para calentar el agua”. Daniel rechazó la oferta: “Yo ya me hice acá, y encima tendría que devolverte un favor. Además, no sería una forma elegante de irme”.
Desde entonces, siguió calentando el agua con la metra. “Son dos cables y un hierro”, explica. Con la metra también se suele cocinar. En la cárcel está la costumbre de recibir a las visitas con algo, lo poco que se pueda. La primera vez que vino a visitarlo su hija, Daniel había cocinado unos pancitos, pero sus compañeros le obsequiaron una pizza: “Acá adentro vamos construyendo lazos. Para el Estado, la vida humana no vale nada, pero yo confío en la gente. Acá hay talento desperdiciado. Un estímulo para reducir la pena es estudiar, pero ¿quién te da una hoja? La cárcel no es rehabilitación, es un castigo”.
Por la organización de los presos, el Director del penal le ofreció un traslado a un lugar más cómodo. Daniel lo rechazó.
Daniel afirma que el suyo es un caso entre miles. “El 57 por ciento de los presos de este país están con prisión preventiva, lo cual quiere decir que muchos de los que estamos acá tranquilamente podríamos estar libres», señala. ¿Cuál es la medida del ajuste en la cárcel? «El recorte presupuestario que hay en educación y en salud, también se ve acá: cada vez es menos la cantidad y la calidad de la comida que se entrega a los compañeros de los pabellones, los insumos de limpieza… la sobrepoblación carcelaria genera que las cloacas colapsen, que el agua no sea suficiente, que haya cortes de luz continuos porque no dan abasto».
Ese contexto, en vez de desanimarlo, le da nuevos motivos para defender sus convicciones: “Hasta el último día de mi vida voy a pelear por los presos, porque este sistema es una maquinaria atroz. Cuando era piquetero peleaba por que desaparezcan los piqueteros. Y acá lo mismo”.
-¿Cómo estás vos? -le pregunto.
-Yo estoy bien porque estoy vivo.
La habitación donde transcurre la charla es gris, húmeda, austera y sin ventanas del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
“Ya hemos dado muchos mártires a la causa: Teresa Rodríguez, Rafael Nahuel», enumera. ¿Cómo sigue esto? «Tengo la paciencia que se necesita. Este pagaré no queda impune: o lo cobro yo o lo cobra otro».
-¿Quién es Daniel Ruiz?
-Un luchador. Alguien que no baja los brazos.