Redacción Canal Abierto | A comienzos de este año, el país se conmovió con la historia de Lucía. Con apenas 11 años, a Lucía la violó la pareja de su abuela y el sistema médico tucumano la obligó a parir un bebé que falleció a los pocos días. Lo hizo contra la voluntad de la niña, de su familia, y del Código Penal promulgado en 1921, que permite a casos como el suyo una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La violación de sus derechos se hizo de forma sutil: se postergó la decisión durante un mes hasta que ya no fue posible realizarle un aborto.
Este viernes 27, su caso será presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lucía será el ejemplo ante el organismo internacional de cómo el Estado argentino incumple con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación del aborto no punible, y con los derechos de las mujeres y niñas que encuadran en las generales de una ley que, con casi cien años de antigüedad, resulta de vanguardia para la Justicia que impera en gran parte del territorio nacional.
“Es importantísimo que la CIDH haya aceptado la solicitud que hacemos para visibilizar el tema. Que la audiencia suceda, que tenga un lugar, una fecha, que la Comisión esté interesada es una alerta para el Estado argentino, para marcar sus responsabilidades, sus punciones y sus obligaciones”, explica Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), y una de las especialistas que viajará a Washington para defender la presentación ante el organismo.
ANDHES es la entidad que lleva adelante la defensa de Cecilia Ousset y José Gijena, los médicos que le realizaron la cesárea a Lucía (porque la ILE ya no era posible). Pese a que su caso encuadraba en la práctica de un aborto no punible -que está contemplado cuando es fruto de una violación o cuando la salud o la vida de la gestante corrieran peligro-, todos los demás médicos se negaron a realizar la intervención, alegando “objeción de conciencia”. Como recompensa, Ousset y Gijena recibieron una denuncia de sectores antiderechos por “homicidio”.
Quedó sin efecto la cautelar que impedía aplicar el protocolo para abortos no punibles en Córdoba. Entre tanto oscurantismo, la noticia que podemos festejar. https://t.co/aS9asV3eG8
— Julieta Fantini 💚 (@julifantini) September 24, 2019
“Vamos a presentar la temática de los obstáculos en la ILE, haciendo foco en las niñas víctimas de violencia sexual. Para poder ejemplificar, vamos a presentar el caso de Lucía pero no la reseña de su historia, sino cada uno de los obstáculos con los que ella y tantas otras niñas se encuentran para realizarse una ILE cuando son víctimas de abuso sexual -cuenta Marchese, en diálogo con Canal Abierto -. Y uno de los puntos claves es el federalismo de la Argentina y cómo el Estado nacional no garantiza un piso mínimo de igualdad entre las provincias. El acceso a la ILE se complejiza y se problematiza dentro de las provincias. Tucumán, por ejemplo, no adhiere a las leyes de Educación Sexual Integral ni a las de Derecho Sexual y Reproductivo. No es casual que hacia adentro de las provincias tengamos tantas Lucías”.
En números, en la Argentina, cerca de 100.000 adolescentes y entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz cada año. En el caso de las niñas, el 80% de los embarazos son producto de violencia sexual y la mayoría de ellos ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas. Estas tasas son mucho más elevadas en las provincias del norte.
Más información: Tucumán, el corazón de la Edad Media
Sobre el tema, Marchese analiza: “En el norte y en algunas provincias hay grupos muy conservadores y antiderechos, y la presencia eclesiástica es muy fuerte. Eso incide y termina siendo obstáculo para el acceso a derechos en niñas, para la perspectiva de género, y para aplicar ILEs. Estos agentes son parte de la estructura del mismo Estado y terminan ejerciendo su función en la salud, la educación o la justicia desde sus creencias religiosas y opiniones personales. También la denuncia va en clave de eso: cómo un hospital público puede declararse objetor de conciencia a la hora de practicar un procedimiento legal, que es lo que sucedió en el caso de Lucía”.
El problema no es sólo el norte. Recién hoy, en Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la cautelar interpuesta por el grupo antiderechos Portal de Belén que impedía aplicar el protocolo para abortos no punibles en la provincia.
La petición contempla, además, que el Estado argentino incluya el embarazo forzado en las niñas como una forma de tortura y de violencia institucional en sus programas de Educación Sexual Integral y en el Sistema de Salud. Y que en estos casos también se habilite la palabra de las niñas, es decir que su opinión sea tenida en cuenta a la hora de decidir sobre sus cuerpos.
El pedido se encuadra en la ley nacional 26.061, de 2005, y en la Convención sobre los Derechos del Niño que se encuentra vigente desde 1990 en la Argentina.
La importancia del hecho
La CIDH es el órgano internacional que hace recomendaciones en materia de política pública a los países y al que puede recurrirse cuando se agotan las vías locales para garantizar derechos que están siendo vulnerados. Los Estados que forman parte -el argentino, en este caso- deben accionar en función de esas sugerencias.
Junto con ANDHES, la presentación el organismo fue realizada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (REDLAMYC), y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (CLADEM Argentina). Tendrá lugar el 27 de septiembre, en el marco de la Audiencia Temática del 173° Período Ordinario de Sesiones de la CIDH.
Como la desatención de la salud y la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes es una situación que se repite en todos los países de la región, también participan del pedido de audiencia y de la denuncia redes de El Salvador, Guatemala, Brasil, Chile, Paraguay, y Uruguay.