Colombia

Los Nasa son uno de los 110 pueblos indígenas del país desplazados hacia las montañas tras la Conquista, y luego con las plantaciones masivas de caña de azúcar. Desde 2015 comenzaron a realizar acciones directas, derribando plantaciones de caña y sembrando alimentos orgánicos. También liberaron zonas para nuevamente cubrirlas con vegetación nativa, lo que denominan “la liberación de la madre tierra”. Como consecuencia han recibido el ataque estatal y paramilitar que ya provocó al menos ocho muertes y aproximadamente 600 acciones de desalojo.

El territorio ancestral de los nasa se ubica en la región norte del Cauca, una zona tapizada con 330 mil hectáreas de monocultivo de caña producida principalmente para la fabricación de etanol, utilizado para la elaboración de combustible automotor. El problema no es sólo la ocupación de territorio sino el consumo de agua que semejante mancha verde produce: se estima que alcanza los 25 millones de litros de agua por segundo, proveniente de arroyos que bajan de la montaña y de pozos perforados. Agua que deja de ser un elemento vital para ser commodity, tras su conversión en combustible.

Los nasa denuncian que tras la firma de la paz de los gobiernos, permanecen más de 35 mil soldados en el norte del Cauca, en lo que consiste un copamiento militar para asegurar la paz del negocio de la caña, principalmente de INCAUCA S.A. el mayor ingenio de Sudamérica.

“Llegó la hora de liberar la tierra porque está esclavizada y la están matando”, dice uno de los integrantes del Movimiento de Liberación de la Madre Tierra en declaraciones a Avispa Midia. “El objetivo de esta acción es dejar que se enmonte la tierra, porque entonces así volverá la diversidad, volverán las aves, los microorganismos y las plantas que fueron consideradas sus enemigas. Volverán los arboles”, agrega.

Además de liberar la tierra del monocultivo de caña con los alimentos cultivados y cosechados realizan otra acción directa regalando la comida producida en los barrios más pobres de grandes ciudades como Cali, Medellín, Manizales y Bogotá. A esta acción la bautizaron “Marcha de la Comida”.

 El video muestra la destrucción de 20 hectáreas de cultivos de frijol, maíz, plátano y otros alimentos sembrados por comunidades Nasa en los sitios de liberación de la madre tierra, en Corinto Cauca, a manos de efectivos estatales y maquinarias del ingenio Incauca S.A.

 

México

El informe de Global Witness de julio de 2019 titulado “¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras”, contabilizó que más de tres personas fueron asesinadas en el planeta cada semana durante 2018 por defender su territorio y el medio ambiente de todos. Muchos más fueron criminalizados y judicializados por las mismas razones.

Según el informe, México es uno de los países más peligrosos para quienes luchan por proteger la tierra y el medio ambiente, con al menos 14 personas asesinadas sólo en 2018.

El activista Julián Carrillo fue asesinado a tiros en Coloradas de la Virgen, una comunidad aislada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Era uno de los grandes defensores de la tierra y territorio del pueblo raramuri.

Julián Carrillo era un fuerte opositor de las concesiones mineras en las tierras de su comunidad, en la sierra tarahumara en el Estado de Chihuahua. Había sobrevivido al asesinato de cinco miembros de su familia en dos años y al incendio de su casa. Había recibido numerosas amenazas de muerte y contaba con protección estatal. El 24 de octubre de 2018 lo encontraron acribillado.

Los gobiernos, las empresas y grupos criminales paraestatales y para-empresarios roban tierras y destruyen hábitats naturales para obtener ganancias, a medida que la demanda de productos como la madera, el aceite de palma y los minerales continúa creciendo. La gente que vive en las tierras afectadas, si se defiende, se convierte en una molestia, en un impedimento para el libre flujo del capital… que debe ser eliminado en pos de la acumulación de ganancias. Si los abogados no alcanzan llegan las balas.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), incrementa la cifra brindada por Global Witness, llevando a 21 los defensores asesinados en el país en 2018. “Los asesinatos continúan, los conflictos continúan y no hay una solución. Tampoco se toman medidas preventivas para que éstos ya no se generen”, declaró Alejandra Leyva, abogada de CEMDA a Gatopardo. La mayoría de las personas asesinadas y violentadas pertenecen a “comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y comunidades equiparables como organizaciones no gubernamentales e independientes”, informa al estudio de CEMDA.

Otro dato relevante que aporta el CEMDA es que el Estado no sólo es promotor de esta problemática, también es perpetrador. “El 36 por ciento de los ataques —es decir 19 de los 49 registrados— fueron cometidos presuntamente por el Estado”, detalla el reporte.

 

Filipinas

El 20 de octubre de 2018, hombres armados mataron a tiros a nueve productores de caña de azúcar y quemaron sus ranchos en la isla filipina de Negros, entre ellos tres mujeres y dos adolescentes. Este país asiático encabeza el ránking de asesinatos a defensores del ambiente.

La masacre de la isla de Negros no es un caso aislado. Los suelos fértiles de las islas y sus abundantes bienes comunes han atraído a capitales extranjeros que asociados con el ejército y los gobiernos sostienen a la población en la pobreza expoliando sus tierras.

El actual presidente Rodrigo Duterte inició una campaña de “guerra contra las drogas” que según estimaciones ya produjo 20.000 muertes, 5.000 de ellas a manos de la policía filipina. Desde el gobierno afirman que la iniciativa busca arrestar a presuntos narcotraficantes y consumidores, pero en realidad han desatado una ola de ejecuciones extrajudiciales en áreas urbanas pobres y una campaña de terror entre la población, procurando quebrar la resistencia de los luchadores. Para complejizar aún más este panorama, el pasado julio Duterte lanzó una iniciativa para intentar reimponer la pena de muerte en el país.

Un caso testigo que releva Global Witness es el arrendamiento irregular de tierras de comunidades indígenas por parte de la multinacional Dole para la producción de bananas. La empresa que durante 2016 y 2017 exportó bananas por U$S 647 millones fue denunciada por subarrendar las tierras al empresario Rómulo T. De León III (dueño de una de las fábricas de armas más grandes de Filipinas). Habitantes de la comunidad afirman que nunca aceptaron legalmente el contrato de arrendamiento de De León para operar en sus tierras ancestrales, y alegan que se falsificó su consentimiento a través de fraude.

 

Brasil

La resistencia de las comunidades originarias al avance de los deforestadores y los taladores de bosques en Brasil es muy importante. La respuesta de los socios del agronegocio, envalentonados con el salvajismo de Bolsonaro, fue la declaración del “día del fuego” que incrementó los incendios que avanzaron este año sobre la Amazonia.

Los munduruku han decidido autodeterminar sus territorios por la amenaza que significa la construcción de la hidroeléctica Tapajós para sus vidas.

“Recientemente, ganaderos y hacendados lanzaron un llamamiento que llamaron Día del Fuego, en apoyo a los dichos y políticas de Bolsonaro. No hubo ningún gobierno que haya llegado a tanto, el mayor bioma continental del planeta está en peligro”, señaló el ambientalista Alexandre Araujo Costa a Canal Abierto.

El pueblo indígena Munduruku, de la región alta y media del río Tapajós, en el estado de Pará, ha denunciado la devastación de los bosques provocada por la industria minera y maderera. En 2014 comenzaron un proceso de autodemarcación de la Tierra Indígena Sawre Muybu, consiguiendo que dos años después el estado iniciara los trámites para su reconocimiento a través de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), institución que agoniza en estos días bajo la gestión Bolsonaro.

Recientemente los Munduruku expulsaron a un grupo que encontraron realizando tala ilegal. “Bajo presión, ellos pasaron toda la madrugada sacando 11 máquinas pesadas, 2 camiones, 1 cuatriciclo, 1 balsa y 8 motos. Todos sin placa de identificación”, describen en un comunicado del pueblo indígena de la amazonía.

 

Reproducimos un fragmento del comunicado del pueblo Munduruku
La autodemarcación y la autodefensa de nuestro territorio continúa. Nosotros, pueblo Munduruku del Medio y del Alto Río Tapajós, seguimos con la autodemarcación de nuestro territorio Daje Kapap Eipi, conocido como Tierra Indígena Sawre Muybu. Caminamos más de 100 km en nuestro territorio, en la tierra que ya tiene un Reporte Circunstancial de Identificación y Delimitación, publicado en el Diario Oficial desde abril de 2016.

Organizados en 5 equipos –los guerreros Pusuru Kao, Pukorao Pik Pik, Waremucu Pak Pak, Surup Surup y la guerrera Wakoborun– continuamos a defender nuestro territorio sagrado. Nuestra resistencia siempre fue así. Como nuestros antepasados, que siempre vencían las batallas y nunca fueron alcanzados por las flechas de los enemigos, nosotros también continuamos limpiando nuestras brechas, supervisando, formando equipos de vigilancia y fundando nuevas aldeas, como Karoebak, en el Río Jamanxin.

Durante esta quinta etapa de autodemarcación y reapropiación de nuestro territorio, hemos encontrado nuevas veredas y varios caminos abiertos por los madereros y palmiteros adentro de nuestra tierra. Hemos expulsado a dos grupos de madereros que habían invadido nuestros territorios.

Nos enojamos mucho al ver nuestros árboles derrumbados y nuestros castaños hechos pedazos de madera, arriba de los camiones. Y sabemos que, después de sacar toda la madera, van a querer transformar nuestra tierra en un gran pastizal, para el ganado. Por eso, hemos dado un plazo de tres días para que los invasores retiraran todo su equipo.

Por su parte Richard Pearshouse, asesor general de Amnistía Internacional sobre crisis y medio ambiente, señaló que “Los pueblos indígenas de Brasil y sus tierras se enfrentan a enormes amenazas, y la situación pronto se volverá insostenible en la estación seca. El gobierno debe proteger a los pueblos indígenas que defienden sus tierras, o habrá un derramamiento de sangre”. Estas declaraciones son de principios de este año. Poco después el humo de los incendios de la Amazonia cubrió el continente.

“La protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas es fundamental para evitar que continúe la deforestación de la Amazonía. La comunidad internacional debe vigilar atentamente y apoyar a las comunidades indígenas que están en primera línea de la lucha para proteger la selva más preciada del mundo”, sostenía Pearshouse.

Los mura (foto), son otro pueblo originario del estado de Amazonas. Sus aldeas se ubican en las orillas de los ríos Madeira, Solimões y Purus, afluentes del gigante amazónico. Mientras su presidente declara que hay demasiada tierra para unos pocos indios, el anciano líder Raimundo Mura, de 73 años, declaró a la agencia Reuters: “Para defender nuestra selva, lucharé hasta mi última gota de sangre”, expresando el sentimiento de toda su aldea.

La guerra por el ambiente es la guerra por la vida.

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