Por Gladys Stagno | Cuando el 4 de octubre de 2015 el pueblo argentino asistió a aquel primer debate de la historia entre presidenciables en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se quedó con un regusto amargo. Y es que el timing televisivo es enemigo de la política.

No es que el pueblo no estuviese acostumbrado: el formato que primero fue futbolero, luego de talk show, y más tarde del periodismo de espectáculos, saltó a la política en los quirófanos del prime time nocturno donde varios panelistas se avinieron a operar en vivo y desmembrar ideas y personajes públicos. Una suerte de “Política for dummies” que convenció a miles de televidentes de que en la discusión de lo público poco importa la verdad. Que se trata, más bien, de un juego de zócalos, memes e interrupciones. Y de que gana el que agrede más al adversario.

Esa ilusión llegó al debate presidencial y los cinco candidatos de entonces –Mauricio Macri, Margarita Stolbizer, Sergio Massa, Nicolás Del Caño y Adolfo Rodríguez Saá- se esmeraron, sin éxito, en explicar sus ideas en los escasos minutos que les tocaron de la hora y media que la televisión consideró soportable para un público habituado a la superficial velocidad.

No sólo Macri ganó esa noche. Ni bien asumió Cambiemos, muchos de los que integraban el Comité Estratégico de Argentina Debate fueron nombrados funcionarios públicos. La ONG que en tiempo récord logró que más de 160 licenciatarios de TV y radio y todos los espacios políticos en disputa aceptasen sus reglas de juego fue impulsora del evento y por entonces se autodefinía como “un grupo de jóvenes empresarios que comparten valores y su compromiso con el bien común”.

Daniel Scioli faltó a la cita, pero un mes más tarde las circunstancias y el ballotage lo obligaron a participar de la “democrática” puesta en escena contra Macri, donde lo único memorable resultaron las chicanas.

La contienda retórica entre dos púgiles poco dotados en el oficio resultó en una ajustada victoria para el que tuvo el mejor coaching; y la situación se reprodujo, una semana después, en las urnas.

Pero no sólo Macri ganó esa noche. Ni bien asumió Cambiemos, muchos de los que integraban el Comité Estratégico de Argentina Debate fueron nombrados funcionarios públicos. Esa ONG -que en tiempo récord logró que más de un centenar de licenciatarios de radio y televisión y todos los espacios políticos en disputa aceptasen sus reglas de juego- fue la impulsora del evento y por entonces se autodefinía como “un grupo de jóvenes empresarios que comparten valores y su compromiso con el bien común”.

Su coordinador general, Hernan Charosky, se convirtió en diciembre de 2015 en subsecretario de Reforma Política y Asuntos Legislativos de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Straface, cofundador y director ejecutivo de CIPPEC, una de las organizaciones adherentes, se quedó con la Secretaría General y Relaciones Internacionales del gobierno porteño y otros de sus fundadores, Nicolás Ducoté, fue elegido intendente de Pilar por Cambiemos. Alberto Abad fue nombrado titular de la AFIP y José Octavio Bordón, embajador en Chile. Gabriel Castelli se volvió viceministro de Desarrollo Social, mientras que Eduardo Levy Yeyati pasó a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior.

Otros miembros del Comité no obtuvieron cargos, pero pasaron a integrar el universo macrista, beneficiados directa o indirectamente por sus políticas. Juan Pablo Bagó, Marcos Galperín, Miguel y Nicolás Braun, Juan José Llach y Graciela Fernández Meijide, por nombrar sólo algunos, formaron parte entonces de la ONG organizadora y aún la integran.

 

La parodia legalizada

Desde que en noviembre de 2016 el Congreso sancionó la ley 27.337, la iniciativa de Argentina Debate se volvió una política de Estado. La norma establece la obligatoriedad de dos debates previos a las elecciones generales para todos los candidatos a Presidente que superen las PASO “con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas” y su transmisión en directo “por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado”.

Pero nada dice sobre el formato del show televisable, regulado por temáticas y rígidos tiempos de exposición, y moderado por periodistas devenidos en maestros de ceremonia que acontecerá los próximos 13 y 20 de octubre.

Las críticas, esta vez, se centraron en la falta de periodistas de corte opositor, del interior, de medios alternativos, de la juventud. Críticas que evitan el formato, el cual parece haberse cristalizado en garantía democrática incuestionable, avalado por una ley que el macrismo enarbola como bandera de republicanismo.

Algunos de los aspectos más criticados de la experiencia de 2015 fueron subsanados por el texto de la ley: uno de los debates debe ser en una capital provincial, y ambos deben contar con lenguaje de señas o subtitulado. Los temas, el reglamento y los moderadores deben ser decididos por la Cámara Nacional Electoral “con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de los valores democráticos”.

Con la Ley de Comunicación Audiovisual cercenada por el propio macrismo ni bien asumido y ya sin el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual que la ley creaba -de composición federal y equitativa entre los organizaciones del sector civil y los medios comerciales-, el organismo electoral descansó en los criterios del mercado. En su versión 2019, fueron la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión y la mentada Argentina Debate (ahora parte del Consejo Asesor y sin autodescripción en su página web) los que establecieron las reglas del evento.

María Laura Santillan (57 años), Rodolfo Barili (47), Gisela Vallone (44), Guillermo Andino (51) –para el primer debate, en la Universidad del Litoral-; y María O’Donnell (49), Marcelo Bonelli (63), Mónica Gutiérrez (64), y Claudio Rígoli (59) -para el segundo, en la UBA- serán los moderadores este año. Luchas feministas mediante, la selección refleja un acuse de recibo de la falta de paridad de género que aconteció en 2015 cuando el rol fue cubierto por Bonelli, Barili y Luis Novaresio.

Las críticas, esta vez, se centraron en la falta de periodistas de corte opositor, del interior, de medios alternativos, de la juventud. Críticas que evitan el formato, el cual parece haberse cristalizado como garantía democrática incuestionable, avalado por una ley que el macrismo enarbola como bandera de republicanismo.

Inspirado en el modelo estadounidense, el espectáculo prioriza la agilidad sobre la profundidad, impide las repreguntas, los desarrollos de ideas y los cuestionamientos de los periodistas y de los adversarios sobre las exposiciones. Desafía, además, a los candidatos a resumir plataformas enteras en tiempos donde sólo pueden pronunciarse eslóganes. En otras palabras, ajusta la política a las necesidades de un público presuntamente ávido de síntesis y despojado de las exigencias de un ciudadano con responsabilidad cívica que no asistirá a un debate televisado, sino a un debate televisivo.

En el debate norteamericano también es tradición que la organización esté a cargo de un comité de ONGs, que el imaginario neoliberal asume como máximo representante de los intereses de la sociedad civil, gracias a su independencia de la contaminada política partidaria.

Pero en los cuatro años de macrismo, los ratings de los quirófanos políticos del prime time se desplomaron y la lógica de la campaña de máximas sin explicaciones que garantizó el triunfo de Cambiemos en 2015 no funcionó en las PASO. ¿Cómo funcionarán, entonces, los debates televisivos en 2019?

Dejarán, quizás, un sabor todavía más amargo en el paladar popular: el de asistir, al mismo tiempo, a un show que perdió la gracia y a la esclarecedora comprobación de que para participar de la discusión política ya no bastará con mirar la tele.

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