Redacción Canal Abierto | “Él me gritaba bajate. Estiró la mano, abrió la puerta de mi lado y me empujó para que caiga. Yo caigo de costado, entre el cordón de la vereda y el vehículo. Como pude me levanté, me dejó tirada y salió en el auto con la puerta abierta en el apuro por escaparse”.  Este es el relato de la ex pareja del jefe de la Policía de la Provincia de La Rioja, Marcelino Elizondo, del cual fue víctima.

Luego de levantarse y ser auxiliada por algunas personas que pasaban por el lugar, encontró un móvil policial. Los oficiales, al escuchar el relato, le aconsejaron realizar la denuncia en la Comisaría Primera. Ya en el lugar, la hicieron esperar, y finalmente un oficial se acercó. “Sacó un papel en blanco y empezó a escribir. Yo le dije que eso no tenía validez y me levanté y me fui”, describe la víctima.

Actualmente, la causa se tramita en el juzgado de Violencia de Género Nº 1 a cargo de la jueza Gabriela Asís. Está caratulada como “Lesiones leves calificadas por el vínculo y coacción en concurso real”.

En diálogo con Canal Abierto, Marianella Flores Diaz, abogada de la víctima, informó: “La denuncia se realizó en abril del 2019 y hubo varios incumplimientos de la orden de restricción por parte de Elizondo. Atento a las circunstancias del caso, teniendo en cuenta que es un alto funcionario de las fuerzas policiales de la provincia y que porta un arma reglamentaria, se solicitó que se amplíen las medidas del artículo 26 y 27 de la ley 26.485, que se disponga el secuestro del arma en poder del agresor, que se ordene la detención por el incumplimiento de las medidas ordenadas y la restricción y el cese del hostigamiento y las perturbaciones a la víctima”.

Por las repetidas violaciones de la orden de restricción por parte de Elizondo se realizaron tres denuncias. El 16 de agosto, el 3 de septiembre, y la última, por amenazas a la integridad física de los hijos a través de fotos y mensajes, el 27 de septiembre.

Según Flores Díaz, hubo varios intentos por encubrir los hechos que su clienta denunciaba. Además, hay una liberación de la zona y la utilización de personal policial para generar hostigamiento y perturbación en la víctima, porque parte de las amenazas se han hecho a través de este personal.

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“También es cierto que la víctima está en una situación de vulnerabilidad extrema, porque aquí en la provincia, cada vez que se incurre en un hecho de violencia, la víctima debe llamar a la comisaría más cercana. Pero ¿a qué comisaria puede llamar esta mujer si los funcionarios policiales son dependientes del agresor?”, comenta la letrada.

No es novedad que un miembro de las fuerzas de seguridad cometa este tipo de delitos y siga impune. En el caso de Elizondo, las denuncias en su contra no fueron suficientes para apartarlo del cargo. “Claramente, esto más allá de ser un caso de violencia física y psicológica por parte de este señor hacia la víctima. También tiene que ver con un despliegue de todo el aparato institucional y del Estado, en este caso de las fuerzas de seguridad, para perpetrar los hechos de violencia en contra de la mujer”, aclara la abogada.

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En la cautelar presentada este martes se solicita la preservación de los testigos, de la víctima y de la abogada de la querella. “Lo hacemos porque estamos tratando con un alto funcionario de las fuerzas policiales de la provincia. También se ha comunicado que se hace responsable al Ministerio de Gobierno por la seguridad de todas estas personas que están involucradas en el desarrollo de la causa. Es una medida preventiva urgente así que esperamos que se resuelva lo más rápido posible”, sentenció Flores Díaz.

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