Por Mariano Vázquez (@marianovazkez) | La contienda electoral de 2017 en Ecuador era considerada crucial para el futuro del país. Con Rafael Correa imposibilitado de acceder a un tercer mandato, eligió para su sucesión una fórmula con dos figuras robustas, que además habían ejercido el cargo de vicepresidentes, como Lenín Moreno y Jorge Glas. Alianza País puso toda la carne en el asador porque del otro lado acechaba el neoliberalismo saqueador con la candidatura de Guillermo Lasso, uno de los responsables de la crisis económica más devastadora del país: aquel feriado bancario decretado el 8 de marzo de 1999 cuando él era superministro de Economía.

La medida que duraría un día, se extendió a cinco, y no solo incluyó la suspensión de todas las operaciones del sistema financiero, también la incautación por un año del dinero de los ahorristas que tuvieran más de 500 dólares en sus cuentas. El decreto del presidente Jamil Mahuad incluyó la declaración del estado de “emergencia” y la llegada de organismos internacionales de crédito.

Para la memoria colectiva es como el terror nocturno que provocan las pesadillas. Generó la mayor ola migratoria de la historia: dos millones de ecuatorianos se exiliaron. El país tenía en ese momento 12 millones de habitantes. Lasso, además, de funcionario, era presidente del Banco de Guayaquil durante aquellos acontecimientos.

La victoria del Alianza País generó alivio, pero duró poco. Apenas iniciado el mandato, Moreno y Correa se enfrascaron en una lucha política áspera que terminó con la persecución y apartamiento del vicepresidente Glas (N. de R.: preso y condenado por asociación ilícita en un caso de sobornos con la constru-corruptora Odebrecht), reemplazado por el empresario Otto Sonenholzner; la salida de Ecuador del entorno bolivariano para sumarse al agrupamiento pronorte conocido como Grupo de Lima; y la sumisión a las políticas de Washington para abrazar sin pudor el credo neoliberal.

La crisis económica que arrastraba el país desde 2014 se agudizó durante el mandato de Moreno con la caída de los precios de los commodities, la crisis del modelo extractivista, el aumento sostenido de la deuda externa, las bajas de las reservas internacionales, el corset de la  dolarización y las medidas antipopulares.

Hace diez días, la ira popular se espabiló ante la quita de subsidios a los combustibles, que se anunció tras la vuelta de Ecuador al FMI, organismo que le otorgó un préstamo de 4.200 millones de dólares a cambio de reformas estructurales. Otras entidades internacionales de crédito aportaron 6.000 millones más.

Nuevamente, como en Argentina y Haití, las recetas pirómanas del Fondo Monetario incendian países sin importar la tierra arrasada. En el caso de Ecuador, el 78 por ciento del costo de la eliminación del subsidio al combustible lo pagarán los usuarios del transporte público, es decir, la franja más pobre de la población.

La ola de movilizaciones, huelgas y desafío callejero motorizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular, a pesar de la dura represión de las fuerzas de seguridad, hizo recordar a las protestas realizadas entre fines de 1999 y principios de 2000.

La CONAIE bajo la consigna “no extractivismo, flexibilización laboral y neoliberalismo” denunció “la vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado; la remisión tributaria para las grandes empresas que implicó la condonación de deudas; la desregulación y precarización laboral incluyen el uso flexible de las 40 horas semanales y la extensión del periodo de prueba del trabajador en la empresa; la legitimación de despidos intempestivos para eliminar sindicatos; la legalización del teletrabajo y la explotación a los jóvenes mediante pasantías y convenios con empresas”.

«La indignación del paquetazo es del pueblo ecuatoriano, el paquetazo es un premio a empresarios y a la banca por cumplir las recetas del FMI y aclaramos que no estamos diciendo que no queremos dialogar, sino que dialogaremos para que el Gobierno conduzca los millones no para los de siempre», dijo el presidente del FUT, Mesías Tatamuez.

 

Guionado en Washington

El morenismo responsabilizó sin pruebas a la Venezuela bolivariana por los disturbios. Una demostración de que la derecha regional le concesionó a Donald Trump el manejo de su política internacional.

Un destacado funcionario de un organismo internacional con sede en Washington, que vivió en Ecuador, afirma off the record que “la disputa al interior de Alianza País partió al movimiento en dos generando una inacción política y un escenario de polarización que recostó a Lenín sobre la derecha más rancia del país y sobre Estados Unidos”.

Aporta un segundo factor: “En un contexto de multilateralismo debilitado, y una OEA con poca capacidad de maniobra, llega Trump con un estilo impredecible, caprichoso, que margina a los cuadros del Departamento de Estado, y que ejerce, como parece demostrar el affaire de Ucrania, que generó el pedido de impachment, relaciones personales con algunos mandatarios a partir de pedidos de favores, en algunos casos personales”.

En base a su conocimiento del terreno asevera que “lo que entró en crisis es la economía de base extractivista que le apostó enteramente al petróleo, y luego, con la creación del Ministerio de Energía, a una diversificación lenta apoyada en las grandes hidroeléctricas y la minería tras el desastre contaminante de la empresa Chevron y el fracaso de la iniciativa en Yasuní para dejar enterradas grandes cantidades de petróleo. Hoy Ecuador tiene conflictos de las poblaciones locales desde los Andes hasta la Amazonia por la minería a cielo abierto, y tanto en la presidencia de Correa como en la de Moreno la CONAIE ha levantado estas banderas de lucha”.

Al respecto, el catedrático Luis Bértola, experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que “la maldición de los recursos naturales no es un resultado inexorable en los países que disponen de ellos en abundancia. Lo decisivo son las estructuras económicas, sociales y políticas que se construyen durante su apropiación y explotación”.

 

Muerte cruzada

Tras el estado de excepción decretado por Moreno, las fuertes represiones que incluyen la denuncia de CONAIE del asesinato de dos de sus dirigentes y cerca de 800 detenciones arbitrarias, la oposición comienza a hablar de la figura jurídica conocida como muerte cruzada que permite que tanto el presidente como la Asamblea Nacional se disuelvan para llamar a elecciones anticipadas.   

El artículo 130 de la Constitución señala que la “Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidente de la República en los siguientes casos: 1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. 2. Por grave crisis política y conmoción interna”. La destitución requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros  y en un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de destitución, convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos periodos”.

Consultada al respecto, la asambleista Gabriela Rivadeneira, de Revolución Ciudadana, la bancada que responde a Rafael Correa y que ostenta 29 legisladores de la unicameral de 137 miembros, informó que su bloque “pidió que se convoque a sesión de pleno parta evaluar el estado de excepción y la urgente restitución del orden democrático para establecer el mecanismo de muerte cruzada y tener elecciones anticipadas”.

Denunció que desde hace ocho días el parlamento está cerrado y consideró que “por el nivel de conmoción social, paralización del país se debería aceptar una sesión para debatir esta crítica situación que vive el país para encontrar soluciones”. A pesar de que la oposición suma 86 curules, solo el Movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), que nuclea al correismo, se ha pronunciado.

Rivadeneira subrayó que “llevamos nueve días de paro nacional por el paquetazo económico contra las clases medias y populares del país, que es el mismo que aplica Mauricio Macri en la Argentina, Iván Duque en Colombia, Jair Bolsonaro en Brasil, la receta neoliberal de la mano del Fondo Monetario Internacional”.

Denunció también “el cerco mediático que oculta y protege a Moreno: no hay cifras oficiales de la represión, sabemos que han muertos al menos dos dirigentes del movimiento indígena, hay personas desaparecidas y unos 800 detenidos de manera arbitraria”.

El 9 de octubre el Observatorio de Derechos y Justicia, que nuclea a organizaciones de derechos humanos, emitió un alerta de cuatro páginas sobre la represión, detenciones arbitrarias y censura de prensa.

Por ejemplo, el punto cuatro del informe condena el “uso desproporcional de la fuerza, aprehensiones a menores de edad, lanzamiento de gas en espacios cerrados con todos los detenidos ya esposados, pruebas forjadas por parte de agentes públicos para incriminar a los detenidos así como chantaje en términos económicos de los mismos para permitirles la libertad”.

Asimismo, cita a la organización Fundamedios para informar que “se han registrado 74 periodistas, víctimas de agresión cuando realizaban la cobertura del paro nacional. Denotamos la falta de garantías por parte del gobierno para garantizar el trabajo de periodistas durante las protestas”.

La correlación de fuerzas muestra que Lenín puede resistir el encono popular con aliados de peso. Sin embargo, los siguientes meses serán cruciales. El paquetazo ha indignado a los sectores medios y bajos. La virtual toma de la capital, Quito, lo demuestra. Y de fondo, desde su exilio en Bruselas, el expresidente Rafael Correa canta Bella, ciao (Adiós, bella, en español), aquella canción italiana que los partisanos entonaban contra la ocupación nazi y es himno de la resistencia antifascista.

¿Lenin, Ciao?

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