Por Elaine Amorim | Las luchas de las mujeres en Brasil ganaron en los últimos años una expresividad significativa por medio de los diversos movimientos de mujeres y feministas, de un cierto activismo en las redes sociales, como también de movilizaciones en las calles. Esa expresividad no siempre es visibilizada en los debates públicos, pero la adhesión a algunas campañas iniciadas y viralizadas en redes sociales es un termómetro de la difusión de discusiones al respecto de las problemáticas y de los derechos de las mujeres, que consiguieron en algunos casos trasponer el ambiente virtual en dirección a la movilización en las calles.

Un ejemplo muy significativo fue la manifestación “Él No”, convocada inicialmente en una página de Facebook, intitulada “Mujeres Unidas Contra Bolsonaro”, con casi 4 millones de miembros. Esa manifestación ocurrió en diversas ciudades del país y del exterior antes de las elecciones presidenciales y contó con la adhesión de mujeres de diferentes edades y orientaciones político-partidarias. A pesar de su magnitud no haber sido retratada por los grandes medios de comunicación, especialmente por los canales abiertos de televisión consumidos por gran parte de la población brasileña, “Él No” entró para la historia como la más grande manifestación de mujeres realizada en Brasil, así como una de las más grandes movilizaciones públicas realizada contra un candidato a las elecciones.

Las razones para la continuidad y fortalecimiento de las luchas de mujeres son innumerables y urgentes, debido no solo a las desigualdades históricas basadas en las relaciones de género, sino también a los impactos que el actual contexto brasileño impone específicamente a la población femenina. Para entender los aspectos que interpelan (o deberían interpelar) las mujeres a la movilización, retomamos abajo algunos de los rasgos generales relacionados, de un lado, a características más estructurales de la sociedad brasileña y, de otro, al contexto sociopolítico más reciente.

En las últimas décadas las brasileñas lograran algunas conquistas que deben ser tomadas en cuenta, como las relacionadas al aumento de su escolaridad y al acceso a puestos de trabajo jerárquicos, con más autoridad o prestigio social; sin embargo, algunas  desigualdades de género de largo plazo se mantienen y pueden ser observadas, por ejemplo, en el propio mercado del trabajo. De acuerdo a los indicadores, aunque en Brasil la escolaridad femenina sea superior a la masculina, eso no se traduce en igualdad salarial entre mujeres y hombres con los mismos años de estudio.

En 2016, las trabajadoras sin escolaridad o con la primaria incompleta cobraban el 20,6% menos que trabajadores en las mismas condiciones; esa diferencia es mayor a medida que aumenta el grado de escolaridad, alcanzando la mitad entre las profesionales que hicieran una carrera universitaria o posgrado; en ese caso ellas cobraban el 56,6% menos que sus colegas hombres. Cuando se compara las personas analfabetas o que no habían finalizado la primaria y que tenían una ocupación, había una mayor proporción de hombres que mujeres; en ese caso, las oportunidades de encontrar un trabajo en el mercado eran más favorables a los trabajadores que a las trabajadoras, mismo ambos teniendo los mismos años de estudio. Estos y otros datos relativos a la participación de las mujeres en el mercado del trabajo pueden asumir proporciones todavía peores si ellas son negras, pues el criterio étnico-racial sigue siendo un elemento de discriminación y segregación social en el país.

Otro aspecto que expresa la desigualdad de género es el fenómeno de la violencia cometida por los hombres contra las mujeres. Los datos actuales asustan y evidencian una realidad perversa, que se manifiesta todos los días.  De acuerdo con un estudio publicado por UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas), Brasil es uno de los países más violentos para las mujeres; mientras, en 2017, el promedio mundial de homicidios femeninos fue de 2,3 muertes para cada 100 mil mujeres, en el caso brasileño esa tasa fue el 74% superior, en 2018 . 

En relación al femicidio, la Ley 13.104 que caracteriza el homicidio doloso contra la mujer por su condición de género, conocida como “Ley del feminicídio”, tiene solo cuatro años. A pesar de eso, un relevamiento realizado en el principio del año explicita la gravedad de esa violencia: solo en enero de 2019, ocurrieron al menos 179 casos de femicidios, siendo que de ese total 119 mujeres fueron muertas y el 71% de los agresores eran actuales o ex compañeros de las víctimas. Eso corresponde a un promedio de 5,7 casos por  día o un caso a cada 4 horas y 15 minutos, aproximadamente .

En un informe recién publicado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública y que fue elaborado con base en datos de registros policiales y de las Secretarias Estaduales de Seguridad Pública y/o Defensa Social, analizó informaciones referentes a los años de 2017 y 2018 que permitieron trazar el perfil de las víctimas del femicidio en el país. En relación a los criterios étnico-raciales, el 61% de las mujeres asesinadas eran negras, contra el 38,5% de blancas, 0,3% indígenas y 0,2% amarillas. El 70,7% de las mujeres muertas habían estudiado hasta la primaria, mientras el 21,9% concluido la secundaria y el 7,3% la educación universitaria.

Considerando que muchas mujeres pobres no consiguen dar continuidad a sus estudios, es posible decir que la clase social y la etnia-raza son dos criterios que diferencian la mayoría de las víctimas del femicidio en relación a las demás; o sea, las negras y con poca escolaridad están mucho más expuestas a esa violencia mortal. Otro dato importante se refiere al hecho de que el femicidio es cometido contra mujeres de todas las fajas etarias (de 0 hasta 86 años), por el simple hecho de ser mujer; sin embargo, es practicado, especialmente, con aquellas que estaban en edad reproductiva y tenían entre 20 a 29 años (28,2%) y entre 30 y 39 años (29,8%) , cuando muertas.

En ese mismo informe los datos sobre violencia sexual son más alarmantes. En 2018, se registró 66.041 mil violaciones, lo que corresponde a 180 casos por día, cometidos preponderantemente por algún conocido de las víctimas (75,9%). Estas, la mayor parte eran mujeres (81,8%), siendo el 50,9% negras y el 48,5% blancas. La magnitud de la gravedad de esos datos se amplifica con el análisis más detallado de la faja de edad de las mujeres que fueron violadas, según lo cual, el 53,8% tenían hasta 13 años de edad; eso quiere decir que, por hora, cuatro chicas fueron víctimas de esa forma de violencia en todo el país.

Considerando que los agresores son, en general, integrantes de la propia familia o alguna persona considerada confiable, el informe explicita que ese crimen cometido en la esfera de las relaciones intrafamiliares impone desafíos que deben ser enfrentados a fin de que sea efectivamente combatido. Esos registros muestran la desprotección y la violencia a las cuales niñas y niños están expuestos en las relaciones intrafamiliares y en la esfera domestica, que deberían asegurar toda protección necesaria para que ellas y ellos tengan un desarrollo saludable como personas, incluso porque son sus principales referencias y espacios de socialización en los primeros años de vida. Sin embargo, además de la violencia sexual, el relevamiento indica que a cada 2 minutos se registró un caso de violencia doméstica en el país.

Las diferentes formas de violencia de género deben ser enfrentadas y combatidas por el poder público, por eso, es preocupante la flexibilización del porte de armas de fuego por el decreto nº 9.685/2019 firmado en el principio del año. De acuerdo con Samira Bueno y Renato Lima, directores del Foro Brasileño de Seguridad Pública, al facilitar y ampliar el acceso a esas armas, el Estado está proporcionando a los agresores un instrumento más eficiente, que potencializa la letalidad de la violencia contra las mujeres, cometida por hombres que se encuadran en los estereotipos del llamado “ciudadano de bien” .

Esos no son los únicos aspectos de la realidad brasileña preocupantes para las mujeres. En los últimos años, caracterizados por una crisis sin precedentes en la historia del país, ocurrieron varios cambios en estructuras institucionales direccionadas a las mujeres. A partir del impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, el gobierno de Michel Temer, compuesto mayoritariamente por ministros hombres y blancos, desarmó la Secretaria de Políticas para las Mujeres (SPM) que tenía status de ministerio y, consecuentemente, programas sociales destinados a combatir la violencia de género.

En ese contexto sociopolítico hubo un fortalecimiento de grupos y movimientos conservadores, defensores de una agenda política fundada en los valores tradicionales, las costumbres, la familia, y que pasó a contar con una importante representatividad política en las esferas del poder legislativo e ejecutivo. La importancia de esa representatividad en espacios de decisión política indica que estará en discusión la aprobación de proyectos que podrán establecer un mayor control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres, trans, lésbicas y travestis, provocando grandes impactos sobre sus condiciones de vida. Un ejemplo que evidencia la presencia de los valores tradicionales en la agenda pública fue la implementación, en el principio de 2019, del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos (en el lugar de la Secretaria de Políticas para las Mujeres que había sido destituida). El propio nombre remite a una concepción conservadora que asocia mujer y familia, o sea, al trabajo reproductivo y al cuidado de la familia, ejercidos en el ámbito privado.

Por tanto, la acción política colectiva de las mujeres será fundamental en ese escenario caracterizado, de un lado, por desigualdades de género que son estructurales en la sociedad brasileña y que se manifiestan de las formas más sutiles hasta las más brutales; de otro lado, caracterizado también por un amplio y complejo retroceso obscurantista, que va a contramano de las discusiones de género y de las conquistas logradas al largo de la historia por los movimientos de mujeres y feministas.

 

Amorim es Socióloga (Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de Campinas, Sao Pablo, Brasil), radicada en Buenos Aires, integrante del Laboratorio de Pensamiento Popular-ATE / CTA-Autónoma.

 

Foto: Reuters, publicado en Infobae, octubre 2018

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