Redacción Canal Abierto | Los servicios públicos son actividades económicas que se consideran esenciales para una sociedad. Al agua potable, la energía eléctrica, el transporte urbano, el Estado los considera públicos y asume la titularidad de estos servicios. Aunque la prestación pueda darla en concesión a un privado, el Estado siempre es el titular y debe garantizar que el servicio llegue a todos los habitantes, con calidad, eficiencia y tarifas justas. Para eso, las regula y cuando hay concesión a privados, establece un ente regulador para su control.

En los últimos cuatro años, esta teoría del servicio público fue desordenada por el Gobierno Nacional de Mauricio Macri. Se nombraron a personas vinculadas a las propias empresas privadas en los entes reguladores y las tarifas se volvieron impagables (con un aumento promedio mayor al 300% en dólares en 4 años). El consumo cayó y prácticamente no hubo expansión de las redes de servicio. La calidad no mejoró y el control estatal fue prácticamente inexistente. El servicio eléctrico vivió el apagón más grande de los últimos 50 años (el domingo 16 de junio, que afectó a todo el país e incluso a países limítrofes), pero las empresas privadas responsables aún siguen sin tener ninguna sanción.

El traspaso de EDESUR y EDENOR

El caso más grave de improvisación, irregularidades y falta de una verdadera política de Estado se da con el traspaso de Edesur y Edenor. Estas empresas privadas tienen la concesión para prestar el servicio eléctrico en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al ser continuadoras de la estatal SEGBA y brindar el servicio en dos jurisdicciones simultáneamente, (Ciudad y Provincia de Buenos Aires) se encontraban hasta ahora bajo control del Gobierno nacional.

En el Presupuesto 2019, el Gobierno nacional logró incluir una cláusula específica (artículo 124) para desnacionalizar dichas empresas y transferirlas a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Bajo un eslogan de falso federalismo (dado que el servicio es interjurisdiccional y por ende competencia del gobierno federal), la Nación trasladó a los gobiernos locales su responsabilidad de regulación y control de estas empresas, así como la fijación de sus tarifas y la aplicación de sanciones. Durante el 2019, sin transparencia ni audiencia pública en la que participasen los usuarios del servicio, el Gobierno de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires -del mismo signo político que el oficialismo nacional- aceptaron hacerse cargo del servicio eléctrico mediante un Acta Acuerdo firmada el 28 de febrero de 2019.

Para poder llevar adelante este traspaso, el Gobierno necesitó además contar con el aval de las empresas distribuidoras, lo que consiguió al firmar un Acta de Implementación el 9 de mayo de 2019, en forma simultánea con una condonación de deudas por varios miles de millones de pesos, de los cuales una gran cantidad correspondían a sanciones aplicadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y que EDENOR y EDESUR debían pagar en efectivo a los usuarios individualmente, por deficiencias en el servicio.

Estas sanciones fueron modificadas en su naturaleza, sin consulta a los usuarios, por futuras inversiones, es decir, mejoras en el propio patrimonio de las mismas empresas (en el caso de que realmente esas inversiones se realicen). Este acuerdo, sellado entre la Secretaría de Energía de la Nación y las empresas EDESUR y EDENOR a espaldas de los usuarios, originó una causa penal actualmente en trámite contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el subsecretario de Recursos Naturales y Mercado Eléctrico, Juan Garade (ex gerente de EDENOR en la década de los ´90 y ex director de EDESUR entre 2001 y 2012).

Un nuevo (y polémico) ente de control

Al cambiar de jurisdicción, el traspaso de EDESUR y EDENOR supone la creación de un nuevo Ente Metropolitano Regulador de Servicios Eléctricos (EMSE), de carácter bipartito, que controlará a las empresas eléctricas del AMBA en lugar del actual Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que depende del Gobierno nacional.

El EMSE estará dirigido por 6 directores: 3 por la Provincia y 3 por la Ciudad, pero a diferencia del ENRE, estarán designados sin concurso público y sin ninguna participación o control de los usuarios. Al ser este Directorio un cuerpo colegiado de número par, en caso de empate en sus votaciones, el presidente tendrá doble voto.

Los primeros 3 años el presidente del EMSE será uno de los tres directores de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, ese único distrito llevará el control de los restantes 14 municipios bonaerenses, fijando cuál será la tarifa que deberán pagar todos los usuarios del AMBA, cuáles serán las obras y ampliaciones que deberán realizar las empresas, y cómo será el control y las sanciones por la calidad del servicio. El distrito más rico del país, donde el servicio tiene mayor calidad para sus 2,8 millones de habitantes, decidirá el destino de los 14 distritos restantes, donde el servicio es peor y residen más de 10 millones de personas. Una curiosa forma de federalismo.

Tal vez por esa razón -y para desligar responsabilidades políticas y penales- la Gobernadora de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, dictó el 26 de julio el Decreto N° 992/2019 por el cual remitía los acuerdos de traspaso de EDESUR y EDENOR firmados con el Gobierno Nacional y de la Ciudad, para su tratamiento y ratificación (o rechazo) por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, esos acuerdos nunca fueron remitidos. Luego de la derrota sufrida en las PASO del 11 de agosto, el 1 de octubre se emitió el Decreto N° 1289/2019 por el cual se derogó el anterior y se aprobó el traspaso, sin remisión a la Legislatura. Este hecho de suma gravedad institucional aparece con un verdadero talón de Aquiles para todo el proceso de traspaso, dado que difícilmente hubiera sido admitida la virtual cesión del control del servicio eléctrico en el conurbano bonaerense al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por parte de los diputados de la Provincia.

Trabajadores y usuarios ausentes

Tampoco está especificado cómo se contratará al personal técnico y administrativo que trabajará en el EMSE. Al ser un organismo público, su personal debería pasar por algún mecanismo de selección que asegure su idoneidad, de acuerdo a la Constitución Nacional y las normas de empleo público de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. No obstante, nada de ello se ha aclarado hasta el momento.

Desde la Junta Interna de ATE en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), hace meses se advierte que más de 200 técnicos de ese organismo (muchos de los cuales hace más de 20 años se desempeñan en el control de EDESUR y EDENOR), no tienen ninguna certeza de que lo seguirán haciendo en el nuevo EMSE y tampoco cuál será su destino laboral una vez operado el traspaso. Desde este sindicato afirman que” no aceptarán que esta transferencia afecte la continuidad de ningún puesto de trabajo, pero que, al continuar existiendo el ENRE, la contratación de personal por el EMSE dependerá de cómo este último diseñe su estructura y sus modalidades de contratación de personal”.

Mientras tanto, más de 13 millones de usuarios del servicio eléctrico siguen ajenos a cualquier tipo de participación, soportando tarifas cada día más altas y cortes de servicio, habituales en muchas zonas del conurbano bonaerense, donde la calidad de prestación se deteriora a medida que las empresas privatizadas maximizan sus ganancias. “Estos millones de usuarios han estado totalmente ausentes de todo este proceso de traspaso de un servicio esencial y que se dice público, pero hasta ahora ha sido administrado con lógica exclusivamente privada”, aseguran desde ATE ENRE.

 

Fuente: Junta Interna ATE-ENRE

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