Redacción Canal Abierto | Una reciente investigación periodística publicada por el medio chileno Interferencia.cl denunció que la policía civil realiza seguimiento y espionaje sobre movimientos sociales, sindicatos y referentes de distintas áreas, como el dirigente medioambiental Rodrigo Mundaca, reconocido luchador por el derecho al acceso libre al agua potable. La información la obtuvo al acceder a parte de los documentos filtrados tras un hackeo a Carabineros.

José Pérez Debelli es el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), un sindicato chileno análogo a la ATE de nuestro país y con quien comparte su filiación a la CLATE (Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales). Por esta investigación entró en conocimiento de que estaba siendo objeto de seguimiento ilegal. Canal Abierto dialogó con el dirigente chileno.

“Nos enteramos por la investigación periodística de Interferencia.cl, un medio alternativo de comunicación. Hasta ese momento no teníamos ningún registro. Nos sorprendió el formato porque este informe nos señala como líderes del movimiento social. Señala al defensor del agua Rodrigo Mundaca, del MODATIMA (Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), un movimiento territorial que denuncia que la sequía es consecuencia del robo del agua, su privatización; a Bárbara Figueroa Sandoval, presidenta de la CUT; al presidente del colegio de profesores y profesoras, Mario Aguilar; a un dirigente de la coordinadora No + AFP (administradoras de fondos de pensión) y a quien les habla, como cabezas de la insurrección de estos días”.

“Lo que dice el informe es que estamos siendo investigados y con seguimiento permanente, lo que es totalmente ilegal. Carabineros dice en su defensa que aplica la Ley de Inteligencia, pero estamos en democracia y estas prácticas son dictatoriales”, sostuvo Debelli. “Sabemos de qué se trata cuando empiezan las investigaciones, entonces no estamos exagerando. Es grave la situación. Somos dirigentes que tenemos nuestras familias, hacemos asambleas sindicales, estamos en relación permanente con nuestros compañeros y compañeras y lo hacemos de forma pública, por lo tanto, invertir recursos fiscales con la crisis que estamos viviendo en Chile, dedicarse a investigar a los dirigentes sociales y sindicales creemos que es vergonzoso, atenta contra la dignidad de las personas y por supuesto es una práctica antisindical perversa. Nosotros vamos a accionar legalmente frente a esto y por supuesto rechazamos categóricamente este abuso en el ejercicio del poder de las fuerzas públicas”.

“Le hemos pedido al Ministro del Interior, a Carabineros y a la fiscalía que se pronuncien respecto a quién ordenó estas investigaciones. También aparecieron luego fichas con nuestros datos y fotografías, un registro como si fuéramos una organización criminal”.

 

ANEF suele expresar sus reivindicaciones por vías ordinarias, institucionales. Resulta extraño que se los investigue. ¿El gobierno dio alguna respuesta? 

-El ministro actual Gonzalo Blumel, que designó el presidente hace unos días, nos dijo que estaban obsoletos los procesos de inteligencia de Carabineros. Carabineros de Chile se escuda en que ésto se hace dentro de un marco normativo y que está encuadrado en la ley de Inteligencia. Eso es falso ya que es la Justicia, son las fiscalías las que deben ordenar la investigación y el seguimiento cuando se trata de organizaciones criminales, no de dirigentes sociales.

Creemos que ante la incapacidad de gobernar, con la pérdida de liderazgo que mostró esta crisis que desbordó las vías institucionales, el gobierno sacó a los militares a la calle como en dictadura. De la crisis se sale gobernando escuchando a los ciudadanos y ciudadanas y cuidando la democracia.

El gobierno intenta forzar leyes para calmar la situación pero eso no es escuchar a los ciudadanos. Nosotros proponemos un sueldo mínimo garantizado, una canasta de resguardo que impida que tu sueldo no te lo consuman el agua, la luz, el teléfono y la convocatoria a una asamblea constituyente para construir una nueva Constitución.

 

¿La salida de Piñera es parte del pliego de condiciones, de ustedes y la Unidad Social?

-Nosotros creemos que hay un mandato legítimo y legal pero el pueblo exige su salida. Se gobierna escuchando al pueblo, se acabaron los acuerdos entre cuatro paredes.

 

¿Ustedes están movilizados, la situación continúa?

-Nosotros estamos en paro desde el primer momento, hemos tenido algunos recesos, y hoy día y los siguientes estamos en paro. Hay una gran convocatoria de la Unidad Social para el martes 12 de noviembre de una Mesa Social. Ahí estamos coordinando con los mineros, los portuarios, los transportistas menores, y viendo cómo convocamos a los estudiantes y todo el movimiento social.

Como miembros de la CLATE agradecemos toda la solidaridad que recibimos desde Argentina, desde ATE y la CTA.

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