Redacción Canal Abierto | Unos días después del rotundo triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires con el 55%, los dos sindicatos docentes mayoritarios realizaron un paro. El motivo fue el reclamo por la discusión paritaria en un contexto inflacionario, pero también un tema sensible para el gremio que el gobierno cambiemita pretende modificar envalentonado por el triunfo: la eliminación del orden de mérito en los concursos docentes para obtener horas y cargos en escuelas públicas.

“El tema es bastante técnico, pero no es menor -analiza Jorge Adaro, titular de Ademys, en diálogo con Canal Abierto-. Hasta ahora, en los actos públicos (los concursos) había cuatro causales que te habilitaban para acceder: por salud, por distancia, por unidad familiar, y por otras razones. Y allí las horas se obtenían por orden de mérito, es decir por puntaje. Pero el gobierno de Larreta dijo que ahora las iban a asignar por causales. Es decir: primero van a pasar todos los que tengan causal y luego el orden de mérito”.

En respuesta, la semana pasada mil docentes agremiados y agremiadas en Ademys y UTE-Ctera frustraron un acto público en el que el gobierno porteño intentó implementar el nuevo mecanismo. Acto seguido, funcionarios de Larreta convocaron a los dirigentes a una reunión en la que parecieron llegar a un acuerdo pero, dos días después, mandaron 24 sumarios dirigidos a docentes que habían participado de la medida de fuerza.

“Dentro de ellos, hay cuatro de Ademys y veinte de UTE. En el caso nuestro, los cuatro somos miembros de la comisión directiva: yo soy uno de los sancionados. Algo similar pasa con UTE. Se trata de un disciplinamiento indirecto, porque el Gobierno no supone que a un secretario general con treinta años de militancia lo van a amedrentar con un sumario. El objetivo es que los docentes piensen en que, si se meten con los dirigentes, pueden ir por cualquiera. Hay una intención de ejemplaridad”, resume Adaro.

 

Contra el estatuto

Sobre el tema, la secretaria de Educación de UTE-Ctera, Angélica Graciano, consideró que el cambio que impulsa Larreta “altera absolutamente todo el sistema educativo” y que esta decisión “arbitraria y unilateral entreabre la puerta para otras modificaciones estatutarias”. Y es que esta arremetida contra los derechos de los maestros no es la primera.

Allá por diciembre de 2011, la Legislatura porteña vivió un día difícil. Con Mauricio Macri afirmado al frente del gobierno de la Ciudad y estrenando segundo mandato, el PRO consiguió los 30 votos que necesitaba para modificar el estatuto docente contra la voluntad de todos los gremios. La Ley que estableció este cambio –conocida como Ley Abrevaya por ser un proyecto de Sergio Abrevaya (Coalición Cívica)- convirtió a las quince Juntas de Clasificación que designaban a maestros y profesores en siete, y su autoridad quedó restringida a fiscalizar el proceso de designación, que quedó a cargo de la Comisión del Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP).

“Hasta la Ley Abrevaya, la Junta de Clasificación estaba compuesta por nueve miembros: seis electos por el voto directo de los trabajadores y tres por la patronal, lo que daba una garantía de preservación de derechos –explica Adaro-. Y las Juntas determinaban el acceso a los cargos. Con el tiempo, esto termina con la composición actual donde el rol que juegan los vocales es meramente, en el mejor de los casos, de fiscalización. No tienen injerencia ni en la elaboración de listados, ni el armado de los concursos que quedó en manos del gobierno”.

Efectivamente, desde los sindicatos consideran que esta arremetida abre la puerta a una arbitrariedad en la designación de cargos que hoy no es posible. “Lo primero que hace es romper lo más democrático de todo, que es el orden del mérito. Lo segundo es que abre la obtención de horas y cargos a una forma mucho más discrecional. Este gobierno, en cada ocasión, ha avanzado sobre los derechos de los docentes y ahora crea un escenario para la designación de los cargos a dedo”, agrega Adaro.

Por lo pronto, el diálogo entre los gremios y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está empantanado. Pero desde la dirigencia sindical indican que la resistencia al nuevo cambio seguirá.

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