Redacción Canal Abierto | “Antes dijeron tenían problemas técnicos. Es evidente, la censura no acepta eufemismos. Seguiremos informando, ratificamos nuestro compromiso“. Así describió Patricia Villegas, directora de la cadena multinacional teleSUR, la decisión de la empresa estatal de telecomunicaciones de Bolivia, Entel S.A., de sacar al canal de noticias latinoamericano de su grilla amparándose, ahora, en una “reorganización”.

La decisión de ayer fue sólo un capítulo más de una política de censura y cerco mediático desplegado por el gobierno de facto de Janine Añéz desde su autoproclamación al frente del gobierno de Bolivia.

El siguiente fue aún peor. Roxana Lizárraga, la ministra de Comunicación, anunció que desmontará “el aparato de propaganda del régimen dictatorial de Evo Morales”.

“Se ha retirado a los militantes masistas que hacían mal uso del sistema de medios estatales y se nombró a reconocidos periodistas probos comprometidos con la lucha por la democracia”, sostuvo.

La funcionaria que reveló que se ha intervenido la imprenta del Estado es la misma que ni bien asumió amenazó a periodistas locales y extranjeros que cubren las protestas en el país con ser denunciados por sedición. “Se va a actuar conforme a ley, porque lo que hacen algunos periodistas, en algunos casos bolivianos o extranjeros, que están causando sedición (alzamiento contra la autoridad) en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, afirmó enfáticamente frente a los micrófonos de distintos medios internacionales.

 

Silencio mediático

La limpieza ideológica de Lizárraga en nombre de la república ha sido motivo de repudio por medios e intelectuales. Stella Calloni, periodista especializada en política internacional, advirtió que “el silencio mediático es tan criminal como lo que está sucediendo”. “Llevamos un mes viendo morir personas en Chile, hay desaparecidos en Chile y Bolivia; la situación es gravísima en Colombia, con nueva gente desterrada de su lugar de origen. La prensa que oculta esto tiene que ser caracterizada en el mismo papel criminal: son cómplices”, afirmó en diálogo con Radio Caput.

Hasta el momento, la represión a las protestas contra el golpe de Estado en Bolivia ha dejado al menos 32 muertos, según la Defensoría del Pueblo.

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