Por Mariano Vázquez | “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”, así comienza El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte (1852) de Karl Marx. Y casi tres décadas después, Bolivia asiste al festín de autoridades caricaturescas con caprichos despóticos.

La Unión Democrática y Popular (UDP) había triunfado en las elecciones de 1980. Hernán Silez Zuazo, unos de los líderes históricos de la revolución nacional de 1952, retornaba a la presidencia. Sin embargo, el 17 de julio de 1980, se produjo un golpe de Estado para impedir el acceso al gobierno de esa coalición de izquierda. Luis García Meza, comandante de las Fuerzas Armadas, encabezó la asonada.

Esa noche, los golpistas, apoyados por la dictadura argentina y financiados por Roberto Suárez, el zar de las drogas, asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) donde se planificaba la resistencia. Allí fueron asesinados el intelectual Marcelo Quiroga Santa Cruz, el líder obrero Gualberto Vega y el diputado Carlos Flores Bedregal. Muchos de los dirigentes presentes fueron desaparecidos, cientos de domicilios allanados y el terror fue moneda corriente de ese régimen que masacró a medio millar.

El diario Nuevo Herald de Miami publicó el 1° de noviembre 1998 una declaración de Roberto Suárez en la que afirmaba que fue «inducido a traficar cocaína no solamente por el gobierno de García Meza, sino por la DEA y la CIA» y que en 1980 Estados Unidos envió a Bolivia como embajador Edwin Corr que «era un polizonte norteamericano que llegó junto a un centenar de agentes de la DEA». La historia rebautizó a este período de democracia suspendida, que duró entre el  17 de julio de 1980 y el 4 de agosto de 1981, como la “narco-dictadura”.

A Luis Arce Gómez se lo conocía como el “Ministro de la Cocaína”, aunque su cartera formal era la del Interior, Migraciones y Justicia y su rol manejar a los grupos de tareas para perseguir y desaparecer. A las 20 horas del 18 de julio de 1980, de traje y corbata, en el horario televisivo estelar, anunció: “Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley (de Estado de Sitio) tienen que andar con el testamento bajo el brazo, porque seremos taxativos: ¡no va haber perdón!”. Cumplió.

La “miserable farsa” se reprodujo el 29 de noviembre de 2019 cuando el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, conminó: «No vamos a permitir que ningún  local haga terrorismo en Bolivia y peor un extranjero, recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas, tratando de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo».

Días antes, exultante ante las cámaras, garantizó una “cacería” contra ministros, funcionarios y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este es el tono que ha adquirido el gobierno de facto en Bolivia desde que la senadora Jeanine Añez, sin quórum y violando la Constitución Política del Estado, asumió la presidencia el 13 de noviembre, tras la renuncia forzada y exilio del presidente constitucional Evo Morales.

Para suprimir la rebelión popular, Añez firmó un decreto supremo que dio carta blanca para la impunidad a las Fuerzas Armadas. Las masacres de Sacaba y Senkata así lo certifican. La represión conjunta de militares y policías dejó 19 muertos y la revelación por parte de organismos internacionales de gravísimas violaciones a los derechos humanos.

El objetivo del gobierno usurpador no es solo repeler las manifestaciones. Busca amedrentar a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas y originarias mediante el ejercicio de la fuerza estatal que impida la respuesta del cuerpo social en las calles, permita la reafirmación de la estructura de poder del nuevo régimen golpista y despeje el camino para el desmantelamiento del estado de bienestar implantado por Evo Morales en 2006.

No es casual, entonces, la estigmatización de los movimientos sociales de base indígena. Cuando marchan las clases medias urbanas se trata de ciudadanos conscientes en defensa de la democracia. Cuando los que protestan son los indios están siendo instrumentalizados por poderes diabólicos, arrastrados como ovejas. Por supuesto, no los mata la bala policial, los mata su ignorancia.

Es la misma narrativa que usaron las dictaduras militares en los 70. No son sujetos políticos, no son disidentes, son delincuentes, son terroristas. Así se avala la estrategia represiva en defensa de la “paz”. A tal punto que hasta se permitieron volver a apalear a los asesinados, como ocurrió cuando los vecinos de Senkata, en El Alto, bajaron a La Paz con los féretros de sus muertos. Fueron gaseados y golpeados por la policía.

Como escribió el intelectual mexicano Carlos Monsiváis: «Depositar en letra de molde todo lo imaginado exaltadamente desde las posiciones de represiones, darle la verosimilitud de la imprenta a esa sangrienta y grotesca fantasía colectiva que denigra y agiganta a sus opositores para mejor deshacerse de ellos».

Murillo, que en el Enero Negro de 2007 encabezó en la ciudad de Cochabamba una cacería contra pueblos originarios, diez años después dijo sobre el aborto: «Mátense ustedes, mátense las mujeres que dicen que quieren hacer lo que les da la gana con su cuerpo, háganlo, suicídense».

«Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país hechos a las mansas palomitas, tratando de incendiar el país, que anden con cuidado, los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo».

Como dijo en 2014 Samuel Doria Medina, líder político de Murillo: “el Arturo es un cojudo, lastimosamente no tiene mucha cabeza, no es un mal tipo pero no tiene cabeza”.

Entraron al Palacio con la biblia y las balas. Por eso, el ministro de Gobierno amenaza y agita el fantasma de la subversión; la de Comunicación censura y amedrenta a periodistas; el de la Presidencia defiende a violadores en grupo y aprieta a la justicia; y la de Relaciones Exteriores restaura las relaciones con los Estados Unidos.

Tragedia y farsa.

Recibí más periodismo de este lado

Nuestros temas