Redacción Canal Abierto | 12 años después de cancelar sus compromisos con el FMI, en mayo de 2018 la Argentina volvió a financiarse con recursos del organismo. El acuerdo por US$57.000 millones, record a nivel global, no hizo más que coronar una política que llevó la relación de la deuda con el PBI argentino en torno al 97%, convirtiéndonos así en el país más endeudado de la región (según datos de la CEPAL).

A partir del 10 de diciembre, Alberto Fernández y Martín Guzman tendrán la difícil y urgente tarea de sentarse a discutir con los representantes del organismo internacional y los bonistas privados para evitar un default.

Para entender cómo llegamos a esta compleja situación y analizar la estrategia que encarará el flamante ministro de Economía, Canal Abierto dialogó el historiador, investigador y especialista en deuda externa Alejandro Olmos Gaona.

Apenas se conoció la designación de Martín Guzmán, se habló mucho de su cercanía con Joseph Stiglitz pero poco de cuáles son sus ideas. En términos de teoría económica, ¿cómo definirías a ambos?

Fundamentalmente, creo que Stiglitz es un pragmático. Por eso, cuando tuvo determinadas ideas contrarias a las del Banco Mundial, se fue.

Martín Guzmán es un académico y un técnico. El problema es que, una cosa es la academia y la teoría, y otra tener que enfrentarse con los voraces acreedores de la Argentina. Ahora habrá que ver si, más allá de su capacidad técnica, tiene la suficiente cintura política para manejar esta situación y enfrentar el sistema.

No hay que el año que viene Argentina afronta vencimientos por más de 26 mil millones de dólares, y no tiene ni la más remota posibilidad de pagarlos. Por lo tanto, va a tener que renegociar, pero con solidez y planteando las responsabilidades de los acreedores. Porque no nos olvidemos que el FMI prestó la plata conociendo la situación en que estábamos.

¿Cuál crees que va a ser la estrategia del nuevo equipo económico respecto de la deuda?

No soy futurólogo ni saber qué es lo que va a hacer Martín Guzmán, a quien por estas horas presentan como el gurú de la deuda por el sólo hecho de ser colaborador de Stiglitz, como si eso fuera una base total para resolver el problema.

Sin embargo, todo indica que la estrategia va a ser la postergación de los pagos. Es decir, patear para adelante las obligaciones, sin quita. Creo que estos es complicado porque significa que los costos van a seguir pesando sobre la administración entrante, pero también las venideras.

De hecho, excepto en las quitas de 2005 y 2010, es lo que ha hecho siempre la Argentina, desde la dictadura hasta hoy.

En este momento, el tema de las obligaciones es extremadamente complicado, a lo que se suma una situación de quebranto del Banco Central. Salvo que Martín Guzmán sea mago, no veo otra opción que no sea postergar los pagos. Otra cosa que no veo es que vayan a impulsar una acción de responsabilidad por haber contratado estos préstamos de manera irresponsable.

¿Una auditoria?

En primer lugar, hay que entender que toda la deuda de las últimas décadas se tomó sobre la base de la deuda contraída por la dictadura y las distintas estatizaciones de deuda privada. Se trata de un endeudamiento ficticio que ningún gobierno quiso investigar.

Por otro lado, es necesaria una auditoria, pero también establecer responsabilidades. Porque no hay que olvidar que acá hay una corresponsabilidad del Poder Legislativo. Se habla de la deuda de Macri, pero hay que recordar que no emitió un solo bono sin la autorización del Congreso.

Tenemos una estructura legal que hizo posible este descalabro de la deuda, que otorga inmunidad al FMI –incluso aquellos ministros que suscriben los acuerdos, como en el caso de Nicolás Dujovne-. Si Alberto Fernández no modifica todo este andamiaje legal que nos condiciona, seguiremos pateando la deuda y pidiendo más plata para pagar viejos vencimientos. Es fundamental salir de este círculo vicioso  que es la deuda.

Una muestra fue cuando Martínez de Hoz en 1984, ante el Congreso de la Nación, declaró que la deuda no se pagaba nunca y que lo que se pagan son los intereses. Eso es lo que les interesa a los acreedores, que pagues pero también que sigas debiendo.

¿Incluso en el acuerdo con el FMI?

De alguna manera, también son responsables. El acuerdo con el Fondo se hizo sobre la base de la ley 24.156 (ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL), una norma que el Congreso nunca quiso modificar. No sólo eso, la prorrogaron sistemáticamente, y en 2014 -con un decreto jurídico- la incorporaron como una ley definitiva. De no haber estado vigente es norma, el préstamo del FMI tendría que haber pasado por el Congreso. Y digo que no quisieron modificarla porque, siendo yo asesor en la Cámara de Diputados y después en el Senado, presentamos varios proyectos para fulminar varios de sus artículos. Pero nunca quisieron tratarlos. Evidentemente, también hay responsabilidad en los legisladores por no querer modificar una norma que permitió al Gobierno de Macri hacer lo que hizo.

Ese andamiaje legal sobre el que se basa el endeudamiento, ¿existe en otros países de la región?

En general es el mismo, y por eso el Fondo opera como opera en Brasil, Uruguay o en Ecuador. En Argentina las normas constitucionales no han sido cumplidas porque el Congreso las delegó en el Ejecutivo. El control legislativo es sólo formal, a través del presupuesto. Hasta que esto no se modifique, no vamos a poder manejar la deuda de otra manera.

Otro ejemplo es el decreto 1.203 del año 2001, firmado por de la Rúa, el cual establece que no se necesita ningún procedimiento administrativo para contraer deuda.

Siempre se habla de la viabilidad política y económica de una auditoria y posterior repudio de la deuda…

Yo lo viví en Ecuador en 2008, cuando Rafael Correa ordenó la suspensión de los pagos y renegociaron con los acreedores. Podría haber tomado la decisión de repudiar toda la deuda, pero es cierto que se trataba de un país chico, sin la estructura económica de la Argentina y menores chances de conseguir el apoyo internacional de otros países.

El tema es que, cuando Correa empezó a renegociar, tenía una auditoría que mostraba cómo habían sido los procesos y las responsabilidades de los acreedores, las presiones del FMI. No es lo mismo ir a negociar así, sin más, que con las pruebas que indican las propias responsabilidades de quienes otorgaron el crédito. Es otra fuerza de negociación.

¿Cuál es el interlocutor inmediato con el que tendrá que sentarse el gobierno entrante, el FMI o los bonistas privados?

El FMI. En primer lugar, porque no te va a descontar ni un peso. Y segundo, porque es el prestamista de última instancia y está manejado por las grandes potencias, y podría inclinar la balanza para que los privados se sienten a negociar. De todas formas, no creo que los bonistas estén dispuestos a aceptar ninguna quita.

El gobierno va a tener que tener una gran solidez para enfrentar a los grandes bancos -que son los principales acreedores de los bonos emitidos en los últimos años-. Si Guzmán llega a tener éxito en una primera negociación con el Fondo, este pueda colaborar en la negociación con los privados.

Recibí más periodismo de este lado

Nuestros temas