Redacción Canal Abierto | Un estudio difundido por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR) detectó la presencia de gas pimienta y de soda cáustica en el agua de los carros hidrantes -popularmente conocidos como «guanacos»- utilizados por Carabineros para reprimir el estallido social que viene protagonizando el pueblo chileno desde el 18 de octubre pasado.
La organización -que agrupa a varios profesionales de la salud como doctores y enfermeros- realizó este análisis luego de que el Colegio Médico denunciara que muchos manifestantes debieron ser atendidos en hospitales por quemaduras tras haber sido mojados por el agua.
Ante esta situación, el MRS tomó dos muestras de agua el 20 y 22 de noviembre pasado durante las protestas y las sometió a análisis fisicoquímico. “Considerando los síntomas clínicos de los pacientes atendidos durante las manifestaciones sociales y la anamnesis de éstos, se solicitó la búsqueda de alcaloides presentes en el agua. Para esto se utilizaron 3 métodos distintos de detección de alcaloides, ensayo de Dragendorff, test de Mayer y test de Wagner, siendo positivo el resultado para cada uno de estos test”, expresa el informe.
Según explicaron los profesionales en una conferencia de prensa, el agua analizada contiene moléculas del compuesto químico capsicina -activo del gas pimienta-, el cual para ser disuelto en agua requiere de un medio alcalino, como es la soda cáustica.
El hidróxido de sodio, hidróxido sódico o hidrato de sodio, también conocido como soda cáustica es un material altamente corrosivo que puede causar quemaduras serias a los ojos y la piel.
La semana pasada, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos liderada por Michelle Bachelet -dos veces presidenta de Chile- publicó un informe en el que denuncia que en el marco del estallido social chileno “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. “Incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura, malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, indica el texto de la ONU. Entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, la comisión desplegó una misión en Chile, donde visitó siete regiones del país, se entrevistó con las principales autoridades del Estado, 300 civiles y conoció los relatos de 235 “víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos”.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), desde que se iniciaron las protestas 23 personas han sido asesinadas, 6.199 fueron detenidas y 2.365 heridas (217 de ellas con heridas oculares). Además, se presentaron 335 querellas judiciales por homicidios, torturas y violencia sexual, en este último ítem se trata de 57 casos, de los cuales cuatro son violaciones.
