Redacción Canal Abierto | En La Boca, los desalojos pasaron a formar parte del paisaje cotidiano. El abandono, la falta de políticas públicas para una infraestructura adecuada a las necesidades de la población y el deterioro edilicio son problemáticas que se profundizaron con la creación del Distrito de las Artes.
La aprobación de ese proyecto bajo la Ley 4.353, convirtió al barrio en un paraíso fiscal para promover negocios inmobiliarios y la expulsión de sus habitantes. Los desalojos se multiplicaron, generando el último año el desarraigo de 1.106 ciudadanos. Sólo entre marzo y febrero, 85 familias quedaron en la calle. Por otro lado, existen en total 61 procesos judiciales de desalojos en curso que involucran a más de 300 familias.
“El Distrito de las Artes viene de la mano de un multimillonario negocio inmobiliario que intenta convertir al barrio de La Boca en una continuación de Puerto Madero. Este proyecto no contempla a la gente que vive en el barrio hace 50 o 60 años, familias enteras que están arraigadas en el lugar. La gentrificación y el extractivismo urbano son las herramientas que utiliza el poder para favorecer al mercado. El Gobierno de la Ciudad y sus amigos empresarios son parte de ese negocio ya que son dueños de muchas propiedades que, en general, están a nombre de testaferros pero se sabe que son de quienes hoy dirigen la Ciudad”, expresó Daniela Torta, miembro de la organización social y política Los Pibes.
Las familias de La Boca pelearon por sus derechos a vivir en el barrio en condiciones de habitalibidad. Así, lograron que la Legislatura de la Ciudad sancionara la ley N° 2.240, que declara la Emergencia Ambiental y Urbanística. Esta ley fue absolutamente desconocida por el PRO, tanto en la gestión de Mauricio Macri como en la de Horacio Rodríguez Larreta.
El Distrito de las Artes tampoco cumple con el artículo 29 de su creación, que dispone que el Gobierno de la Ciudad debe atender la situación de vulnerabilidad social en la zona, relevando la necesidad de soluciones habitacionales, y disponer acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente allí.
“La mayoría son familias numerosas y habitan en un único espacio, lo cual dispone situaciones de malvivir por la misma hacinación. También, en los conventillos, son varias familias compartiendo un baño. Los acuerdos de palabra al momento de alquilar habitaciones o casas son muchas veces los factores que hacen que sea más fácil desalojarlos. La desesperación por tener donde vivir lleva a las familias a ocupar lugares que en su mayoría están en una situación edilicia muy compleja, deterioradas y con peligro de derrumbe. En conjunto, ya todo esto es angustiante. La llegada de las cartas de desalojo aumenta el miedo de volver al desamparo de la calle”, explicaron desde Los Pibes.
Hay zonas del barrio en las que las familias logran resistir los desalojos con la ayuda de organizaciones y otros vecinos. Algunas acceden a aceptar el subsidio por desalojo, que en realidad es un paliativo. Dura entre seis y ocho meses, y es una suma bastante escasa, sobre todo si se considera el volumen de estas familias.
“El acceso a la vivienda no es un problema individual, y la mayoría de estas personas creen que se merecen vivir así, porque no hicieron lo suficiente o porque nacieron pobres y es lo que les toca. Desde Los Pibes trabajamos en concientizar que esto en realidad es un problema estructural más grande, de una desigualdad muy amplia entre los que menos tienen y los que están mejor acomodados. La vivienda es un derecho, pero en gran parte del país es un bien inaccesible”, finalizaron.
