Redacción Canal Abierto | A comienzos de diciembre, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue impugnado en la Justicia a través de dos denuncias. Una en foro penal, y otra en el contencioso administrativo. Ésta última, presentada por el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), acaba de avanzar.
Esta semana, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo de Pablo Cayssials, solicitó a la Procuración del Tesoro de la Nación que ejerza la defensa del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la Argentina en la causa que impulsa la nulidad del crédito que la administración Cambiemos pidió al FMI en 2018, así como su posterior ampliación.
“Es una buena noticia, porque el juez entendió que estaba bien lo que estamos solicitando y le está ordenando a la Procuración que informe sobre lo actuado en relación a la deuda externa. La Procuración va a tener que responder al pedido”, indicó Eduardo Murúa, presidente el MNER, en diálogo con Canal Abierto.
La denuncia de que el acuerdo con el Fondo debe declararse nulo se sustenta en que todos los trámites anteriores a la toma de deuda que el Estado debe hacer según la ley, no se hicieron.
“No se cumplió con ninguna de las leyes administrativas que obligan al Estado a realizar distintos informes antes de la toma de deuda. Uno de factibilidad, un informe económico que necesariamente tendría que haber hecho el Ministerio de Hacienda, el informe jurídico previo a la situación del acuerdo –detalla Murúa-. Tampoco hay decreto presidencial sobre el préstamo, y ni siquiera está el informe del Banco Central de evaluación financiera que obliga la ley a hacer para ver cómo afectaba este acuerdo a la balanza de pagos del país”.
Desde el 22 de junio de 2018 al 16 de julio de 2019, ingresaron a la Argentina US$ 44.490 millones. Sólo se utilizaron para pagos de deuda por US$ 28.594 millones. En el mismo período, se fugaron del país US$ 36.380 millones.
La denuncia penal
En paralelo -radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo de Sebastián Roberto Ramos y bajo el Expediente N° 8.853/2019-, avanza la denuncia penal que Claudio Lozano, de Unidad Popular, y Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizaron contra Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del mega préstamo que Argentina recibió del FMI en octubre de 2018.
Ese mes, los entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y titular del Banco Central, Guido Sandleris, remitieron a quien oficiaba por esas fechas de directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, un Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y un Memorándum de Entendimiento Técnico. Este segundo acuerdo, según los denunciantes es inconstitucional.
“Durante toda su gestión, Macri tomó deuda por un monto superior a los US$ 100 mil millones y de esos, 86 mil millones de deuda se fugaron. Entonces, su acuerdo con el Fondo, que es una parte de ese endeudamiento, está flojo de papeles, hay argumentos para que el próximo gobierno tenga como tarea investigar y auditar el acuerdo”, afirmó Lozano en conferencia de prensa el pasado 3 de diciembre.
Además de Macri, la denuncia también alcanzó a Dujovne, a Sandleris, y a otros funcionarios que resultasen responsables por la posible comisión de esos delitos.
Entre las irregularidades denunciadas, se encuentra que el acuerdo debió necesariamente ser tratado por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo”, y que éste ha producido “irracionalidad” y “daño” sobre la economía y la sociedad argentina. De allí “se desprende con claridad la administración fraudulenta en la que ha incurrido el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios”, reza la denuncia.
Por el primer acuerdo, contraído con el FMI en abril de 2018, Baldivieso y Lozano habían presentado amparo colectivo que solicitaba una medida cautelar urgente y otra denuncia penal -con argumentos similares a la segunda-, que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.
