Cobertura colaborativa* (desde Misiones) | Sobre el cierre de este año, casi sin muchas esperanzas de que la Corte resolviera, el pasado 26 de diciembre se conoció la acordada del máximo tribunal de justicia del país, que absuelve por unanimidad a Cristina Liliana Vázquez y a Lucía Cecilia Rojas por el homicidio de Ersélide Leila Dávalos.

Ambas mujeres habían sido condenadas en el 2010 a prisión perpetua por un tribunal compuesto por Marcela Leiva, Selva Zueta y Fernando Verón. La entonces fiscal Liliana Picazo, hoy ministra del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, fue la encargada de montar el caso y sostener la acusación a pesar de la falta de pruebas, los testigos que se contradecían o desdecían, y de las graves incongruencias que mostraba el expediente. Cristina Vázquez estuvo sin condena firme casi 13 años en prisión, Cecilia Rojas más de 14 años en la misma situación. Ambas eran inocentes y totalmente ajenas al hecho.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia es contundente. La condena no tiene fundamento, pero además, viola el principio de inocencia, el debido proceso, la aplicabilidad al caso del in dubio reo, el derecho a la revisión de la condena que les asistía y que la propia Corte ya había ordenado en 2015 y 2016.

Esta situación es apuntada por los jueces de la Corte como de extrema gravedad por lo que sostienen que “corresponde que este Tribunal haga uso de las facultades establecidas en la segunda parte ‘del artículo’ 16 de la ley 48, absolviendo a las imputadas en tanto el principio in dubio pro reo permite arribar a una solución que, en forma tardía, pone fin a la injusticia con dos personas que se encuentran privadas de su libertad sin sentencia firme, en el caso de Rojas desde hace más de catorce años y, en el caso de Vázquez desde hace más de once años… al mismo tiempo impide que se consoliden, sin solución de continuidad, las consecuencias dañosas de un proceso deficiente”.

La Corte vino así a terminar con un proceso que lleva más de 18 años y que condicionó la vida de Cristina, Cecilia y Omar Jara, tres personas completamente ajenas al asesinato de Ersélide Leila Dávalos, hecho que nunca se investigó según los estándares que prevé la ley y que significó también negarle el derecho a la víctima a llegar a la verdad y tener justicia.

En la resolución también se advierte al Superior Tribunal de Justicia de Misiones que los fallos de la Corte Suprema deben “ser lealmente acatados tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187 y sus citas). Razón por la cual, cuando el Tribunal ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, todos los tribunales nacionales y provinciales tienen la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional que resulta de sus decisiones”.

Se terminó este infierno

Cristina se enteró de la noticia por teléfono, el jueves 26 de diciembre a la tardecita. Después, cerca de las 21 horas recibió la visita de integrantes del Comité Contra la Tortura, militantes de la Asociación Pensamiento Penal y la CTA Autónoma de Misiones. “Queremos que se entere por nosotras, despejar algunas dudas y también calmar algunas ansiedades”, remarcaron desde la CTA A.

“Estoy feliz, no lo puedo creer. Se termina este infierno”, dijo Cristina en la sala de visitas del penal que en ese momento estaba en penumbras. La tormenta que se había desatado en la ciudad dejó sin luz a toda la zona y el generador eléctrico del lugar apenas alcanzaba para iluminar el encuentro.

La sentencia de la Corte Suprema no tenía vuelta atrás. Cristina estaba absuelta y debía ser liberada. El viernes 27 se apresuraron los trámites para que la feria judicial o la burocracia del poder no la retuvieran más.

Cerca del mediodía la liberaron. Estaba sola en el penal, no habían informado lo suficiente a la familia de dónde sería la excarcelación así que mientras los padres la buscaban en el Tribunal Penal 1, a ella la estaban devolviendo a Villa Lanús. Finalmente un móvil de un diario local terminó llevándola a su casa.

Cristina, su padre, José, y Norita Cortiñas

Volver a casa. Volver a la vida.

Cristina estuvo presa casi 13 años, pero estuvo atrapada en el proceso penal por casi 18. Gran parte de su vida, de su juventud la pasó entre rejas, condenada a perpetua. “Qué les puedo decir, esto es maravilloso”, dijo José, el padre de Cristina, cuando se encontró con su hija inocente y libre en el patio de su casa. Ese patio se fue poblando de periodistas, referentes sociales, militantes, amigos, familia y vecinos.

El sábado llegó Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, para abrazar a Cristina y para confirmar que la magia colectiva produce estas cosas. Después llegó su amiga Magda Hernández, realizadora junto a Gabriela Couto del documental Fragmentos de una amiga desconocida, que sirvió para mostrar y explicar lo injusto de la condena. También llegó Indiana Guereño, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal desde donde se impulsó la llegada hasta la Corte.

“No puede quedar así”

Nora Cortiñas estuvo apenas unas horas en Posadas, lo suficiente para disfrutar con Cristina esos primeros instantes de libertad y también para generar un encuentro, improvisado, con organizaciones sociales, centrales sindicales y espacios antirrepresivos a fin de discutir qué hacer a partir de ahora. “El estado debe reparar todo el daño que les hizo”, destacó.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la CTA Autónoma de Misiones, en el mediodía caluroso del sábado 28 de diciembre. Allí se acordó avanzar en un espacio que bien podría ser un observatorio de causas o sentencias judiciales, y que pueda sistematizar las múltiples arbitrariedades que el poder judicial de Misiones comete a diario.

También se anticipó la realización de un Foro, del que va a participar Nora Cortiñas, para los primeros meses del año que viene, donde se podrá debatir y profundizar sobre lo que este fallo de la Corte dice sobre el accionar del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Nora se fue de Posadas dejando tareas, consignas y fortaleciendo las luchas que en la provincia ya posibilitaron la absolución de Librada Figueredo en el 2004, María Ovando en el 2012, Victoria Aguirre en el 2017 y la liberación de Miriam Bogado en el 2019.

*Cobertura colaborativa: La Rastrojera TV, El reportero.info, Prensa de ATE y CTA Autónoma, Misiones
*Fotos: Marcos Otaño

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