Redacción Canal Abierto | Con 167 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe), 165 en contra (Partido Popular, Vox, Ciudadanos, JxCat, CUP, Coalición Canaria y PRC) y 18 abstenciones (ERC y Bildu), el líder del tradicional Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez logró este martes ser investido como presidente del Gobierno.

De esta manera, y tras nueves meses de bloqueo parlamentario desde las elecciones generales del 28 de abril y el 10 de noviembre pasados, España tendrá el primer gobierno de coalición desde que estallara la Guerra Civil (1936-1939). Su principal aliado en el Ejecutivo será Unidas Podemos, espacio de izquierda liderado por Pablo Iglesias -desde hoy vicepresidente segundo de Asuntos Sociales- que emergió con el movimiento de los indignados en 2011.

La unción de Sánchez es el resultado de extensas negociaciones y un acuerdo de cara a un gobierno que ambos líderes presentaron como “marcadamente progresista”. En clara contraposición con los bloques de derecha y ultraderecha PP, Cs y VOX, las propuestas de la coalición hacen hincapié en materia de educación y salud pública, memoria histórica, igualdad o pensiones.

Entre otras cosas, el acuerdo incluye la derogación de la reforma laboral de 2012 impulsada por el ex presidente conservador Mariano Rajoy -involucrado en una trama de corrupción y destituido por medio de una moción de censura en junio de 2018-, la ampliación del presupuesto estatal para vivienda -uno de los ejes centrales en el origen de Podemos- y el avance en las políticas de reconstrucción de memoria histórica por los crímenes del franquismo (el año pasado, a instancias del gobierno de Sánchez, fueron exhumados y reubicados los restos del dictador, un reclamo histórico de los organismos de Derechos Humanos).

Por otro lado, según indicaron varios de sus referentes, la coalición pretenderá desarrollar políticas de género contra la violencia machista, la abolición de la “tasa rosa” (precio extra que se aplica a productos destinados al público femenino) y medidas para acabar con la brecha salarial  entre hombres y mujeres. Para garantizar la igualdad, dice el acuerdo, se impulsará “la equiparación por ley de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles”.

El punto más áspero del acuerdo quizás haya sido la garantía del “equilibrio fiscal”. Ni más ni menos, significa el cumplimiento de las cuentas ajustadas que exige Bruselas. Todavía resta ver en qué medida podrán compatibilizar dicho equilibrio con un programa progresista y de intervención estatal en la economía.

“Abordaremos el conflicto político catalán, impulsando la vía política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo entre las partes que permita superar la situación actual”, reza el punto del pacto sobre la posición en relación al conflicto de Cataluña, el caballito de batalla –junto al fantasma de ETA- con que los sectores de derecha vienen azuzando el miedo respecto a la posible conformación de esta coalición de izquierda.

El nuevo gobierno encara múltiples desafíos sociales y económicos, así como también políticos al contar con una mayoría absoluta en el Congreso. De hecho, deberá sentarse a dialogar y negociar ley por ley con partidos regionales, como son los nacionalistas e independentistas catalanes, gallegos y vascos.

Al igual que con el Frente de Todos en Argentina, la centroizquierda e izquierda española finalmente unieron fuerzas ante el espanto. De este lado del océano, aglutinando a un amplio espectro y borrando muchas de las diferencias frente a la posibilidad de continuidad del fracasado modelo macrista. En la península ibérica, alarmados por el avance de la ultraderecha (con Vox como principal exponente) y la derecha neoliberal conservadora (con el PP a la cabeza). No caben dudas de que en ambos casos va a ser difícil, con gestiones que estarán plagadas de contradicciones e intereses en pugna al interior, y referentes opositores envalentonados por el giro a la derecha que viene atravesando Latinoamérica y Europa.

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