Redacción Canal Abierto | “Lo que se hizo con la deuda fue un desastre”, fueron las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán en la conferencia de prensa con la que este martes anunció el proyecto que envió al Congreso.

El mismo, se trata de un plan de sostenibilidad de deuda que, en términos generales, no abunda en detalles. “El proyecto no dice nada sobre la estructura que tiene que tener la reestructuración. Es, sobre todo, una delegación de potestades del Congreso al Poder Ejecutivo”, analiza Alejandro López Mieres, especialista en finanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

En efecto, según la Ley 24.156 de Administración Financiera, el Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. Y en esa línea, la de una mejora en las condiciones de pago que permitan superar la crisis, Guzmán apeló a la “buena fe” de los acreedores.

“Hay una cuota de buena fe entendida como no especular. Es decir, apelar a que los bonistas no apuesten a tensar la cuerda lo más posible para poder obtener alguna ventaja en algunas cláusulas específicas que se van a jugar en el momento en que se tenga que cerrar la renegociación. Así como apeló a la buena fe, también lo hizo a la racionalidad desde el punto de vista de un criterio inversor”, sostiene Sergio Chouza, economista y docente universitario.

 

Claves para negociar

La racionalidad de los bonistas radica en la confianza que tengan, o no, en la voluntad de pago argentina y en la falta de capacidad del país para pagar en los plazos previstos. En otras palabras: se trata de una puja donde quienes quieran cobrar acepten perder ganancias bajo amenaza de perderlo todo.

“Hoy en día, el primer escenario mejor, que es que Argentina pueda hacer frente a los vencimientos de sus títulos públicos de largo plazo nominados en moneda extranjera en tiempo y forma, no es posible, por sus condiciones de insustentabilidad y de iliquidez –agrega Chouza-. Si no está ese primer escenario mejor, hay que ir por el segundo. Desde la óptica inversora eso es: minimizar el porcentaje de quita, tanto en capital como en los intereses, tratar de que los intereses se capitalicen, y que el período de gracia sea el menor posible. En este momento, el primer objetivo para darle sustentabilidad a la situación de deuda es descomprimir vencimientos. Sin esa precondición, no hoy renegociación que sea viable”.

 

El juego de los intereses y el “exit yield”

Pero eso no es todo. Si bien Guzmán sólo habló de una necesidad de “tiempo” por parte de la Nación para afrontar los intereses, su mentor, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, aseguró en una entrevista en el Foro Económico Mundial en Davos que los tenedores de deuda argentina deben prepararse para “recortes significativos” ya que “sería una fantasía pensar lo contrario”.

En una actitud esperable por parte del Gobierno de no mostrar las cartas que jugará en la renegociación, nadie conoce los detalles, pero abundan las hipótesis. “Lo que se viene diciendo desde el Ejecutivo es que Argentina, para poder crecer y levantarse, tiene que suspender pagos por dos o tres años. Pero para que no se arme una bola de nieve en el futuro lo que habría que castigar es, fundamentalmente, los intereses –contempla López Mieres-. Patear los vencimientos de capital es condición básica, pero no lo es menos empezar a hablar de intereses razonables en un contexto mundial donde hay prácticamente tasa 0%. Los países latinoamericanos están pagando tasas del 4 o 5%. Normalizar o suponer que Argentina tiene que pagar tasas del 8% es un gigantesco disparate y hace inconsistente e insustentable cualquier forma de reestructuración”.

“Lo que está de fondo es una variable muy sensible que se va a poner en juego: el exit yield. Es la tasa de interés que va a señalizar los rendimientos de los bonos una vez terminada la negociación. Que no es lo mismo que termine en 10% que en 8% o en 6%. Ahí, me parece que el Poder Ejecutivo nacional va a tratar de empujar la vara lo más posible y ver hasta qué punto se tensa la cuerda sin romperse”, aporta Chouza.

El exit yield no es otra cosa que la “tasa de salida”, es decir la tasa de interés con la que la deuda comenzará a cotizar una vez reestructurada. Ese número, pues, será la clave en la negociación ya que conseguir una cifra baja puede ser equivalente a una quita de capitales, si se evalúa el valor presente de los bonos.

Buenos Aires, el mascarón de proa

En el discurso de Guzmán, estuvo presente que Nación y la provincia de Buenos Aires están trabajando en conjunto en una salida “ordenada, prolija y que funcione” para salir de la crisis de deuda soberana.

En efecto, el gobernador Axel Kicillof fue la punta de lanza al anticipar la semana pasada que no podría pagar el vencimiento del Buenos Aires 2021 (BP21), un bono emitido por la provincia en 2011, que será este 26 de enero. Se trata de un pago de US$275 millones, para el cual se abrió una negociación con los bonistas para correrlo al 1 de mayo. Ayer, vencido el plazo para la aceptación de los bonistas (que debe alcanzar al 75% de ellos), éste se prorrogó hasta el 31 de enero.

Muchos analistas especularon con que no se trata de un monto demasiado elevado, pero en rigor se trata del primer vencimiento de una suma temible: a lo largo de 2020, Buenos Aires deberá pagar títulos públicos por US$2.705 millones, de los cuales US$725 millones vencerán en enero y US$2.119 millones en el primer semestre, según un informe de la consultora Elypsis. De la misma manera, están complicadas Chubut, Córdoba, Jujuy y Río Negro, entre otras provincias.

“Si vos agarrás los vencimientos de la Nación y la Provincia en 2020 son absolutamente impagables. Pero los gobiernos siguen pagando, ni Nación ni Provincia decretaron un default –resalta López Mieres-. En la medida que se siga pagando, se genera en los inversores la sensación de que hay con qué. Salir a reestructurar con el valor de los bonos sólido es mucho más complejo que hacerlo cuando se caen. Cuando los bonos se hacen pelota, es más fácil que alguien los recompre y después vaya al canje, o que los acreedores se asusten y acepten condiciones más favorables para el país”.

Por su parte, Chouza afirma: “No es solamente un bono, sino un perfil de deuda. Toda la provincia de Buenos Aires tiene vencimientos por cerca de 30 años pero un 25% caen en el primer año y el 80% de eso son en moneda extranjera. Hay una réplica de la estrategia de renegociación y de la actitud del gobierno de la provincia en relación al nacional que brinda previsibilidad. Que sea un escenario aceptable para los acreedores es otra historia”.

Y agrega: “Ahí hay dos variables: una, si el acreedor tiene el convencimiento de que la amenaza de Provincia es creíble o no, que no tiene el sustento de liquidación financiera suficiente como para hacer frente al pago. Si descree de eso, posiblemente no dé el consentimiento y especule a ver si la provincia termina propiciando algún mecanismo para lograr comprar esos US$275 millones en el mercado y evitar el default. La otra es el plazo reducido para aceptar la propuesta. No sería una señal tan negativa que no se alcanzase el 75%, si se llega a un porcentaje alto de aceptación”.

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