Redacción Canal Abierto | Las autoridades del Banco Nación, que preside Eduardo Hecker, iniciaron la semana pasada una investigación por el préstamo de US$350 millones que la gestión anterior, a cargo de Javier González Fraga, le dio a la agroexportadora Vicentin. La cifra supera por mucho los límites que establece la normativa del Banco Central y representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial.

“Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del Directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las gerencias a cargo. Es decir, las autoridades políticas del banco en la gestión anterior no quisieron dejar huellas respecto a esta decisión”, explica Claudio Lozano, actual director del Banco Nación y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), en el Primer Informe sobre la situación de la firma Vicentin.

Y agrega: “Sin embargo, los pasillos del Banco Nación cuentan que en las múltiples reuniones que existieron con la empresa Vicentin para tratar de imponerle la necesidad de volver a encuadrarse en la normativa, frente a las exigencias de los funcionarios del banco, los dueños de la firma cruzaban del Banco Nación a la Casa Rosada para hablar directamente con la Presidencia. Eso luego se transformaba en un llamado desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex presidente del Banco, González Fraga, quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa”.

La voluntad de financiamiento por parte del Estado macrista se explica como una devolución de favores: Vicentin, a través de sus subsidiarias, fue el principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Por tres diferentes empresas de su grupo (Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar SA), realizó una donación total de $13.500.000, a razón de $4.500.000 cada una, entre el 6 y el 8 de agosto, pocos días antes de las PASO.

 

El crecimiento de Vicentin en la era Cambiemos

Vicentin era en 2015, según datos del Banco Nación, la cuarta cerealera del país –sólo superada por Cargill, Aceitera General Deheza y la Asociación de Cooperativa Argentinas-, y ocupaba el puesto 19 en el total de las primeras 200 empresas del país. En 2018, pasó a ocupar el puesto 6 del ranking total y el primer lugar dentro de las cerealeras.

“Los datos son elocuentes: en todos los años del período de la anterior gestión de gobierno (Cambiemos), las ventas de Vicentin superaron el promedio de estas 200 empresas. En el acumulado anual de los tres años considerados, mientras el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual, Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual”, sostiene

Pese a la notable expansión de sus finanzas, Vicentin anunció que por “estrés financiero” no pagará los $23.500 millones que debe a los bancos, ni los US$350 millones que adeuda a los productores agropecuarios. A esas deudas se les suman la financiación que tomó por Bolsa y los créditos en dólares con bancos internacionales.

Sólo al Nación, la cerealera debe más de $18.370 millones, otorgados por la gestión de González Fraga. Ese importe representa el 78% de la deuda bancaria de la compañía. En orden de importancia, le sigue como acreedor el Banco Provincia (con unos $1.623 millones), el Banco Hipotecario ($721 millones), el Banco Macro ($540 millones), Nuevo Banco de Entre Ríos ($427 millones) y otros sietes bancos que en su conjunto suman una deuda de $1.600 millones. Cuatro bancos públicos (Nación, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad y Provincia) son acreedores del 88,4% del total de la deuda.

Sin embargo, el informe que dio a conocer Lozano no refleja la situación de iliquidez que la compañía pretende tener, sino un dibujo contable digno de los contadores más creativos.

 

El dibujo del balance

En el balance 60 de Vicentin –que abarca el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, el penúltimo presentado ya que no se logró tener acceso al último, si es que fue presentado-, figura un Patrimonio Neto (Activo menos Pasivo) de $20.296 millones. “Este dato indica que no es una empresa con un gran endeudamiento, ya que la suma de sus activos supera la de sus pasivos”, analiza el informe.

Y agrega: “El Patrimonio Neto de 2018 creció un 68,3% respecto a los $12.059 millones de 2017. Es decir, Vicentin venía en un proceso de expansión y no de crisis de endeudamiento”.

Hay, sin embargo, un “Anexo G” en el Balance al que se alude para justificar su situación. Allí, aparece el Estado de Activos y Pasivos en moneda extranjera, comparado al período anterior. “En esta única hoja, la firma informa que el total de activos en moneda extranjera pasó de ser de U$S 278 millones, a U$S 433 millones. Lo que supone un incremento del activo de U$S 155 millones (un incremento del 56% en dólares). Sin embargo, el total de pasivos que era de U$S 805 millones pasó a ser de U$S 1.109 millones, es decir aumentó en U$S 304 millones (un incremento del 37% sobre el pasivo previo)”.

El informe explica que, gracias a la deuda en moneda extranjera, el cuadro de desequilibrio financiero de la empresa en divisas pasó a mostrar un patrimonio negativo de US$676 millones. “Lo que el cuadro de situación expone es la fragilidad que tiene la estructura patrimonial de la firma ante variaciones significativas en el tipo de cambio –detalla-. El peso de la deuda en dólares es el dato clave del pasivo de la firma”.

En un análisis detallado, Lozano sostiene que en la cuenta donde se declaran las ganancias por la participación de Vicentin en otras sociedades -que fue de $1.586 millones, lo que redunda en una ganancia de $27.331 millones- “aparece el problemático ítem de ‘resultado financiero y por tenencia -incluido el resultado por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda’ que es negativo en nada menos que $25.486 millones”.

“Nótese que este rubro insumió casi la totalidad de la ganancia operativa propia de la firma (que es de $25.745 millones). Es como si todo lo que Vicentin hubiera ganado en pesos como consecuencia de sus ventas (el grueso de las cuales provienen de la exportación) una vez cubiertos los gastos de explotación y operativos, la firma considerara que son el resultado de la ganancia por devaluación del tipo de cambio, y que como tal no debe computarse en el balance, y por ende lo detrae en una sola línea” gracias a que se lo permiten distintas resoluciones de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y del Consejo Superior Del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe.

Dicho de otro modo, descontando la ganancia que la empresa obtuvo de la devaluación, la empresa declara una ganancia neta del período ($1.926,3 millones, 82% por participación en otras sociedades, y 18% como resultado de Vicentin), apenas el 1,6% de los $116.415 millones de ventas de la firma en el período. “Pero aun peor, si descuenta los resultados obtenidos por la participación en otras sociedades, en lo que respecta a Vicentin específicamente, la firma declara ganancia por apenas $340 millones; lo que representa nada menos que el 0,3% de sus ventas”, relata el estudio.

Y agrega un detalle: “Para colmo, el pago del impuesto a las ganancias que figura en el balance es de apenas $46,2 millones. La empresa apenas paga el 2,4% de las ganancias que declara”.

 

Otras deudas con el Estado

En la página 54 de su balance, el 12 de octubre de 2012, también consta que la Aduana de San Lorenzo la intima a ingresar US$28.534.169 en concepto de “diferencias de derechos de exportación”. Entre noviembre de 2012 y enero de 2013, le siguieron llegando notificaciones por el mismo concepto, pero ahora por US$8.899.320. En ambos casos la empresa se presentó a la Justicia solicitando la nulidad de las actuaciones. Por recomendación de sus asesores, no ha hecho previsión legal por este litigio fiscal.

El 5 de abril de 2013, la Aduana de San Lorenzo le informó sobre la apertura de un sumario por “presunta” falta de liquidación de divisas provenientes de exportaciones para operaciones de período 2012–2013, por una multa de $426,5 millones. A la espera de la sentencia, Vicentin tampoco ha realizado ninguna previsión por este litigio fiscal.

 

El broche de la maniobra

Vicentin es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país, y en el exterior en Uruguay, Paraguay, Brasil y España.

En la estructura del grupo aparece Renova, una empresa que “materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore”, trader mundial de granos. Gracias a él hoy y en determinadas actividades, resulta difícil separar qué pertenece al Grupo Vicentin y qué al Grupo Glencore. “En tanto la participación mayoritaria en la empresa Renova remite a firmas extranjeras (Glencore y Vicentin Paraguay), Renova termina siendo una empresa extranjera que sirve para distribuir utilidades dominantemente hacia Ginebra y Asunción”.

“La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero, la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances, obliga a desplazar el argumento empresario que vincula la crisis de la firma con lo que denominan estrés financiero –concluye Lozano-. Por si esto fuera poco, la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones. Claramente, el ‘muerto’ que la administración Macri–Fraga deja en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera”.

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