Redacción Canal Abierto | Las comunidades wichis del norte son más de 40.000 y el aumento de muertes y casos de desnutrición en Salta aumentan la presión a la Mesa Federal del Agua Social, encabezada por Victoria Tolosa Paz. El programa apunta a terminar con los problemas de salud y alimentación que estas poblaciones enfrentan hoy.

La Mesa contará con el aporte de los ministerios de Desarrollo Social, Defensa, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Infraestructura y la provincia de Salta. En una primera instancia apunta a instalar 14 pozos, sustentar más de 100 reservorios de agua potable, buscar financiamiento externo y desplegar una red de asistencia sanitaria con estos ministerios.

Pero entre el dicho y el hecho, el trecho parece hacerse cada vez más largo. Esta semana, 20 adultos y 24 niños de la comunidad wichi de Misión Salim viajaron a Salta capital para denunciar el incumplimiento de las medidas que el gobierno prometió para salir de la crisis en la zona.

Momentáneamente se encuentran en Salón de San Luis, un albergue de la capital salteña. Su cacique, Leonardo Simplicio, habló con Canal Abierto y transmitió la situación que atraviesa su gente. “Estamos alojados en un albergue. Vino la policía y nos trajo leche y ropa, y también hay enfermeras con nosotros. Son personas de Salta Capital, no tienen cargos pero son solidarios”, comentó.

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Sobre las medidas que se vienen anunciando desde que trascendió la muerte del octavo niño de la comunidad, el cacique alertó: “Asuntos Indígenas nos hizo hablar con funcionarios de Salud. Redactaron una nota pero no se nos dieron los recursos que necesitamos, no está llegando nada a las comunidades. Nos dijeron que ahora no se puede contratar enfermeros ni agentes sanitarios porque la Nación no cuenta con presupuesto para destinar a esto, pero están analizando la posibilidad de trasladar personal de las zonas de Embarcación y Orán a las postas sanitarias más cercanas a las comunidades”.

El difícil acceso al agua sumado a la sequía que atraviesa la región agrava la situación. Hay un alto índice de mortandad de animales, que ni siquiera sirven de alimento porque la mayoría de ellos está enfermo. Por otra parte, la contracara de esta sequía es el peligro de desborde del río Pilcomayo que llega con crecidas. Por este motivo, Simplicio advirtió que no dejarán el albergue hasta que obtengan soluciones.

El conflicto por las tierras y la falta de trabajo para las comunidades originarias es algo que ya lleva décadas arrasando con estas familias. Los desmontes y los desalojos fueron política de Estado por muchos años. El secretario de Relaciones Institucionales del municipio de Santa Victoria Este, Antonio César Villa, lo cataloga como “un genocidio silencioso de los pueblos originarios que persiste”.

Y agregó: “También queremos denunciar que es un genocidio que nos quiten las vacunas. Han dejado de vacunar contra el sarampión, y principalmente contra el chagas. La mayoría de nuestros pueblos originarios viven en casas de adobe. Esta quita va a traer consecuencias terribles. Se va a propagar el chagas. Lo avisamos ahora, no esperen que se nos vuelvan a morir los hermanos en cantidades por estas enfermedades si lo estamos denunciando ahora”.

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