Redacción Canal Abierto | Pese a que supo ser un caballito de batalla de su discurso, el macrismo se vio salpicado por innumerables denuncias y sospechas de corrupción. De hecho, a poco de asumir la Ley de Blanqueo de capitales terminó permitiendo que ingresaran en él parientes y amigos de los funcionarios en ejercicio.
El propio Mauricio Macri, al igual que varios de sus funcionarios, apareció como dueño de varias cuentas off shore en el escándalo internacional de los Panamá Papers. Otro caso de resonancia salió a la luz cuando el ex Presidente le condonó a la empresa de su familia una deuda con el Estado por la concesión del Correo Argentino de $70.000 millones.
Es más, la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 terminó en la Justicia por haber incluido como aportantes de campaña a beneficiarios de planes sociales que jamás habían puesto un peso.
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Por otra parte, son varias las investigaciones en curso sobre medidas gubernamentales que, aún cuando todavía no parecieran configurar como delitos por corrupción, podrían tener el mismo destino. El ejemplo más cabal de ello sería la maniobra fraudulenta en torno a la cerealera Vicentín.
Si bien la lista es extensísima, en las últimas horas la Justicia reflotó un caso relevante, no sólo en materia judicial sino también política y económica: en medio de las negociaciones por la deuda y el reclamo de quienes ponen en cuestión su legitimidad y legalidad, la Cámara Federal acaba de ordenar que Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, siga siendo investigado por haber contratado como colocador de bonos de deuda pública nacional al Deutsche Bank, banco en el que había trabajado antes de asumir en el Poder Ejecutivo.
La decisión la tomaron los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia, que revocaron el sobreseimiento que el fallecido juez Claudio Bonadio le había dictado a Bausili. Los camaristas entendieron que la desvinculación de la causa del ex funcionario era, cuando menos, “prematura”.
No es la primera vez que la Justicia apunta al ex secretario de Finanzas: en 2018, el fiscal federal Federico Delgado lo había citado -junto Mario Quintana y Luis Caputo- a una indagatoria por una causa vinculada con las negociaciones con los fondos buitre. En esta oportunidad también existía la presunción de que los funcionarios macristas se podrían haber enriquecido y beneficiado a sus ex empleadores, en este caso bonistas.
Otra de las causas que viene incomodando a los “adalides de la lucha contra la corrupción” es la que pesa sobre Rodrigo Sbarra, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción investigado por un sobre con USD 10 mil en lo que era su despacho. Imputado por el delito de lavado de dinero luego de que se comprobara que había comprado un terreno en un predio en el barrio privado Nordelta que no había sido informado en sus declaraciones juradas, Sbarra acaba de sufrir una inhibición general de bienes por parte de juez federal Julián Ercolini.
No obstante, según una denuncia presentada por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, aquellos USD 10 mil son solo la punta del iceberg de un presunto sistema de recaudación ilegal que bajo las órdenes de Francisco Cabrera y Dante Sica sólo en 2019 habría colectado más de mil millones de pesos.