Redacción Canal Abierto | Federico Delgado llega cada día a Comodoro Py en bicicleta, generalmente de jeans y remera. La apariencia del fiscal federal es una rareza entre funcionarios de traje que se trasladan en autos de alta gama conducidos por chofer.

Sin embargo, y aunque medios de comunicación hegemónicos se esfuercen por resaltar sólo este carácter pintoresco, Delgado es un fiscal anómalo más allá de su vestimenta. Tanto en tiempos kirchneristas como macristas, su nombre en las noticias siempre apareció identificado a denuncias e investigaciones contra altos funcionarios del poder.

Por citar sólo algunos ejemplos, en 2012 avanzó contra ministros nacionales y empresarios privados del transporte por la Tragedia de Once; en medio de la última campaña legislativa de 2017, investigó y pidió la imputación de quien entonces encabezaba la lista de candidatos a diputados del kirchnerismo.

A partir del 10 de diciembre de 2015, Delgado continuó con la mira puesta en el poder político: en abril de 2016 imputó al presidente Mauricio Macri por presunta «omisión maliciosa» en su declaración jurada; a fines del año pasado, el fiscal pidió citar a indagatoria a los ex funcionarios Mario Quintana y Luis Caputo y al actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili, en una causa vinculada con las negociaciones con los fondos buitre; a comienzos de 2018, también fue noticia tras ser denunciado por el juez Claudio Bonadío, luego de haber tomado testimonio a un “arrepentido” brasilero, que denunciaba haber hecho pagos al actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

En esta entrevista exclusiva con Canal Abierto, Federico Delgado habla de la corporación judicial, las maniobras de los operadores políticos y “giradores”, el caso de las extorsiones del falso abogado Marcelo D’Alessio, la causa de los cuadernos, las prisiones preventivas y la figura del arrepentido.

– Se acaba de cumplir un nuevo aniversario de la Tragedia de Once, una causa que inicialmente te tocó investigar. A 7 años, ¿crees que se hizo justicia?

– Entiendo que fue una causa modelo: se hizo en un tiempo relativamente rápido, se trabajó bien y el brazo de la justicia llegó a donde no siempre llega.

En aquel entonces todo el mundo apostaba a que se iba a apuntar sólo al maquinista, y la responsabilidad se terminó indicando en funcionarios que debían controlar, a aquellos que administraban dinero en subsidios que terminaron en manos privadas y no invertido en el servicio. Pero también sobre algunos empresarios que se beneficiaron con un montón de dinero que utilizaron para cualquier cosa, menos para la infraestructura ferroviaria.

Creo que por primera vez, la Justicia argentina juntó lo que se consideran causas inmediatas y causas mediatas. Es decir, pudo haber cometido un error el maquinista a la hora de frenar, pero hubo un montón de condiciones que hicieron posible que ese tren no frenara, por ejemplo el malgasto del dinero y la falta de control.

Se demostró que la corrupción mata pero que, si hay voluntad para investigar y trabajar, también paga.

En términos generales, es un buen manual para construir protocolos sobre cómo investigar causas complejas.

– En varias oportunidades hablaste de otras causas modelo, como Cromañon o Mariano Ferreyra…

– Las tres tienen algo en común que, de alguna manera, no habla bien de la Justicia argentina. En estos casos se generaron coaliciones muy fuertes entre sociedad civil y medios de comunicación, que de algún modo funcionaron de corset para que la Justicia no se corra de los procedimientos y el Código Penal. A veces hay triquiñuelas judiciales y técnicas que hacen que los juicios se tuerzan, peguen curvas, vayan y vuelvan. En estos tres casos no pasó, creo que por la luz pública que tuvieron. Es algo a tener muy en cuenta.

– Para bien o para mal, en cada uno de esos tres casos también hubo intereses y voluntades políticas que facilitaron o impulsaron su avance. ¿Qué opinión te merece?

– De hecho, el Poder Judicial es un poder político, un poder de la polis. Sin embargo, lo que no tiene que haber o influir es la política partidaria. En estos casos no incidió el resultado final.

– Investigaste a Cristina Kirchner, Mauricio Macri y funcionarios de primera línea en cada uno de los gobiernos…

– Cuando me nombraron fiscal juré lealtad a la Constitución, y no soy un mentiroso. Mi trabajo es cumplir con la ley, y eso no significa trabajar para un Gobierno, un colectivo social ni para mí. El Estado me paga para descubrir delitos, investigarlos y castigar a los culpables.

A veces parece una anomalía, pero es lo que debiéramos hacer todos los judiciales.

Somos servidores públicos, y eso significa que tenemos que consagrar nuestra vida laboral a los demás. No es ni para hacerse famoso, millonario o prestigio social. Es un laburo bien pago que te permite muchas satisfacciones, y en principio te obliga a renunciar a muchas cosas.

– En tu último libro “Injusticia” hablas del Poder Judicial como una corporación poco sana, ¿Qué significa?

– Que tiene intereses que se alejan de los que propone la Constitución, y que existe una protección corporativa.

En ese sentido, creo que doy algún tipo de respuesta en mi rol, como fiscal.

– ¿Hay una utilización indiscriminada y discrecional de las prisiones preventivas?

– Las preventivas para ex funcionarios kirchneristas pusieron blanco sobre negro una patología que lleva mucho tiempo, pero que no era visible porque en general recaía sobre personas humildes. Las cárceles están llenas de pobres sin condena, algo que demuestra que las prisiones preventivas funcionan como penas anticipadas. Y la verdad es que las penas sólo deberían existir después de un juicio, como ordena la Constitución.

Las medidas recientes pusieron en el tapete una utilización que está mal, pero que los operadores conocíamos desde hace tiempo.

– Cuando hablas de operadores judiciales, lo primero que me viene a la cabeza no es el funcionario judicial…

– Entiendo que la sedimentación de la opinión pública hace que uno se confunda y piense en los personajes que andan dando vuelta por la televisión, como Marcelo D’Alessio y compañía. Yo ingresé a los tribunales federales en 1991, y desde ese momento tengo conocimiento de estos tipos. Se los conoce como “giradores” o “vendedores de humo”. Nunca sabes cuándo dicen la verdad o cuándo dicen mentira, pero es cierto que hay un mercado en el que circulan contraprestaciones de gente que montó empresas paralegales, y de la que participan abogados inescrupulosos.

Es una patología que habla mal de la justicia, de los operadores y también de la sociedad, de nuestra relación con la Ley.

-En un primer momento se nos mostraba a Marcelo D’Alessio como un ejemplo recurrente al interior del Poder Judicial. Sin embargo, en los últimos días los medios lo presentaron como un delincuente aislado al frente de una suerte de micro emprendimiento… 

– Creo que para escapar a esa lógica binaria que nos tiene atrapados a los argentinos, a D’Alessio hay que pensarlo como un concepto. Hay muchos D’Alessio, el tema es por qué existen y cuáles son las hendijas por donde se meten, e incluso qué tipo de motivaciones hay en la sociedad civil que permiten que estos personajes tengan trabajo. Me refiero a que, si la gente confía en la Justicia, quizás ignoraría a tipos como estos cuando se acercan a ofrecer sus “servicios”. Si alguien pone dinero por esos “servicios”, eso habla de la legitimidad de la Justicia y la ley.

De estos trances se sale pensándolo de forma conceptual y no deteniéndonos solamente en la persona o el caso particular.

– ¿Cuáles serían los mecanismos para que la Justicia funcione mejor y recobre esa confianza a la que te referís?

– Yo creo mucho en los incentivos. Me parece que los que pensaron la lógica institucional dieron por sentado que los funcionarios íbamos a respetar la ley, y no hay plan B para los pícaros. Por eso tiene que haber incentivos: si te corriste del camino, tiene que haber algún costo.

Por poner un ejemplo, a fin de año nadie pregunta en la fiscalía cuántas causas descubrimos, cuántas llevamos a juicio, en cuántas fracasamos. Existen agencias que debieran cumplir esa función, pero el trabajo es bastante endeble.

En cualquier laburo, rendir cuentas es fundamental.

– Por lo que decís, no hay incentivos pero sí muchas veces costos por ir en contra de los poderes. Vos fuiste denunciado por Claudio Bonadío por haber investigado al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en una causa por supuestos sobornos en el marco de contrataciones de Odebrecht en la Argentina…

– Es tedioso, cansador, perturbador, violento. Es jodido que el sistema institucional te invente causas –quiero subrayar el verbo inventar porque así fue- para molestarte. Pero también es grave porque quiere decir que cualquiera de nosotros está en manos de cualquiera.

– Si es violento y grave tratándose de un fiscal…

– Yo lo puedo contar, pero no soy un caso aislado.

– ¿Qué opinión te merece el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que en agosto del año pasado declaró imprescriptibilidad de delitos de corrupción?

– Es saludable. Pero me parece que no alcanza y hay que complementarlo con otras cosas. Por ejemplo, los juicios por corrupción, en promedio, duran entre 15 y 20 años. Una causa que tarda tanto tiempo, a veces, termina perdiendo el sentido.

– En una entrevista hablaste de la causa de los cuadernos como una oportunidad histórica. ¿Crees que es así?

– Es una gran ocasión para que la Justicia se reconcilie con la sociedad civil. Espero que llegue a buen puerto.

– ¿Qué opinas de la figura del arrepentido? 

– Me parece un mecanismo eficaz. Más allá, y como opinión personal, yo tengo mis dudas en términos morales porque no sé si está bueno que el Estado llegue a acuerdos con delincuentes y prometa rebajas de penas a cambio de información. El Estado tiene la suma del poder público y puede hacer lo que quiere con cada uno de nosotros, y entonces no se si está tan bueno que tenga que sentarse en la misma mesa con quien violó la ley para que le cuente cómo la violó.

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