Redacción Canal Abierto | La Cámara de Apelaciones de Santa Fe convalidó el fallo de primera instancia que condenó a los ex funcionarios del gobierno de Carlos Reutemann, Edgardo Berli y Ricardo Frati, por su responsabilidad en las inundaciones producidas en la capital en el año 2003. Al momento del estrago, Berli se desempeñaba como ministro de Obras Públicas, mientras que Frati era secretario de Recursos Hídricos.
Este fallo ratifica el que el Juez de Primera Instancia Octavio Silva dictó el 1º de febrero del año pasado, considerando a ambos ex funcionarios como coautores penalmente responsables del delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas. La condena dictada fue de tres años de prisión, lo que entra en la categoría de excarcelable. El tercer procesado era el intendente de la capital santafesina Marcelo Alvarez, fallecido en abril del año pasado.
Los condenados tienen la instancia de apelación en la Corte provincial y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Esperemos que esto, si llega a la corte, cierre con la misma lógica y que alguna vez los funcionarios entiendan que ser funcionario no es un carnet de impunidad y que el que las hace las paga, como cualquier ciudadano de a pie” sostuvo ante Canal Abierto Milagros Dimiryi, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Santa Fe, e integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, actor civil en la querella.
Si bien manifestaron su conformidad con el fallo, pero recalcaron su propósito de que las responsabilidades políticas apuntaran a cargos más altos, llegando al propio gobernador en el momento de los hechos, el senador Carlos Reutemann. “Él es el máximo responsable penal y político y hoy está sentado en el Senado y siempre por las dudas ha protegido su impunidad detrás de lo que son los fueros que son los beneficios que le da esta democracia. El estuvo en la causa, declaró por escrito, pero ningún fiscal se animó a acusarlo”, expicó Dimiryi.
Y concluyó: “La trama de impunidad se construyó durante muchos años entre el poder político, el poder económico y el poder judicial. Pero esto no quita que un juez que quiera abrir una causa por el estrago de la inundación lo pueda hacer”.
