Redacción Canal Abierto | El 29 de marzo, el presidente Alberto Fernández emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020 por el cual se suspenden en todo el país los desalojos judiciales por falta de pago, se prorrogan contratos, se congelan precios de alquileres y se autoriza a postergar el pago del alquiler de los próximos seis meses.

Las medidas de intervención estatal, inéditas desde que la dictadura de 1976 derogó la ley de alquileres, fueron recibidas como un alivio en un contexto de mucha angustia. Pero ¿qué pasa en los sectores donde esto no se puede controlar, como los barrios populares o con los inquilinos con contratos de alquiler informales desprotegidos?

Este es el caso de las 23 personas que residen en el hostal Baltis de la Ciudad de Buenos Aires, que en los últimos días fueron víctimas de las amenazas de desalojo por parte de su arrendataria. “Han estado realizando una serie de acciones que atentan contra nuestros derechos como inquilinos y a su vez llevando a cabo amenazas y amedrentamientos que van en contra del decreto presidencial”, cuentan los residentes del Baltis.

La mayoría de ellos son trabajadores independientes o cobran sueldos en negro. La cuarentena obligatorio detuvo sus ingresos y es por ello que quisieron entablar un diálogo con la dueña para llegar a un acuerdo para el pago correspondiente a abril. “Nunca nos negamos a pagarlo pero queríamos una respuesta coherente a la situación que atraviesa el país y el mundo en general. Lo que obtuvimos fueron respuestas violentas y plazos para desalojar el lugar. También hubo cortes de los servicios de luz y gas de forma ilegal. Esto a su vez atenta contra nuestra salud porque sin energía eléctrica tampoco contamos con agua”, informaron.

El 2 de abril, los inquilinos realizaron las denuncias correspondientes en dependencias de la Policía de la Ciudad y ante la compañía eléctrica EDESUR. Se logró restablecer el servicio y además identificar las patentes de los vehículos de quienes cometieron los hechos, contratados por la misma arrendataria.

Al día siguiente les notificó la fecha de desalojo para el 12 de abril. Esto es una clara violación a la normativa vigente, pero en la informalidad es difícil la defensa de estos inquilinos. En este sentido, María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, sostiene que: “En los barrios populares el Estado debe reforzar el cuidado de las familias inquilinas para garantizar que se respete el DNU. Deberá implementar un subsidio para que estas familias puedan afrontar el pago de los alquileres informales”.

En el caso del Baltis, las 23 personas que habitan allí se reparten en siete habitaciones. Dos de ellas son para dos personas y cada uno paga $4.000 por la cama. Las otras cinco son habitaciones compartidas con cinco camas cada una por las cuales se abonan $6.000. “Tememos por nuestra seguridad tanto, física como emocional ya que estamos en una constante zozobra de que pueda entrar gente ajena a la propiedad”, expresaron.

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