Redacción Canal Abierto | El 3 de abril de 2020, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aprobó la Contratación Directa N° 2009/SIGAF/2020 para la compra de equipamiento antidisturbios. La operación por $52.765.291 millones de pesos para la adquisición de 150 mil cartuchos de escopeta de balas de goma y algo más de 5.000 granadas de gas lacrimógeno se adjudicó a Fabricaciones Militares S.E. En los fundamentos de la disposición se especifica que se realiza “atento a la situación socioeconómica que se está atravesando por causa de la propagación pandémica del COVID-19″.

La División de Armamento, Munición y Explosivos del Ministerio de Seguridad porteño hizo la solicitud del material por pedido interno el 25 de marzo posterior al Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, y recibió la entrega de Fabricaciones Militares el viernes 27. Días después se aprobó la contratación directa. Entre otros detalles se destaca que la empresa estatal no pudo proveer los 345 mil cartuchos de balas de goma que solicitaba el Gobierno por falta de stock.

 

La noche del 7 de abril, por medio de un correo electrónico de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano (dgnya@buenosaires.gob.ar) sin firma ni aclaración, se comunicó la suspensión del Programa Adolescencia.

El programa “promueve la inclusión social a través de la realización de actividades culturales, deportivas y de ciencia y tecnología (…) Está destinado a jóvenes que tengan entre 14 y 18 años que integren hogares en situación de vulnerabilidad social y contempla la posibilidad de permanecer en el mismo hasta los 21 años de edad atendiendo a su proceso de inclusión social”, según se describe en la página web del Gobierno de la Ciudad.

Es un programa de gestión asociada en el que el ministerio convenia con clubes, organizaciones sociales, instituciones, centros culturales, etc., y estas instituciones son las que contratan a docentes y talleristas, brindan el lugar y las instalaciones e infraestructura necesarias para llevar adelante la iniciativa.

“Este mes Adolescencia iniciaba su onceavo año de vida, y cuenta con 9.400 adolescentes ingresados de los 14 mil que se inscribieron. Estos jóvenes inscriptos son ranqueados por condiciones de vulnerabilidad social y los que ingresaron son los más vulnerables de los anotados”, señala, en diálogo con Canal Abierto, Ana Echeverría, coordinadora de una de las instituciones sociales que convenia con Desarrollo Humano desde hace cuatro años. “El programa tiene un abordaje con perspectiva de derechos por lo cual estos espacios son el nexo para acceder a otros derechos, acompañamiento y resolución de distintas situaciones que tienen estos adolescentes, seleccionados entre los que más vulnerados tienen sus derechos en la ciudad”. De esta manera, estos adolescentes se quedan sin una red de contención social y socio afectiva en medio de la pandemia.

“Creemos que sería sumamente importante utilizar los recursos que posee el programa -con un presupuesto aprobado en el 2019-, integrado por 44 instituciones que albergamos a 9.400 adolescentes, con un equipo humano de 1.000 profesionales entre profesoras/es, operadoras/es, coordinadoras/es y referentes. Teniendo en cuenta a su vez que dentro de esos recursos se encuentra el acceso a las becas que perciben los y las adolescentes que en este momento sería de suma relevancia que puedan cobrarla”, señalan en una carta a la licenciada Carolina Díaz, al frente de la Dirección de Niñez y Adolescencia, los referentes de las instituciones conveniantes.

Esta situación excepcional pone de relieve una realidad estructural en el Estado porteño, que es una constante en distintos niveles de gobierno en esta y otras jurisdicciones: el cumplimiento de muchas políticas públicas establecidas para garantizar derechos consagrados por la ley -en este caso el cumplimiento de la Ley de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes- se hace en base a la tercerización de los servicios y la precarización de miles de trabajadores y profesionales que no gozan de los derechos de los trabajadores conveniados.

“Esta suspensión se nos informó el 7 de abril, cuando estos convenios se inician el 1º de abril, y cuando las instituciones ya hicimos inversiones en alquiler de espacios, compra de materiales, además de los compromisos de honorarios de todos los profesionales involucrados que contaban con cobrar un sueldo desde el 1º de abril hasta diciembre”, señala Echeverría. Así, con un correo electrónico sin firma, se deja “suspendido” el cumplimiento de un derecho a miles de jóvenes y sin un ingreso comprometido a mil trabajadores.

 

Curarse en salud, comprando balas

El GCBA se prepara para reprimir a la ciudadanía anticipando una crisis social mientras no toma medidas en el presente para prevenir esas crisis: No garantiza barbijos ni elementos de protección a médicos y enfermeros; no garantiza adecuadamente la comida para los estudiantes de escuelas públicas; no garantiza los insumos básicos para la educación a distancia (en una entrevista radial, Rodríguez Larreta expresó que era complicado entregar computadoras al alumnado porteño para colaborar con la educación a distancia y que prefería que las computadoras portátiles del gobierno se queden en las escuelas sin ser usadas); no garantiza el acceso al agua potable a 400 mil personas que habitan villas y asentamientos”, señalan en un documento conjunto Unidad Popular CABA, el IPyPP (Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas), la CTA Capital, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.

Junto a todos estos derechos negados o reducidos por el gobierno local, la suspensión del programa Adolescencia reafirma un accionar político. Los porteños, sobre todo aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, tienen balas de goma aseguradas.

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