Redacción Canal Abierto | A semanas de asumir el Gobierno, la coalición conservadora que encabeza Luis Lacalle Pou envía al Congreso un mega proyecto de ley con 502 artículos.

Con un formato polémico que se reserva para los temas de emergencia e incluye una aprobación automática a los 90 días, la Ley de Urgente Consideración (LUC) no sólo elude la toma de medidas relacionadas a la crisis sanitaria producto de la pandemia. En caso de sancionarse, implicaría una profunda reforma del Estado en materia judicial, fiscal, de servicios públicos, orientación económica y productiva de la nación.

Mientras el oficialismo considera que no existen razones suficientes para aplazar el debate parlamentario, desde la oposición plantean como “inoportuna” la premura del Presidente por aprobar su extenso plan de gestión de gobierno. Sus críticos incluso advierten sobre una posible declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo uruguayo.

En esta entrevista con Canal Abierto, el ex senador y dirigente del Frente Amplio Marcos Otheguy analiza la realidad política, social y económica uruguaya y, si bien asegura que el Gobierno de Lacalle Pou carece de “un plan integral contra la pandemia”, reconoce que el país enfrenta la crisis con una “infraestructura sanitaria importante”. En este sentido, destaca las políticas públicas durante los últimos 15 años.

Sobre el mega proyecto oficialista, sentencia: “es un plan de Gobierno, lo cual es legítimo en un sistema democrático, pero no apunta a las necesidades urgentes que tiene la sociedad”.

– ¿Cómo estás llevando esta situación tan excepcional?

En lo personal, estamos en familia, aprovechando para leer, estudiar y reflexionar sobre los desafíos relevantes que nos plantea esta realidad, sobre todo en Latinoamérica.

En definitiva, somos unos privilegiados. Hay un montón de compatriotas que están atravesando esta situación con enormes dificultades, sanitarias y económicas. Todavía no sabemos cuánto más va a afectar pero, sin duda, va a ser aún de lo que hoy ya se está sintiendo.

En momentos como estos también vemos mucha solidaridad, con ollas populares y ayuda mutua entre vecinos.

– En las últimas semanas nos preguntamos cómo hubiera manejado esta crisis el anterior gobierno argentino. En Uruguay hubo un cambio de gestión con la llegada de Lacalle Pou, un presidente con un marco ideológico más próximo al de Mauricio Macri…

Si no hubiera habido 15 años de un gobierno de izquierda, Uruguay hoy tendría dificultades que no está teniendo para encarar esta primera etapa de la pandemia. En todo ese tiempo, el Frente Amplio encaró un re direccionamiento del Estado en áreas estratégicas, un fortalecimiento en áreas estratégicas que impactan en la vida cotidiana de las personas, una reforma que fortaleció y jerarquizó su sistema de salud público. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud -creado en 2007 por la Ley 18.131- garantiza que todo uruguayo y uruguaya tenga acceso a la salud, sea en el ámbito privado y mutual o en el público.

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En definitiva, creo que Uruguay enfrenta esta pandemia con un infraestructura sanitaria muy importante. Ya vimos lo que pasa en países donde se abandonó -o no hubo inversión- en salud pública.

Por otra parte, el Uruguay tiene una conectividad a internet en todo el país gracias al tendido de una fibra óptica que lideró la empresa pública ENTEL, por la cual casi todo el territorio tiene una muy buena conectividad. O bien lo que fue le Plan Ceibal, en materia educativa, y la entrega de una laptop a todos los niños de escuela primaria y primeros años de secundario.

– ¿Cuál es tu visión sobre cómo el Gobierno uruguayo está afrontando la pandemia?

El Gobierno ha tomado algunas medidas, algunas compartibles y otras no. Desde un primer momento, como Frente Amplio nos pusimos a la orden y predispuestos a un gran acuerdo nacional para encarar esta pandemia, pero sobre todo para ver cómo salimos frente a las condiciones socioeconómicas. El Gobierno no ha respondido a esta oferta ni a nuestra propuesta de mas de 30 puntos.

Si bien se han tomado algunas medidas que compartimos, el Gobierno de Lacalle Pou no tiene un plan integral. Cabe decir que sí se gestionó bien la cuarentena voluntaria, en buena medida gracias a la respuesta de la ciudadanía, y algunas respuestas a las situaciones más críticas en materia social. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, son respuestas escasas y no estructurales.

– Después de la primera vuelta y ante la inminente victoria de Lacalle Pou, el economista Antonio Elias hablaba de una inminente “doctrina del shock” en Uruguay. En los próximos días, el Congreso va a tratar un proyecto de ley de 502 artículos para, entre otras cosas, achicar el Estado y endurecer el código penal.

Desde el Frente Amplio planteamos la inconveniencia de que este proyecto vaya al Parlamento en esta etapa. Porque hoy hay que responder a lo urgente, y esta ley no da respuesta a las necesidades coyunturales.

Lo primero que planteamos es que se trata de un proyecto inconstitucional por tratarse de una figura como es la Ley de Urgente Consideración (LUC), y que sirven para tratar una materia específica y no el sinfín de aspectos a los que apuntan sus más de 500 artículos. Si fuera un proyecto para abordar cuestiones vinculadas -por ejemplo- a la salud pública, le podría caber la categoría de LUC.

– ¿En qué consiste este mega proyecto?

Es un proyecto que modifica el Código Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia –con retrocesos importantes, incluso respecto de convenios internacionales suscriptos-, criminaliza la protesta social, crea ministerios, inicia un proceso de privatización de las empresas públicas –una palanca histórica de desarrollo que, más que nunca, en este contexto debería serlo-, desmonopoliza el refinado de los combustibles y la transmisión de datos –ambas áreas controladas por el sector estatal-, entre otras cosas. También se modifica la ley de inclusión financiera, una norma muy relevante para combatir con eficacia la evasión y el lavado de activos.

Es un plan de Gobierno, lo cual es legítimo en un sistema democrático, pero no apunta a las necesidades urgentes que tiene la sociedad uruguaya. A su vez, creemos que no están dadas las condiciones para un debate tan profundamente democrático. Y no me refiero únicamente a un debate con la oposición política, sino con la sociedad civil -organizaciones sociales y cámaras empresariales, por ejemplo- que se van a ver afectadas.

– ¿Esta inconstitucionalidad que plantean significa que no van a sentarse a tratarlo?

Lo vamos a tratar. El mecanismo que tenemos en Uruguay es, una vez que ese proyecto sea ley, recurrir a la Suprema Corte de Justicia. En definitiva, es el máximo tribunal el que determina la constitucionalidad de las leyes.

– Sin embargo, este no es el único proyecto que el oficialismo buscar aprobar a las apuradas y en este contexto excepcional, ¿no?

Están enviando un proyecto para modificar la ley de medios que Uruguay votó durante los gobiernos del Frente Amplio, y que apuntó a una radicalización de la democratización de los medios en el país, desmonopolizando los grandes canales privados de televisión.

Esta nueva ley de medios nos lleva a foja cero en materia de democratización en el acceso a la información, favoreciendo a grupos que están al servicio de los sectores políticos que hoy gobiernan.

– ¿Hay una conciencia en la ciudadanía para frenar esta avanzada?

Es una situación compleja. En general, la ciudadanía está de espaldas a estas cuestiones y más preocupada por el día a día. Es la política, las organizaciones sindicales y sociales las que están mas imbuidas de estos debates.

En este contexto, es muy tramposo empujar transformaciones que implicarían un profundo debate. Ganar una elección no te da un cheque en blanco, más cuando se trata de un país que en términos políticos está partido dos mitades. El Frente Amplio perdió la elección, pero muy pocos votos.

No es el momento para tratar temas que ameritan el debate más democrático, profundo y garantista. Se están discutiendo cuestiones que van a impactar en los próximos años, con reformas que hemos encarado y que son reconocidas internacionalmente en materia de calidad democrática. Si esta LUC se vota así, como está, implicaría un retroceso.

 

Resumen de la entrevista

 

Entrevista: Diego Leonoff (@leonoffdiego)

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