Redacción Canal Abierto | Luego de que la agencia estadounidense reguladora de medicamentos y alimentos (FDA) autorizara el uso del antiviral remdesivir para tratar a enfermos de coronavirus, comenzó el revuelo en el mundo farmacéutico. Esta semana, se supo que el laboratorio estadounidense Gilead, quien lo produce, firmó cinco licencias voluntarias no exclusivas con fabricantes de genéricos para que éstos puedan “ampliar la disponibilidad” del remedio, aún en ensayo clínico, que se promueve como el “más promisorio” para tratar el COVID-19. La noticia circuló como buena, pero está lejos de serlo.

“Cuando se presenta la pandemia de COVID-19, se empiezan a probar medicamentos que ya están en el mercado o bien que ya están en un estadio avanzado de ensayo clínico. Ese es el caso de esta droga, remdesivir”, explica Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación GEP, que trabaja sobre propiedad intelectual, y coordinadora de la Red Latinoamericana para Acceso a Medicamentos (LAM).

Este antiviral venía desarrollándose para el tratamiento del ébola, sin grandes resultados, y la pandemia llevó al laboratorio Gilead a estudiar sus efectos para el tratamiento del coronavirus. “Durante abril se publicaron algunos resultados pero con pocos casos con lo cual no es una muestra para concluir que el remdesivir sirve. Todavía tiene una efectividad no demostrada o una efectividad baja, de un 30 por ciento de recuperación en pacientes que no están en estado crítico”, aclara Di Giano.

Sin embargo, el lobby empresario logró que se aprobase su uso y también que 150 organizaciones sociales y activistas de todo el mundo se anticiparan a esto y enviaran, el 30 de marzo, una carta conjunta a la empresa estadounidense para que se abstuviese de reclamar los derechos exclusivos sobre la droga.

Como respuesta, Gilead habilitó esta semana estas cinco licencias voluntarias, una con un laboratorio en Pakistán y otras cuatro con India, para que pudiesen fabricar la versión genérica. Pero ni Argentina ni ningún otro país de América del Sur están incluidos como beneficiarios.

 

El negocio de las patentes

“Desde mediados de los años 90, en el mundo tenemos un sistema de patentes. Entonces estas drogas están desarrolladas bajo propiedad intelectual. Es decir la empresa, Gilead, sobre remdesivir, tiene patente por lo menos en 70 países del mundo. En la Argentina tiene una. Y esto, lo que le permite, es tener un monopolio por veinte años”, detalla Di Giano.

El titular de la patente tiene, entre sus facultades, la de excluir a otros de comercializar, modificar, o importar el producto que está patentado. Sin competencia, los laboratorios son libres de establecer los precios que decidan. El antecedente de Gilead no es bueno: cuando lanzó al mercado el sofosbuvir, tratamiento para la hepatitis C, lo hizo a un valor de 84 mil dólares.

Agrega Di Giano: “Gilead agarra el mundo y divide aquellos lugares donde tiene patente y son países de renta media o media alta, como estamos clasificados la mayoría de los países de Sudamérica. Y nos deja afuera. Lo que hace es excluir a estos países de la posibilidad de beneficiarse de una versión genérica del remdesivir”.

Según una investigación reciente de la Universidad de Liverpool, la cual midió el costo de producción del remedio, éste y otros de los medicamentos que se están probando para COVID-19 cuestan 1 dólar o menos por día, para un tratamiento de 10 a 14 días.

Desde la Fundación GEN, bajo la máxima de que “los remedios son bienes sociales, no mercancías”, explican que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de emitir una licencia obligatoria, lo que significa que, aunque Gilead tenga una patente, se puedan fabricar genéricos de forma local, o habilitar la importación.

Lucro vs. Bien común

En general, son muchas las voces defensoras del libre mercado que reclaman el derecho al lucro de los laboratorios, en aras de su inversión en investigación.

Sobre este punto, Di Giano aclara: “La mayoría de la ciencia básica parte de las universidades. En el caso del remdesivir, Estados Unidos invirtió 70 millones de dólares para que una universidad pública desarrollase la primera parte. Después, Gilead compró la tecnología. Por otro lado, está probado que en el primer año de venta en Estados Unidos, donde generalmente salen a un precio muy alto, se recupera toda la inversión. Las empresas mercantilizan la salud y a esto hay que ponerle un freno”.

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