Canal Abierto Radio | Tucumán es la última provincia que falta adherir a la “Ley Micaela”. Su recientemente anunciado tratamiento se debió “a la gran movilización y a la lucha que hemos venido teniendo en Tucumán afirmó Leonor Cruz, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA en diálogo con Canal Abierto Radio, y remarcó que las feministas ya se declararon en estado de alerta ante posibles modificaciones.

Las razones para manifestarse y temer no son pocas: Tucumán es la única provincia que nunca adhirió a la Educación Sexual Integral, y en el 2018 -en pleno debate por el Aborto Legal- la Legislatura se declaró “pro-vida”. Aún resuena el caso Belén, una joven que estuvo presa durante tres años por un aborto espontáneo; y el caso Lucía, la niña que fue violada por su abuelastro y a la que obligaron a parir no sin antes romantizar su maternidad.

“Que la Legislatura de Tucumán haga tanto despelote para una ley que en todo el país, que ninguna provincia hizo ninguna innovación o ninguna modificación, habla a las claras de quién es el gobierno y quiénes son los legisladores de Tucumán”, sostuvo Cruz.

La semana pasada el legislador Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, negó la existencia de femicidios y las desigualdades entre hombres y mujeres. Cruz advirtió que esa es “la expresión de muchos legisladores y muchas personas que hoy integran el gobierno provincial”. Y remarcó: “él es la cara visible de los que abajo dicen muchos y muchas”.

Por eso, desde las organizaciones feministas tucumanas bregan para que la norma se apruebe idéntica a la del resto del país, sin modificaciones, porque si no “se van a dejar el derecho de decidir ellos cuáles van a ser los contenidos de capacitación a las trabajadoras, trabajadores y funcionarios, y quiénes van a ser los que los dicten, sin que esté aquí ningún ente controlador de las Secretarías de las Mujeres o del Ministerio de la Mujer”, advirtió la dirigente sindical.

La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven militante asesinada por Sebastián Wagner que había sido beneficiado por un juez con salidas transitorias anticipadas, a pesar del informe del Servicio Penitenciario que desaconsejaba su liberación, y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.

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