Redacción Canal Abierto | Representantes de organizaciones gremiales y sociales fueron recibidos ayer por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El motivo de la reunión fue el crecimiento desaforado del contagio del coronavirus en los barrios populares.

Allí concurrieron los máximos referentes de la CTA Autónoma de Capital, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y del Frente de Organizaciones en Lucha. Los principales planteos fueron la renuncia del responsable de la secretaría de Integración Social y Urbana  Diego Fernendez, a quien señalan como responsable de la crisis en la Villa 31, la conformación de un comité de crisis que integre al Estado porteño con diferentes actores de la sociedad y que se garantice el cumplimiento de la resolución judicial que obliga al gobierno de Larreta a proporcionar agua a los barrios que no cuentan con el tendido sanitario.

«Como es de público conocimiento, en el Barrio Padre Mugica se ha hecho una inversión millonaria y hubo 12 días sin agua. Es un barrio en el que viven 50.000 habitantes en un contexto en el que sin agua no se pueden mantener las condiciones mínimas de seguridad e higiene para evitar el contagio del covid», planteó en diálogo con Canal Abierto Pablo Spataro, secretario General de la CTA-A Capital.

«Le planteamos que el covid apareció antes en otros barrios que hoy tienen una expresión mínima de casos en relación al Padre Mugica. Pero ahí, ni bien apareció creció de una manera muy vertiginosa y eso tiene que ver con la falta de agua. Vale decir que todas las licitaciones de empalme que había que hacer entre el caño maestro y el resto de las cañerías estuvieron frenadas y eso fue una de las causantes de la falta de agua que se vivió por esos días», agregó el dirigente gremial.

Spataro contó que el reclamo fue escuchado por las autoridades porteñas, pero que no hubo respuestas concretas al respecto.

También se refirió al segundo pedido, el de «conformar un comité de crisis entre las áreas estratégicas del Estado y los sindicatos, las organizaciones sociales, las entidades religiosas, clubes de barrios y todas las organizaciones que son fuerzas vivas de la ciudad porque entendemos que hay que construir desde la diversidad un diagnóstico común y poder llevar adelante políticas que sean realmente efectivas«.

Spataro agregó que la posibilidad de creación de un comité de crisis -semejante a otros que funcionan en distintos municipios, incluso algunos gobernados por Juntos por el Cambio-, «es algo que presentamos el 30 de marzo»

«Dijeron que lo iban a pensar. Después se comprometieron armar una serie de mesas de trabajo para poder ir avanzando en algunos temas», agregó.

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Y añadió: «También planteamos la necesidad de poder formalizar un protocolo único para que el Estado especifique cómo tiene que intervenir en las distintas áreas que hoy están interviniendo para poder frenar el avance del covid: área de salud, de educación, de emergencia alimentaria. Necesitamos poder construir protocolos claros de trabajo para que también las organizaciones podamos orientarnos hacia dónde van las políticas del Estado y hacer que esas políticas lleguen de manera efectiva a cada una de nuestras familias«.

Otro reclamo fue «la necesidad de que el bono que le llegó a los trabajadores de la salud sea extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas esenciales, tanto en dispositivos del Estado como en los dispositivos de las organizaciones comunitarias. Quedaron en analizarlo», amplió el dirigente de ATE.

«Por último le planteamos la necesidad de una mesa de trabajo para poder hablar sobre el faltante de agua en la ciudad de Buenos Aires«, narró Spataro. LA CTA-A Capital, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Catedra de Ingeniería Comunitaria, y el Instituto de Pensamiento y Políticas Publicas presentaron una medida cautelar ante la justicia el 27 de abril en torno a esa problemática.

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«El viernes vamos a tener una reunión con Juan Maqueiras que es uno de los funcionarios pertenecientes al ministerio y encargado del IVC para poder empezar a trabajar sobre un protocolo concreto con el que el Estado pueda cumplir lo que le ordenó el fallo judicial», concluyó Spataro.

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